El hilo negro de la austeridad no existe - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 21 de Septiembre, 2018
El hilo negro de la austeridad no existe | La Crónica de Hoy

El hilo negro de la austeridad no existe

Carlos Matute González

Beto el Boticario, cómico de los años setenta y ochenta, en las parodias de trucos de La Carabina de Ambrosio, sorprendía al público con un objeto volador y después descubría el hilo negro que sostenía a la cosa que desafiaba la gravedad, que se ocultaba a la vista del espectador con un fondo oscuro. De manera similar, la historia de las políticas de austeridad en el sector público en los últimos 25 años arroja que el hilo negro en esa materia no existe.

Una parte importante de la reacción contra el populismo, que condujo a la década perdida de los ochenta, fue el reordenamiento administrativo, la compactación de plazas, la elaboración de perfiles de puestos, la emisión de un catálogo por objeto del gasto homogéneo y la promulgación de una legislación más estricta en el manejo de los recursos presupuestales. Las primeras disposiciones de carácter general en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria se pueden rastrear a 1997, en el gobierno del Presidente Zedillo. Hay anteriores, más limitadas, referidas a la adquisición de bienes muebles en 1993.

El tema no es nuevo y es un resabio de la reacción a la idea Echeverrista continuada en el Lopezportillismo, de que la economía se maneja desde Los Pinos y el Presidente es el que premia y castiga, tomando en cuenta el desempeño leal de un servidor público. En ese sentido, se pusieron reglas para el gasto operativo de las entidades y dependencias, parámetros objetivos para determinar la procedencia de un apoyo, montos máximos, condiciones de procedencia y controles internos. En su origen, estas disposiciones sólo vinculaban al Poder Ejecutivo.

En 2006, con la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció la obligación a todos los ejecutores del gasto, a ­tomar medidas para la racionalización del recurso destinado a las actividades administrativas y de apoyo. En consecuencia, los Poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos emitieron sus propios lineamientos con base en la referida ley. En este sexenio, en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se determinaron varias estrategias y líneas de acción orientadas al uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gastos de operación.

En las dos décadas anteriores, el sector público ha generado procedimientos de control y vigilancia de las medidas de austeridad y ha medido su impacto en el mercado laboral y de bienes y servicios. Por ejemplo, en parque vehicular, fotocopiado, equipo de cómputo y de impresión y otros bienes inventariables, sujetos a los efectos de la obsolescencia, con rotación frecuente y mantenimiento correctivo permanente, se transitó de la compra al arrendamiento, con ventajas financieras y administrativas.

En este tenor, desde 2008, en la legislación de contratación pública, se incorporaron las figuras de compras consolidadas y convenios marcos —la más conocida de ellas es la de medicinas del sector salud— que permitió que se concentraran los procedimientos licitatorios y se obtuvieran mejores condiciones para el Estado, tanto como que se aprovecharan en su favor las ventajas de las economías a escala.

El pasado 11 de septiembre se aprobó la minuta de la Ley de Austeridad Republicana que recoge toda esta experiencia de años de trabajo en las administraciones públicas. En forma genérica, a los rubros de viáticos y pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, contratación de seguros, erogación de comunicación social, servicios personales, vehículos, entre otros temas, que han sido objeto de regulación sistemática en el presupuesto de egresos y en los lineamientos ­correspondientes.

Esto demuestra que hay una conciencia colectiva, que se refleja en una política transparente de políticas de austeridad, desarrollada en los últimos 20 años en el sector público. Hay un cambio incesante en este tipo de criterio. En los años noventa se hacía referencia a limitaciones o autorizaciones para las llamadas de larga distancia —lo que hoy es absurdo con la evolución de las telecomunicaciones— y en la actualidad se hace énfasis en la fijación de máximos en telefonía celular. Tal vez sea el momento de cuestionarnos la eficiencia de la estrategia de comunicación interna por conmutadores con extensiones y sustituirla con un sistema más flexible de telefonía móvil que se extienda al mayor número de servidores públicos. Hay “lujos” que se han convertido en una herramienta vital de trabajo.

Hay muchas propuestas para aumentar la racionalidad en el uso de los recursos presupuestales, pero hay que tener mucho cuidado en caer en ahorros mal entendidos, que en el afán de reducir gasto generarán problemas en la operación o mayores costos indirectos. Esto puede suceder con la cancelación de los seguros, pero ése será tema de otras colaboraciones. Lo cierto es que ya se empezaron a dar cuenta los financieros del nuevo gobierno que los ahorros son marginales y no serán suficientes para pagar las promesas de campaña. Ya están conscientes que el hilo negro de la austeridad no existe.

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