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Tribunal se excede al pedir comisión para Ayotzinapa: Diego Valadés

Jurídicamente, las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en cuanto a la irregularidad o la suma de irregularidades cometidas en el caso Ayotzinapa hacen perfectamente procedente la reposición del proceso, señaló el constitucionalista Diego Valadés. Sin embargo, abundó que “en lo político, me desconcertó porque no conozco la base normativa en la cual se apoya el Tribunal para dirigirse al Presidente de la República y para dirigirse al Congreso de la Unión pidiéndoles que se legisle y señalando inclusive los elementos que debe contener esa legislación; estimo que ahí hay claramente un exceso que forma parte de un mal entendido garantismo”.

El doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM enfatizó en entrevista con Crónica que no hay fundamento para integrar la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

“Lo que ellos (el Tribunal) dicen no tiene ningún fundamento, no tienen por qué decir ni que se integre una Comisión ni cómo debe integrarse una Comisión.

“Caer en el juego de discutir si están en lo justo o en lo correcto en cuanto a las propuestas (de quiénes podrían integrar la Comisión de la Verdad), sería validar un planteamiento claramente exorbitante”, remarcó.

La reposición del procedimiento, señaló Valadés, no excluye que se llegue, por otras vías, a conclusiones semejantes a las entregadas previamente.

“Lo que simplemente se plantea en la reposición del procedimiento es que se lleve a cabo de nueva cuenta el procedimiento sin las violaciones que el Tribunal encontró en el curso mismo del procedimiento. Por eso no prejuzga la conclusión a la cual se pueda llegar”, expresó.

Por otra parte, Roberto Duque, constitucionalista, académico de la UNAM, dijo a Crónica que al ordenar la creación de una Comisión de la Verdad el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas, excede sus facultades.

La resolución, abundó, tiene un grave defecto, en términos constiucionales, sobre la división de Poderes que establece el artículo 49 de la Constitución mexicana.

La autoridad de la administración pública, legislativa o jurisdiccional, añadió Duque, sólo puede hacer lo que le está expresamente facultado en la legislación y no puede ir más allá.

“Aquí hay una determinación judicial que evidentemente excede las facultades, las atribuciones, la competencia que le establece la legislación (al Tribunal); está instruyendo a que se cree un órgano (la Comisión de la Verdad) y tiene incidencia en ámbitos que están fuera de la órbita del Poder Judicial”, señaló el abogado constitucionalista.

En la resolución, el Tribunal Colegiado señala que “debido a que en México lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar es la Comisión (de la Verdad), a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”.

Propone que los familiares de los estudiantes desaparecidos, a través de sus representantes, sean quienes dirijan la investigación, con la participación del Ministerio Público, y asistido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Es importante, añade la resolución, que el Titular del Ejecutivo Federal, así como la Cámara de Diputados, adopten las medidas necesarias para que la Comisión cuente con los recursos presupuestarios necesarios.

Menciona que no debe descartarse la creación de un mecanismo para que la sociedad civil, así como asociaciones u organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, voluntariamente puedan realizar aportaciones económicas, a fin de complementar los recursos económicos que el Estado está obligado a cubrir, para el adecuado funcionamiento de la Comisión.

El Tribunal propone una indemnización pecuniaria parcial de lo 500 mil pesos a cada una de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

Recomienda además vislumbrar un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Asimismo, la Comisión de la Verdad se podrá fortalecer con la integración y participación de otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la CNDH.

Pero advierte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no podrá integrarse directamente a la Comisión de la Verdad, “pues de ser así, ello podría impedirles, posteriormente, presentar el caso a una instancia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá continuar supervisando el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al Estado mexicano, y todas las atribuciones propias de su competencia.

La resolución del Tribunal Colegiado señala que si bien la Procuraduría General de la República seguirá participando formalmente en la investigación, “no debe perderse de vista que hasta ahora su actuación no ha sido rápida, efectiva, independiente ni imparcial”.

Por lo que es necesario que la investigación sea asignada a fiscales diferentes a los que hasta ahora han estado al frente o participado en la averiguación previa.

“Se considera prudente y saludable que nuevos agentes del Ministerio Público sean quienes participen en la indagatoria”.

Señala que en los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fechas de la desaparición de los 43 normalistas, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del gobierno, así como del Ejército Mexicano.

“Dicha presencia es suficiente para que se investigue exhaustivamente su participación, incluso, si se incurrió en responsabilidad por omisión en atención a su posición de garantes”.

La Comisión de la Verdad, refiere la resolución, permitirá “contrarrestar y vencer los defectos e irregularidades de la investigación precedente, que en general, estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, cuya legalidad, como se vio, ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, y el depósito de sus restos en el Río San Juan”.

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