El arte de darle la vuelta a las cosas. El fideicomiso - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 27 de Julio, 2018
El arte de darle la vuelta a las cosas. El fideicomiso | La Crónica de Hoy

El arte de darle la vuelta a las cosas. El fideicomiso

Carlos Matute González

El fideicomiso es un acuerdo de voluntades (contrato) en el que una parte (fideicomitente) aporta a un tercero (fiduciario) un bien o derecho, para que lo administre en beneficio de las personas que recibirán los provechos (fideicomisarios). Su regulación es de índole mercantil, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que es una figura propia del derecho privado.

El calificativo de público lo obtiene por el origen del bien fideicomitido, es decir, si el gobierno o una entidad lo aporta, este contrato estará sujeto a la normatividad administrativa e integrará a la administración pública. También puede ser público por los fines que persiga o por la persona que mantenga el control sobre el mismo. Es factible que algunos fideicomisos públicos se integren con aportaciones del sector público o de particulares —como sucede con los destinados a la investigación en las instituciones de seguridad social—, o que las aportaciones sean de particulares, pero las decisiones sobre el uso de las mismas, corresponden a una entidad pública.

El fideicomiso público proliferó en el gobierno de Echeverría Álvarez como una forma de “darle la vuelta” a la rigidez de las finanzas públicas heredada del desarrollo estabilizador que se basaba en el principio del equilibrio presupuestal. La reforma administrativa de López Portillo lo incluyó como un tipo de paraestatal y se utilizó para fomentar actividades como el ­desarrollo turístico, el crédito a los trabajadores y el apoyo a diversos grupos como los artesanos, entre otros objetivos.

En los años ochenta se redujo significativamente su número y en los noventa se mejoró su control y seguimiento. Para tal efecto se distinguió entre dos tipos de fideicomisos públicos: aquellos que eran entidad, ­tenían una estructura independiente a la fiduciaria con un director general y un aparato administrativo autónomo de las partes de un fideicomiso que se integran en un comité técnico.

Sin embargo, no todos los fideicomisos en los que el capital provenía del presupuesto eran entidades porque no reunían una de sus dos características fundamentales: dedicarse a una actividad prioritaria o tener estructura análoga. A este tipo de contrato se les denominó “fideicomisos públicos no entidad” y se consignaron en las leyes presupuestales para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en principio, y la Cámara de Diputados pudieran controlar y conocer el manejo de los recursos involucrados en estas operaciones financieras.

Entonces, existen dos tipos de fideicomisos públicos: entidad y no entidad. Los primeros están listados en la relación de entidades de la Administración Pública Federal que anualmente publica la SHCP; y las no entidad, que registra esa dependencia y que también incluye cualquier contrato, fondo o mandato que constituyan los entes públicos como los Poderes de la Unión, los órganos autónomos constitucionales o empresas productivas del estado.

Los fideicomisos privados sólo involucran a particulares, pero cualquier relación que tuvieran con un asunto de interés público —incluido el altruismo— lo pudiera convertir en una cuestión que deba regularse y transparentarse. Éste es el contexto en que se debe analizar el fideicomiso de Morena que se sometió a juicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿El fideicomiso “73803 Por los demás” se constituyó para darle la vuelta a la legislación electoral y tiene un interés público inmerso? o ¿sólo le interesa a los fideicomitentes que aportaron sin importar el origen de los recursos o que sea una iniciativa política, utilizada en las elecciones? Ésta es una cuestión de debate entre los magistrados de la sala superior, quienes absolverán o confirmarán la multa.

Lo relevante es que este tema matiza la propuesta que se recoge en el listado de 50 medidas de la austeridad del próximo gobierno consistente en “18.

Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.”

Con esta óptica: ¿Cuáles son los fideicomisos sujetos a este proceso de desaparición? Los públicos entidad, los públicos no entidad o los privados en los que haya alguna relación con la actividad que desarrollan las dependencias o entidades de la administración pública. Los primeros implican un proceso de desincorporación, los segundos están sujetos a las leyes presupuestales y de transparencia o los terceros, que son similares al fideicomiso bajo la lupa del INE.

Este asunto podrá dar una pista de cómo va a proceder la nueva administración respecto a los fideicomisos no registrados antes la SHCP y todo lo que se diga será utilizado por quienes sostienen que la figura del fidecomiso, como institución híbrida, posee una funcionalidad en la gestión de lo público.

 


Profesor de posgrado del INAP
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