La centralización presidencial

Voces de la UAM

Ricardo Espinoza Toledo*

 

México tiene un sistema de poder centralizado, a pesar de la transición democrática, por obra de los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El primero  no modificó el presidencialismo omnipotente que tanto criticó, pero al que se adaptó muy bien; el segundo lo utilizó para intentar legitimarse luego de un insostenible triunfo y el tercero culminó la obra con el pacto de 2012.

Fox Quesada renunció a esa función a cambio del respaldo de los gobernadores. Desde entonces, el arreglo entre ambos se dio por medio del presupuesto y su asignación por cuotas. No se fortaleció el federalismo, aunque así lo justificaran, sino los abusos, en ambos niveles de gobierno y, desde luego, la corrupción.

Calderón Hinojosa siguió la misma ruta, sólo que con menores márgenes políticos debido a su dependencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por eso se dedicó a promover todo tipo de iniciativas y propuestas para intentar restaurar la supremacía presidencial. Domesticar el pluralismo del Congreso era el propósito, contrariamente a la demanda ciudadana expresada en los votos, de adecuar el presidencialismo al pluralismo en desarrollo. Entonces, pedir amplios poderes para el jefe del Ejecutivo federal se definía como agenda democrática.

En ese ambiente artificialmente creado contra el pluripartidismo, fue Enrique Peña Nieto, también minoritario en el Congreso, quien coronó la obra con el pacto de 2012: la centralización política se afianzó, sólo que ahora como instrumento del gobierno presidencial minoritario. El Congreso, mayoritariamente opositor, extravió su función de moderación y balance de los excesos del Presidente.

Los gobernadores, por su lado, ganaron en autonomía, fortaleza y recursos que se les inyecta por medio de los ramos 33 y 23. Al igual que con los poderes federales, los jefes de los ejecutivos estatales neutralizaron todo tipo de contrapesos institucionales y políticos locales gracias al reparto discrecional de los recursos públicos.

Las reformas centralizadoras que crearon el Instituto Nacional Electoral (INE) querían ser el elemento de contrapeso a gobiernos abusivos. Demasiada pretensión para un órgano especializado en organizar procesos de elección. Asignarle responsabilidades que eluden los congresos, federal y estatales, sin los dispositivos institucionales requeridos, es otra falla. Buscando evitar vanamente el intervencionismo de los gobernadores en los procesos electorales, panistas y perredistas, aliados al priismo, complicaron el esquema al tiempo de apuntalar la centralización.

Quizá la centralización ha sido un recurso del que echaron mano los últimos presidentes para no sucumbir ante tanto descontrol e ineficacia del gobierno federal. En ese sentido no sería solo producto de la necesidad de imponerse, sino otra expresión de la incapacidad y debilidad del gobierno federal; una forma de escape hacia adelante que, sin embargo, arrasó con los pobres mecanismos institucionales de auto regulación.

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron intocada la estructura de poder. Su relevancia y justificación van más allá: esa estructura no sólo los mantuvo en el gobierno, sino que les permitió afianzar un modelo económico sin consensos amplios, que tampoco impulsó el crecimiento ni el desarrollo. Lo que esos presidentes querían eran plenos poderes para imponer las llamadas “reformas estructurales”, que finalmente pudo hacer aprobar el presidente Peña Nieto. Precisamente por eso les incomodaba no tener mayoría propia en ambas cámaras.

De todos modos, no les importó la decisión ciudadana expresada en los votos, que en el fondo los desautorizaba a cambiar las leyes a su antojo. Las reformas a la Constitución que borraron la justicia social como compromiso del Estado se lograron por la vía del control de la oposición y del Poder Legislativo. Las oposiciones blanquiazul y del sol azteca quedaron diluidas por propia acción.

Tampoco importaba la participación ciudadana. El “gran acuerdo social” que ofrecieron en nombre del Pacto por México no llegó nunca. Convencidos, como han estado, de que los ciudadanos no saben lo que quieren, no consultaron para no ser rechazados. Se explica así por qué una de las consecuencias del Pacto de 2012 fue la afirmación de la centralización presidencial. La voz única era la del presidente.

Los que han dicho “legislar con visión de futuro” dejan un Estado muy desarticulado y vulnerable, una burocracia obesa y dispersa, un sistema de justicia en crisis, un federalismo atrofiado y una centralización política improductiva y costosa que, a su vez, se replica en cada entidad de la Federación. En consecuencia se perdió la mística del servicio público.

Ese cuadro infuncional e insostenible es el que recibirá Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo. El nuevo gobierno tiene la encomienda de sentar las bases del cambio necesario. Para salir del estancamiento hace falta una nueva política y reorientar el rumbo. Dejar las cosas como están es replicar lo que no funciona. En 2018, los ciudadanos votaron de manera determinante por cambiar un orden de cosas y una estructura de gobierno que no han servido al bienestar de las mayorías.

 

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana

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