La nueva institucionalidad: entre palomas y halcones - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 10 de Agosto, 2018
La nueva institucionalidad: entre palomas y halcones | La Crónica de Hoy

La nueva institucionalidad: entre palomas y halcones

Carlos Matute González

El miércoles 8 de agosto, Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de presidente electo y aseguró que “no le fallará al pueblo de México y cumplirá todos sus compromisos de campaña, pero sobre (todo) sostuvo que respetará la soberanía de poderes y no buscará someterlos a su Presidencia”. Janine Otálora Malassis, quien entregó la constancia en representación del Tribunal Electoral, destacó que ese acto solemne “constata, una vez más, que la ciudadanía mexicana es participativa… que nuestra democracia es fuerte… y el ejercicio democrático (es) consustancial de la división de poderes” (La Crónica de Hoy, 08-08-18).

Lo sucedido y lo dicho es parte de la nueva institucionalidad que gira en torno del respeto de la autonomía de los individuos (derechos y libertades), de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil (derecho a existir y participar en los asuntos de interés público), de los órganos constitucionales autónomos (facultad de limitar el ejercicio del poder social desde la imparcialidad, objetividad y profesionalismo) y de los Poderes de la Unión (equilibrio democrático del poder soberano).

Lo sucedido es la consolidación de un modelo de calificación de las elecciones en las que un órgano jurídico —no político-representativo como lo era el colegio electoral— es el que otorga la constancia de mayoría con argumentaciones de derecho y una vez revisadas las impugnaciones del proceso electoral. La conclusión de los comicios ya no es un acto de un órgano integrado por futuros legisladores, quienes eran los que determinaban la “legalidad” de su propia elección y luego revisaban la del Presidente de la República.

Esta norma constitucional aumentó la autonomía del Poder Judicial de la Federación frente a los otros dos poderes de la unión, pero también hizo evidente que el Tribunal Electoral es independiente de la SCJN, que en este proceso no interviene y es otra espectadora más. Hay un reconocimiento de que a cada órgano le corresponde una función distinta en beneficio del buen gobierno de la República.

Lo dicho muestra que, en el discurso político legítimo, un Estado constitucional de derecho es aquel que antepone los derechos del otro. Hubo manifestaciones muy claras sobre la contundencia de la mayoría con la que se obtuvo el triunfo, pero también mensajes de respeto a las minorías; hubo expresiones de defensa del mandato popular expresado en las urnas, pero también reconocimiento que la voluntad política debe someterse al cauce institucional para crear verdaderas condiciones de tranquilidad y desarrollo social.

La nueva institucionalidad no debe ser concebida como arrebatos del poderoso, del revolucionario que cree que puede cambiar cualquier cosa con sólo quererlo, ni caprichos de minorías enquistadas en privilegios. Es el ejercicio cabal de las autonomías concedidas en la Constitución y las leyes y el respeto a sus garantías como son el nombramiento fijo inamovible, salvo faltas graves, y la remuneración adecuada y no condicionada por el poder.

La primera obligación de aquella persona que desempeña un cargo dotado de autonomía es anteponerla ante quien pretende disminuirla sin motivo justificado. Me explico: un médico no está sujeto a ninguna autoridad hospitalaria cuando está en el quirófano o la consulta, debe ejercer su autonomía técnica so pena de poner en riesgo la salud o la vida de las personas.

En ese mismo sentido, un juez, un legislador, un defensor de los derechos humanos, un científico que evalúa los programas sociales, un demógrafo, actuario o matemático que levanta censos, un economista que controla la inflación, entre otros, gestores de lo público que gozan de autonomía deben defender con objetividad, imparcialidad y profesionalismo el encargo que se les ha conferido, so pena de poner en riesgo el buen gobierno y desarrollo institucional.

La nueva institucionalidad es el destierro del “yes, man”, del obsecuente, de aquel que no es capaz de hacer prevalecer su conocimiento técnico en un asunto bajo su dirección, ni ejercer su responsabilidad frente al poder por miedo o conveniencia. La autonomía es el derecho público por excelencia, en un Estado que busca ser incluyente, respetuoso de los derechos humanos y el factor clave en el combate de la pobreza y la desigualdad social. La autonomía del ciudadano en la emisión del voto es lo que legitima al poder que es electo y el respeto a la autonomía de los otros órganos del Estado y de la sociedad civil es lo que legitima a un gobierno en acción. “No habrá palomas mensajeras, ni halcones amenazantes”. Un buen mensaje del presidente electo. 

 


Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

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