La oferta en salud también cuenta - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 28 de Septiembre, 2018
La oferta en salud también cuenta | La Crónica de Hoy

La oferta en salud también cuenta

Carlos Matute González

En la década de los ochenta del siglo pasado, en plena crisis económica, la inversión pública hospitalaria se redujo a CERO y, en ese momento, tembló en la Ciudad de México y grandes centros de atención a la salud se derrumbaron. Los colapsos en el Centro Médico Nacional y del Hospital Juárez son los emblemáticos. La reconstrucción detuvo la creación de espacios destinados a la atención de la salud.

La década de los noventa agotó a los institutos de seguridad social que, sin reservas y con grandes pasivos actuariales, tuvieron que hacer frente a un creciente número de derechohabientes con las mismas instalaciones y sin aumento de plazas médicas. El problema pensionario consumió los recursos y el aumento en gasto social se destinó casi exclusivamente a cubrir el déficit operacional por el pago de las jubilaciones.

En la primera década del siglo XXI, con las reformas a la Ley del Seguro Social (1997) y del ISSSTE (2007) se liberaron recursos (los pasivos actuariales se convirtieron parcialmente en deuda pública) y se abrió nuevamente la posibilidad de invertir en hospitales. Además, el Seguro Popular empezó a financiar la extensión de infraestructura, aumentar la cobertura a los grupos de la economía informal y socialmente marginados, así como a permitir la coordinación de los esfuerzos en salud de las autoridades federal y estatales.

Como un producto inmediato de los estudios en salud pública, se identificó la duplicidad de la oferta de servicios médicos a ciertos estratos económicos e insuficiencia de la misma en las zonas más desfavorecidas económicamente. Además, hizo evidente que había grupos familiares que pagaban el doble o triple por servicios médicos que no necesariamente utilizaban, y que esta circunstancia era un incentivo a la evasión del pago de cuotas obrero-patronales al IMSS y el pago de cuotas reducidas al ISSSTE.

Paralelamente, el sector privado tenía una oferta de servicios desarticulada, limitada a estratos poblacionales de altos ingresos, no vinculada a las políticas de salud pública, sin esquemas de financiamiento permanentes, ni estables y mayoritariamente pagada por evento o la asistencia social. No había un sistema desarrollado de prepago de servicios médicos por la vía del aseguramiento privado.

La estrategia de crecimiento de la oferta de servicios de salud se cimentó en tres pilares: a) recuperar y potencializar a los institutos de seguridad social saneando sus finanzas y subrogando servicios de alta demanda y atención dispersa (estudios de laboratorio, diálisis, terapias, radioimagenología, entre otras); b) mejorar y dar mayores apoyos financieros a los servicios públicos de salud dirigidos a población abierta con el Seguro Popular y la descentralización a los estados, y c) apoyar el crecimiento del mercado de los seguros de gastos médicos mayores como eje de integración de servicios médicos en redes nacionales y regionales.

Esto último fue posible por dos circunstancias: a) la saturación de los servicios médicos de los institutos de seguridad social agravada por las vicisitudes finiseculares, que se tradujo en demandas de los sindicatos particulares y de trabajadores del Estado para que el seguro de gastos médicos mayores se incluyera como prestación en los contratos colectivos y las condiciones ­generales de trabajo, y b) la vinculación del pago del seguro de enfermedades y maternidad al salario del trabajador. Abundo sobre el particular.

El hecho que el monto de la cuota de este seguro esté relacionado con el ingreso del trabajador lo convierte en un seguro que depende del salario del trabajador y no del costo de la atención. Si la Ley del ISSSTE determina que el salario de cotización es el tabular, que representa en promedio el 15 por ciento del integrado, esto afecta significativamente el financiamiento de los servicios médicos del Instituto, que recibe menos por trabajador de lo que cuesta asumir el riesgo de su atención, lo que limita el crecimiento de la oferta y provoca la saturación por sobredemanda.

Si la cotización se elevara al salario integrado, la erogación por el seguro de enfermedades y maternidad para el ISSSTE sería superior a lo que actualmente se paga por el seguro de gastos médicos mayores. Alguien diría que esto no importa, lo cual sería correcto, si este aumento de ingresos del ISSSTE se tradujera de forma inmediata en mayor oferta, pero eso no es posible en el corto plazo y, entonces, la falta de servicios oportunos empeoraría con el crecimiento de la demanda en perjuicio de los trabajadores de menores ingresos.

En conclusión, los seguros de gastos médicos mayores no son un lujo, sino que son parte de una estrategia para aumentar la oferta de servicios de salud, lo que ha permitido disminuir la presión al ISSSTE, una prestación laboral que no se puede eliminar unilateralmente por el patrón y que resulta menos gravoso al erario federal. La eliminación de estos seguros requiere de una reforma a la Ley del ISSSTE para aumentar el salario base de cotización o desvincular la cuota del monto del salario y ser conscientes que tendrá un costo social y político alto, ya que el aumento de los tiempos de espera en la atención médica suele afectar más a los trabajadores de menor nivel jerárquico.

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