El nuevo aeropuerto, las triquiñuelas del destino

Carlos Matute González

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es un culebrón melodramático parecido a la novela decimonónica de Los Miserables de Víctor Hugo, que narra las accidentadas vidas de Jean Valjean y su eterno perseguidor Javert o a cualquier teledrama mexicano de los años sesenta o setenta del siglo pasado. Francisco Báez, en su artículo “De aeropuertos y consultas simuladas” (La Crónica, 21-08-2018) hace un recorrido por la historia del nunca acabar que empezó en un primer intento, en 1980, con la propuesta de construirlo en Texcoco, pasando por el proyecto de Fox abortado por los macheteros de San Mateo Atenco y una secuela de hechos hasta la futura consulta popular, que es el nuevo capítulo.

Muchos pierden de vista que la obra pública es compleja y cualquier incertidumbre afecta los costos y los plazos de entrega en perjuicio, generalmente, del que paga y, en no pocas ocasiones, del contratista. Tiene múltiples aristas técnicas y jurídicas e intereses ocultos y abiertos, de los participantes y los excluidos por virtud de las licitaciones públicas efectuadas que afectan el desarrollo de los trabajos y, sobre todo, su conclusión.

En ese sentido, dar marcha atrás a la construcción del aeropuerto implica costos importantes —como lo reconoció el futuro secretario de comunicaciones y transportes— que acaba cubriéndose —más temprano que tarde— con el presupuesto, tras procesos administrativos o judiciales lentos y engorrosos, por la intervención de peritos en materia contable, financiera, ingeniería, jurídica, geólogos, topógrafos y, en este caso, aeronáuticos.

¿Es posible dar por terminados los contratos de obra pública adjudicados? La respuesta es sí. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) lo permite, previo el pago de los trabajos realizados y el reembolso de los gastos no recuperables, y siempre y cuando exista una razón de interés general objetiva, demostrable, suficiente y razonable para justificar que el Estado decida no cumplir con las obligaciones contractuales asumidas.

El Pleno de la Suprema Corte autoriza incluso a que esta terminación anticipada proceda sin derecho de audiencia previa, en el entendido que el particular afectado tiene en todo momento la facultad de acudir ante los tribunales a combatir la medida porque la considere injustificada o excesiva o no haya acuerdo en el monto de la indemnización de los daños ocasionados por la acción autoritaria del gobierno.

La primera sala, que en su momento integraba la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, en una tesis aislada determinó que este derecho a dar por terminado anticipadamente un contrato de obra pública no es absoluto y es improcedente que el Estado, en uso de la asimetría a su favor que le concede la Constitución, actúe arbitrariamente y deje de cumplir sus obligaciones por el principio de honradez a que debe someterse y para evitar violar el derecho a la retribución para el trabajo de las personas.

En estas circunstancias, la consulta popular vinculante para ser legítima en términos jurídicos debe justificarse con precisión y suficiencia para acreditar que se afecta el interés general en caso de que los trabajos de construcción del NAICM continuasen y que éste interés es superior a la obligación de cumplir con los compromisos contractuales que tiene el Estado y que no se violentan los derechos de los contratistas.

Después, la autoridad administrativa debe aprovechar la obra realizada a la fecha de la terminación anticipada con algún provecho social y no sólo dejarla abandonada. Por ejemplo, el recinto legislativo cuya construcción interrumpió la tercera transformación de México en 1910 se convirtió con posterioridad en el Monumento de la Revolución y mausoleo de sus héroes. Algo similar pudiera ocurrir en caso que se determine construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.

Ahora bien, suponiendo que la consulta popular favoreciera a la continuación de la construcción del NAICM, entonces, no sería posible la modificación de los alcances de los contratos de obra pública suscritos. No es jurídicamente válido, en principio, cambiar las condiciones acordadas en un proceso licitatorio puesto que hacerlo perjudicaría a quien compitió en el proceso de adjudicación de la obra en otras condiciones y favorecería indebidamente al actual contratista. Además, hay que revisar el tipo de contratación: precios unitarios o precio alzado. Esto es suficiente para demostrar la complejidad de la decisión que se someterá a consulta popular.

El aderezo final son las cifras siguientes: 434 contratos firmados por un valor total de 149 mil millones de pesos, con 324 concluidos. La licitación de la obra de la terminal de pasajeros y torre de control llevan un avance físico, al 19 de julio, del 3.8% y 25.6%. Posiblemente ya se dieron los anticipos para la compra de equipo como elevadores, antenas, radares, tableros de control, entre otros. Lo complejo es una cuestión técnica. Lo demás es un enredo que sólo con triquiñuelas del destino resultarán favorables para los personajes principales como sucede con Jean Valjean en Los Miserables. 


Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

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