Seriedad, ¡por favor!

Marielena Hoyo Bastien

Me parece increíble que tras el drama que al parejo debe significarnos

la pérdida de tantísimos manatíes, con daño colateral hacia otras especies
(incluyendo la humana) que conviven en precisas zonas de cuerpos hídricos en
Tabasco, una de las autoridades competentes, la Profepa, haya optado por entrarle a lo que aparenta ser un pleito mediático innecesario e inútilmente desgastante, a partir de que por boletín claramente azuzó al Presidente de la AZCARM
(Asociación Civil que agrupa zoológicos, criaderos y acuarios de la República Mexicana), supuestamente parte integrante del Comité conformado para atender esta CONTINGENCIA, solicitándole acreditar su dicho sobre haberse encontrado metales pesados en el agua, a grado tóxico, presentando metodología y estudios de laboratorio que le permitieron llegar a esa conclusión, especialmente al
tratarse de una condición que oficialmente no está comprobada,
de conformidad a las acciones que han realizado

diferentes instancias y que supuestamente podemos encontrar
detalladas en el micrositio: www.gob.mx/manaties.

Señores y señoras expertos, no es momento de confundirnos contraponiéndose protagónicamente, sino de que conjuntamente y con total pro-fe-sio-na-lis-mo
encuentren la real causa de estas muertes, sea cual sea y
tenga qué ver con quien tenga qué ver. ¿Entendido?

 

Y ya que ando por rumbos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, permítaseme abordar un tema aplazado que me remite a su boletín 923 emitido el pasado 26 de agosto, donde comunica la multa de UN millón 116 mil 250 pesos aplicada al Ecoparque de Convivencia Tizayocan, ubicado en Hidalgo, que para peor, fue autorizado para operar… ¡hágaseme el canijo favor!... como Centro de Rescate Animal, y que en contradicción total, precisamente hubo de ser amonestado por faltas al Trato Digno y Respetuoso de los ejemplares, y no solo eso, sino que igualmente, por haberles documentado faltas de atención médico veterinaria y de alimentación adecuada a varios individuos. Lo anterior, desde septiembre del 2017, cuando se les determinó por Resolución Administrativa una “suspensión temporal-parcial”, lo que significó el cierre de las instalaciones al público, pero de esa forma, dejando a los animales todavía a mayor riesgo al privarlos del ojo ajeno de donde seguramente partió la denuncia sobre sus malas condiciones, y asimismo sin las entradas monetarias para poderles suministrar bienestar. Si antes no, imaginen sin dinero. Así las cosas…

Nos cuenta la Profepa que visitó de nueva cuenta el lugar el pasado mes de abril, pese a que en el octubre siguiente a su visita de inspección los afectados aseguraron haber cumplido con las 20 medidas correctivas que se les determinaron para cumplir dentro de un cierto plazo, mas cuando la autoridad asistió a comprobar su estricta observancia, dio cuenta que de tales sólo pudieron aceptarles 12, y de esas 7 a medio cumplir y una definitivamente incumplida. Encima, entonces, mentirosos y tarados, por lo que a mi parecer y como así el de muchas otras personas, el sitio debió ser clausurado irremisiblemente buscando el traslado de los animales a otros predios con permiso y capacidad para mantener bien fauna silvestre bajo confinamiento, porque de burla total resulta eso de que además manejaran el lugar como “centro de rescate”, convertido más bien en un infierno para la mayor parte de los 161 ejemplares de 24 especies diferentes; 53 de los cuales fueron asegurados (44 por no acreditar su legal procedencia y 9 por faltas a su trato digno y respetuoso que por ley se debe cumplir, y que aunque bajo criterios dispares dada su subjetividad, hay forma de calificarlo).

No se cita el nombre de los responsables porque ya se sabe que hay que proteger su identidad mientras no quede jurídicamente demostrada su falta, que en este caso debe concluir, sin duda, en una clausura definitiva. La fauna silvestre no debe estar en manos de gente improvisada y sin compromiso. PUNTO.

Y así como este referido hay muchos otros “zoológicos” del tipo a lo ancho y largo del país, lamentablemente algunos incluso cobijados por la AZCARM, que en el sentido de la acreditación no debería ser juez y parte. Calificarse entre pares no es lo debido. Urge por lo tanto que la NMX correspondiente sea convertida en una Norma Oficial Mexicana. Ojalá los aluxes nos ayuden a lograrlo durante el próximo gobierno.

 

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