Despenalización del aborto: un tema de salud pública

Rosa Gómez Tovar

Este jueves, después de un intenso debate tanto por los legislativos como en las calles, la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de Argentina, aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 129 votos a favor y 125 en contra. Si se aprueba también en el Senado, haría a Argentina el segundo país en Latinoamérica en despenalizar el aborto, Uruguay fue el primero en 2012.

Lo primero que hay que decir y que surgió como uno de los principales argumentos para aceptar la legislación en el país sudamericano, es que éste no es un tema de moral, sino de derechos y principalmente salud pública.

A nivel mundial, según datos del Instituto Guttmatcher, las muertes relacionadas con el aborto representan entre el 8 y el 18 por ciento de las muertes maternas y ­casi en su totalidad ocurren en países en desarrollo. Por otro lado, se estima que el costo de tratar las complicaciones médicas de abortos mal practicados puede ascender hasta 500 millones de dólares.

De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de ­Género y Salud Reproductiva, entre 2001 y 2014, en las instituciones públicas del sector salud en México se hospitalizaron por aborto más de 2,850,000 mujeres de 10 a 54 años; además de que el 9.2 por ciento de las muertes maternas están relacionadas con interrupciones del embarazo, que en su mayoría son mal practicadas o que son realizadas en condiciones no seguras para la mujer.

Hay quién dice que un aborto es una salida fácil; sin embargo, es una decisión que debe poder tomar cada mujer, otorgándole todo el apoyo necesario; primero, para que no llegue a una situación en la que se tenga que decidir ser madre o no por no tener la educación sexual y reproductiva necesaria, y segundo, al enfrentarse a un embarazo no deseado, contar con el acompañamiento debido ante tan difícil situación. También debe quedar claro que la decisión de ser madre, debe ser tomada en última instancia por cada mujer: no podemos imponer nuestras reglas morales y sociales a mujeres que no cuentan con los mismos medios que una.

En nuestro país, alrededor de un 28%de mujeres no ­tienen acceso al uso de anticonceptivos, y según la ­Secretaría de Salud durante 2016, 42.1% de los nacimientos en México fueron de madres de entre 10 y 17 años; además, alrededor del 45% de las mujeres de 15 a 19 años no utilizó métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, lo que refleja la falta de información. De ahí que seguir penalizando el aborto sin las condiciones mínimas para evitar embarazos no deseados únicamente criminaliza a las mujeres, o les impone la maternidad sin que puedan decidir sobre su futuro.

En el caso de Argentina, la propuesta no incluye la ­despenalización en el vacío,  se propone que el Estado debe establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población, así también deben incluirse los contenidos respectivos en todos los niveles educativos en escuelas públicas y privadas, dando especial atención a los pueblos ­indígenas, respetando su diversidad e identidad cultural.

Pues es de envidiar el debate y movilización que generó esta legislación en Argentina, por las mujeres de Latinoamérica. Ojalá el Senado de ese país aprueba la mencionada ley. Por otra parte, en México, desafortunadamente, no está en los temas de discusión de ninguna de las coaliciones que buscan nuestro voto el primero de julio, queda en nuestras manos seguir con la discusión y ponerla en el primer plano.

rosagomeztovar@outlook.com

 

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