Auditoría de integridad y democracia

Sergio González

Felicidades, Jock; por tu cumple,

calificaciones y escolta. TQSM

 

En el cumplimiento de los mandatos constitucionales de los nuevos circuitos de transparencia y rendición de cuentas, las entidades de fiscalización superior aplican auditorías, efectivamente, aunque creo que en realidad su misión es combatir y prevenir la ­corrupción.

Convencido de eso, he alegado en estas mismas páginas que en el marco de la lucha contra el flagelo, las auditorías superiores desempeñan un papel fundamental, que brinda sofisticados elementos de soporte a la legitimidad social y política de todo régimen que se proclama constitucional y democrático.

He escrito también que para mejor servir a los países y ciudades que las crearon, las auditorías superiores deben evolucionar hacia la plena autonomía y el despliegue de nuevas especialidades, para abordar con mayor frecuencia y profundidad, por ejemplo, revisiones en materias como desempeño; uso, aprovechamiento y seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación; igualdad de género y forense.

A la vista del estado del avance institucional y normativo de los sistemas anticorrupción y de fiscalización nacional y locales, y en el marco del inminente arranque de trabajos de las nuevas legislaturas y los nuevos gobiernos, creo que resulta oportuno y necesario considerar las auditorías a la productividad, madurez, fortaleza y resultados de la arquitectura de integridad pública de los entes de gobierno, legislativos, judiciales y autónomos.

¿Cómo se revisa o evalúa la infraestructura ética? Hay que revisar tres elementos básicos: lineamientos de ética (como los códigos de ética y de conducta); administración ética (reclutamiento transparente y justo de mandos y personal administrativo o técnico, así como adquisiciones abiertas, útiles, necesarias y eficientes); y controles éticos (por un lado, normas y procedimientos para constatar el compromiso de los funcionarios con la misión institucional y con la ley, así como para sancionar desviaciones e infracciones; y por otro, apertura para el autodiagnóstico o revisión de especialistas externos).

No se trata sólo de buenos deseos. El Tribunal de Cuentas holandés creó en 2010 una herramienta de autodiagnóstico en materia de integridad, denominado IntoSAINT, hoy reconocido por la organización internacional de auditorías superiores, mediante el cual midió los riesgos y vulnerabilidad de su propia arquitectura de integridad pública.

Reconociendo la utilidad del IntoSAINT holandés, la Agencia Estatal de Auditoría de Hungría la aplica desde 2011 no solo a sí misma, sino a agencias y oficinas gubernamentales fiscalizables que voluntariamente participan en el ejercicio. Esto implica que la herramienta puede y debe servir a las auditorías superiores para fiscalizar también la infraestructura ética de todos los entes auditables bajo su jurisdicción.

Si el embate contra la corrupción va en serio, estamos en el momento político adecuado para rediseñar nuestros órganos de fiscalización superior, dotarlos de mayor o plena autonomía y facilitarles en la norma el ejercicio de auditorías de nueva generación, ajustadas a nuestra nueva realidad de alta exigencia cívica y ética, para atemperar la desconfianza ciudadana en sus instituciones de gobierno en particular y el desencanto popular con nuestra democracia representativa en general. 

 


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@ElConsultor2

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