Elecciones: un referéndum por la legalidad

Isidro H. Cisneros

La corrupción salpica a muchos candidatos de todos los partidos, pero el silencio de López Obrador respecto a los escándalos de abuso del poder y uso indebido de recursos públicos que caracterizan a algunos de sus candidatos dice mucho respecto a cómo gobernará si es que gana las elecciones. Su silencio no toma en cuenta el creciente malestar social que existe por el extendido fenómeno de la corrupción política que, después de la inseguridad, es el tema que más preocupa a los ­ciudadanos. Es verdad que la democracia mexicana se encuentra en crisis y con ella sus actores, procesos e instituciones. Poseemos una democracia inconclusa por una ­deficiente representación del sistema de partidos; es, además de una crisis moral y de ideas, una crisis de objetivos sociales y de los medios para alcanzarlos.

Una de las razones por las que hoy existe gran desorientación respecto a las propuestas de la izquierda, depende del modo como interpreta los desafíos de nuestra modernización política. En el combate a la ­corrupción nos encontramos en grave retraso respecto a las exigencias ciudadanas. Es un fenómeno que no tiene ideología u orientación política y que permea al conjunto de las instituciones. La clase política es mandataria de la voluntad popular y para hacerla valer, debe constituirse en impulsora de aspectos éticos sustantivos. Urge democratizar la función legislativa y socializar la función de gobierno, para que la clase política sea una efectiva correa de transmisión y proyección representativa de la voluntad general. En México es necesario un ­“piso de legalidad” que garantice la eficacia y la efectividad institucional contra cualquier forma de corrupción.

La izquierda surgió como un proyecto alternativo de sociedad superior. Pero en éste, como en otros temas, demuestra no entender los reclamos de la modernidad. La izquierda tradicional aparece como una fuerza ­retrógrada que vulnera diferentes aspectos de nuestra vida democrática. El partido de López Obrador evidencia que su compromiso no es con las causas ciudadanas sino con aquellos que encuentran a la primera oportunidad un negocio, una componenda o simplemente, la ocasión para obtener ventajas personales de todo tipo. Es así como la vieja izquierda muestra su rostro conservador.

Necesitamos consolidar la eficacia del ordenamiento jurídico y el acceso a la justicia para todas las personas, porque como sostenía el jurista italiano, Cesare Beccaria, en su obra De los Delitos y las Penas de 1764: “uno de los mayores frenos de los delitos no es la crueldad de las penas, sino la infalibilidad y, por consiguiente, la vigilancia de los magistrados y la severidad de un juez inexorable”. La corrupción y el abuso de autoridad se enmarcan en una situación de elevado desempleo, estancamiento económico, degradación del tejido social y profundas desigualdades. Un aspecto de nuestro proceso de cambio político que aún debemos fortalecer es el desarrollo de la cultura de la legalidad como fundamento del estado de derecho. La cultura de la legalidad no se refiere solamente al comportamiento político de los miembros de una colectividad, sino a su apego al conjunto de instituciones y normas que la integran. En las sociedades de nuestro tiempo solamente la cultura de la legalidad define las formas de la actuación democrática.

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