La austeridad del Estado y del gobierno

Carlos Matute González

Desde la primera edición del Nuevo Derecho Administrativo de Valls-Matute en 2003, ya hacíamos mención a la diferencia entre sector público restringido y ampliado. El primero se identifica con el gobierno —dependencias y entidades del Poder Ejecutivo— y el segundo incluye actualmente a los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, concesionarios, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, particulares que manejan recursos públicos, entre otros.

Esta semana —cuando también inició la distribución de la quinta edición del libro mencionado—, el Presidente Electo declaró que él pretende que haya un plan de austeridad que abarque al Estado y no sólo al gobierno, es decir, que las medidas de restricción del gasto incluyan a las entidades autónomas y a los empresarios, a quienes, además, se les exigirá que con la creación de sociedades haya el compromiso de generar empleos (El Universal, 14-08-18).

Esto manda señales buenas para el Sistema Nacional Anticorrupción que, en esencia, es el reconocimiento de que la prevención y combate de las conductas indebidas debe involucrar a todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y a los particulares vinculados directamente con éstas. En esta instancia de coordinación, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, sólo tiene una silla de 7 en el comité y el resto la ocupan órganos autónomos o ciudadanos.

También es un mensaje de continuismo a las políticas de los tres últimos sexenios que han impulsado, de diversas formas y en distintos momentos, la homologación en las políticas presupuestales relacionadas con la austeridad en el gasto, la armonización contable, la coordinación en las materias de transparencia y fiscalización, así como la creación de bases de datos compartidas para el combate a la delincuencia (plataforma México) o a la corrupción (plataforma digital) que incluye a CompraNet y DeclaraNet, en proceso de expansión a todos los entes públicos de los tres niveles de gobierno.

Desde hace dos años, en este espacio periodístico de divulgación de lo que sucede en la gestión pública, aventuraba un concepto para que mis lectores lo revisaran y criticaran: “la nueva paraestatalidad”. Este término incluye en el sector público transparentable y sometible a la rendición de cuentas, a toda aquella persona que ejerza autoridad o maneje recursos públicos, cuanto más los órganos constitucionales autónomos y  los entes dependientes de éstos, y los poderes Legislativo y Judicial deben regirse por los principios de economía, eficiencia, transparencia y honradez en el manejo de los recursos presupuestales.

También a los fideicomisos públicos no entidad, que son aquellos cuyo patrimonio proviene directa o indirectamente de una organización pública, incluyendo los partidos políticos, como aquel que es responsable del manejo de las reservas derivadas de los hidrocarburos: el Fideicomiso Mexicano del Petróleo debe sujetarse a reglas claras y conocidas por la ciudadanía.

Coincido plenamente que todos deben estar sometidos a la austeridad republicana impulsada por el nuevo gobierno —ninguna entidad pública es ajena a la obligación de usar los recursos que se le asignan correctamente. Llevar a cabo esta obligación mínima exige que se tenga un conocimiento profundo de la materia, la forma de operación de las organizaciones, los derechos de los servidores públicos, la diversidad de los servicios profesionales de carrera —INE, magisterial, policial, militar, naval, exterior y una veintena más— la finalidad y grados de desconcentración territorial y funcional, entre otros aspectos.

El factor de éxito en la implementación de las políticas públicas transversales, como el combate a la corrupción o la implantación de políticas presupuestales de austeridad, que deben alcanzar a la totalidad del Estado y desbordan al gobierno, está en el detalle. La coordinación es necesaria y debe ser adecuada ya que cada órgano tiene como elemento esencial de su existencia la autonomía, que es el fundamento jurídico-político que permite cumplir con imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia e independencia sus atribuciones constitucionales.

De esta forma, toda política estatal —entendida como algo que va más allá de lo gubernamental— requiere de un tejido de filigrana jurídico-administrativo como el que se ha ido creando paulatinamente en los últimos veinte años y que tiene su expresión más reciente en el Sistema Nacional Anticorrupción, que todavía requiere unos años más de trabajo y esfuerzo conjunto para que rinda los frutos esperados.

Vivimos en un Estado de las autonomías en el que, tal y como lo afirma el presidente electo, el gobierno es un actor más. Este gasto sólo es el ochenta por ciento del presupuesto no federalizado y el otro veinte corresponde a entes públicos que no le están subordinados. Hay que ser precisos en las reformas legislativas para no generar efectos no deseados, controversias constitucionales o políticas salariales o de prestaciones laborales diferenciadas que afecten el empleo público en su conjunto. Recordemos que Roma no se construyó en un día.

 

Profesor del INAP

cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

Twitter: @cmatutegonzalez

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