La administración pública puede sucumbir ante “la austeridad republicana” - Ma. del Rocío Pineda Gochi | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 18 de Julio, 2018
La administración pública puede sucumbir ante “la austeridad republicana”  | La Crónica de Hoy

La administración pública puede sucumbir ante “la austeridad republicana”

Ma. del Rocío Pineda Gochi

A pocos días de que se presentaron los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha generado una gran expectativa sobre la viabilidad y operatividad de estas medidas. Aunque en un primer momento, cualquier política de austeridad es una decisión acertada para tener severidad y oportunidad en las decisiones del manejo del gasto público, sus implicaciones en materia de los actos de gobierno y la propia función administrativa del Poder Ejecutivo, no necesariamente se traducen en una eficiencia administrativa, por la inercia burocrática que se ha ido amalgamando durante muchos años.

A nivel mundial, la administración pública representa importantes retos y desafíos que han crecido conforme se interrelacionan y se fragmentan las instituciones encargadas de proveer los servicios públicos. Los problemas socioeconómicos, demográficos, los procesos globalizadores, la tecnología han producido roles y funciones especializadas que requieren de coordinación y modernización administrativa.

Esta multifactorialidad y transversalidad de elementos han generado problemas en el servicio público en materia de competencias, atribuciones, jurisdicciones, colaboración interadministrativa y articulación interinstitucional, que rebasan las capacidades institucionales como sistema interorganizacional. En todo este proceso, la actividad gubernamental ha atravesado por diferentes etapas de centralización, descentralización, privatización y desconcentración administrativa, acordes a los modelos y a las coyunturas económicas, pero principalmente, a la creciente demanda de servicios públicos y a la nueva gama de derechos que el Estado tiene que garantizar a través de sus instituciones, en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, derechos políticos, transparencia y acceso a la información pública, por mencionar algunos.

En esta evolución administrativa, la función y las actividades públicas, junto con los servicios administrativos, se han ido modernizando y ampliándose hasta convertirse en un aparato robusto, con millones de servidores públicos o burócratas.

En el caso de nuestro país, el fenómeno de la corrupción permeó diferentes áreas de la administración pública que se volvieron diques para el buen desempeño de la función administrativa, generando ineficiencia, ineficacia, nepotismo, compadrazgo, improductividad, opacidad, tramitología, usurpación de funciones y profesiones, gastos excesivos, salarios y creación de plazas injustificadas, etc.

Sin embargo, las diferentes reformas en materia de transparencia y acceso a la información pública, contabilidad gubernamental, adquisiciones, endurecimiento de leyes y tipos penales para sancionar actos de corrupción, la profesionalización y especialización de funcionarios han permitido un desarrollo armónico del aparato administrativo que garantiza en la mayoría de los casos buenos servicios públicos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que mide la satisfacción de los servicios públicos básicos y bajo demanda, la satisfacción promedio a nivel nacional pasó de 43.5% en 2015, a 44.5% en 2017.

Si bien este dato representa un magro avance, reducir de una manera drástica el aparato administrativo para garantizar ahorro y lograr austeridad podría tener implicaciones regresivas. Reducir plazas de confianza que han logrado cierto grado de especialización en áreas estratégicas y descentralizar la administración pública puede tener costos muy altos, superiores a los que se pretende ahorrar. Sin duda, es fundamental una reingeniería administrativa para reducir el gasto corriente y lograr eficiencia administrativa que permita brindar mejores servicios públicos, pero no a costa de los despidos masivos. La austeridad tiene un límite, y si se rebasa, se atentará con los avances que se han dado durante muchos años en la función administrativa.

Senadora de la República

Michoacán de Ocampo

@RocioPinedaG

Imprimir

Comentarios