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El agua no se privatiza, pero…

Análisis. El problema es la mala gestión y falta de estudios confiables para hacer decretos como los publicados recientemente en el DOF, dicen expertos de la UNAM. Desde el punto de vista jurídico, no se podían crear este tipo de reservas de agua si existían vedas, señala María del Carmen Carmona

María del Carmen Carmona, del IIJ, y Joel Carrillo, del IG, explicaron en conferencia cuáles son los problemas reales que enfrenta el manejo del agua. 

Los 10 Decretos de Reserva de agua que retiran la veda para el empleo de 295 cuencas hídricas en México, no significan la privatización del agua, explicaron especialistas de la UNAM. No obstante, los expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y del Instituto de Geografía (IG), explicaron que los decretos —publicados en el Diario Oficial de la Federación— dejan ver todas las inconsistencias y deficiencias de la gestión del agua en el país, como la falta de diferenciación en el manejo del líquido superficial y subterráneo, el manejo particular de cada cuenca y la falta de información científica confiable para tomar ésta y otras decisiones. 

“El objetivo de estos decretos es crear reservas ecológicas del agua y preservarlas; no obstante, lo que dejan ver es toda la inconsistencia de la gestión”, señaló María del Carmen Carmona Lara, investigadora del IIJ. “El meollo de estos 10 decretos no es la privatización, sino el destino del agua nacional”.  

Por su parte, Joel Carrillo Rivera, del IG, refirió que señalar que se va a privatizar el agua es “una simple cortina de humo” para cubrir las deficiencias del sistema y evitar que se hable de ello, como establecer zonas de veda o eliminarlas sin tener los estudios científicos correctos, lo cual conllevará a problemas en el mediano y largo plazo. “No es inusual que en algún lugar donde no hay agua suceda un problema y se eche la culpa al cambio climático, cuando  más bien sucede algo en una cuenca aledaña y repercute en la de interés”. 

Adicionalmente, las medidas deben acompañarse de un programa de manejo de cuenca, el cual no puede ser nacional, sino puesto en marcha de forma particular en cada cuenca para saber cómo se cuida el caudal ecológico reservado para el sustento del ambiente. “Además, se busca reservar el agua cuando ya la contaminamos, entonces, el decreto se oye bien, pero no tiene consistencia a futuro”, dijo por su parte la jurista. 

La especialista del IIJ explicó que, desde el punto de vista jurídico, no se podían crear este tipo de reservas de agua si existían vedas, las cuales a su vez no estaban identificadas para un uso determinado, sino establecidas por motivos de interés público a partir de un concepto de escasez. “Pero en México no hay escasez de agua, sino una mala gestión”. 

Ante la inquietud de la explotación por concesión del agua a particulares, la especialista dijo que si se utilizara parte del caudal ecológico para llevar a cabo fractura hidráulica, o fracking, se violarían los decretos mismos, por lo que se impugnaría la concesión otorgada. “Pero entonces, esto nos obliga a conocer el volumen del caudal y que Conagua sea transparente y hagan pública la información sobre a quién dio la concesión y dónde, además de ser claros con la información del Registro Público de los Derechos de Agua, porque será en los títulos de concesión donde se impugnará que no se cuidó la reserva”.

Por otra parte, el tema también es sensible de hacer un análisis jurídico de cómo se toman las decisiones sobre el manejo del agua. La experta añadió que la realización del decreto es una facultad de exclusividad absoluta del titular del Ejecutivo y no de la institución encargada de la autoridad en el tema: la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

“Esto es una facultad plenipotenciaria del Presidente, pero ¿quién monitoreará el agua de la reserva sin manipular la información? En este caso designamos aguas sin validar el volumen, por ejemplo. La regulación del agua debe de ser de la misma naturaleza que ésta, transparente y fluida”. 

SIN INVESTIGACIÓN CONFIABLE. Para la realización de estos decretos, así como para la puesta en marcha de otro tipo de decisiones y políticas públicas en la materia, la referencia son los estudios que lleva a cabo la Conagua, señalaron los especialistas de la UNAM. Sin embargo, no pueden ser una base confiable, puesto que la información con la que son realizados se mantiene cerrada. 

“De lo que estamos preocupados es en cómo se establecen los estudios y saber qué pasa con el agua. Lo importante es definir qué tenemos y cómo la manejamos, para lo cual debemos saber cómo funciona; sin embargo, es un tema que ha quedado relegado”, mencionó el investigador del IG. Es un problema sobre la metodología que se utiliza en este tipo de análisis, la cual desconoce el entendimiento del agua subterránea, por ejemplo, o el funcionamiento de las cuencas. 

Carrillo Rivera enfatizó que se requiere cambiar la forma en que Conagua hace sus estudios, principalmente respecto al agua subterránea e incluso la superficial. Deben ser más abiertos, dijo, y con esquemas para la evaluación.  

Por su parte, la coordinadora de Derecho Ambiental del IIJ de la UNAM dijo que los estudios se contraponen a los derechos relacionados con la gobernanza y democracia participativa, de acceso a la información y el derecho a conocer el riesgo de la ciudadanía. 

Los estudios que justifican la toma de una decisión en este caso se hacen con estudios que no toman en cuenta un esquema de participación pública. “En este caso se trata de un régimen autoritario bajo el principio de una Ley de aguas nacionales donde ni siquiera queda claro cuáles son. Entonces, estos estudios pueden avalar a modo ciertas decisiones administrativas (…), lo cual podría maquillar las decisiones con base en una información que no sabemos cómo se generó”. 

 

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