Buen gobierno, autonomías constitucionales y dos de octubre. - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 05 de Octubre, 2018
Buen gobierno, autonomías constitucionales y dos de octubre. | La Crónica de Hoy

Buen gobierno, autonomías constitucionales y dos de octubre.

Carlos Matute González

Un derecho humano que debe ser promovido, respetado, protegido y garantizado es el derecho al buen gobierno, que es aquel en el que los titulares del poder social sujetan su comportamiento al principio de no intervención en los derechos de las comunidades o individuos en la consecución del fin común de una sociedad históricamente determinada.

Ningún gobierno puede actuar sin límites a su intervención. No importa la mayoría aplastante que tenga, ni que la razón histórica le asista. Un límite esencial es el respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados, en particular, los básicos o de primera generación. “No hagas lo que viole las libertades de la persona humana”.

Una carga es una promoción de los derechos humanos en su mayor progresividad para que se garantice que haya permanentemente espacios a la creatividad de los individuos en la determinación del rumbo de su comunidad y la definición del interés público. “Todos tenemos derecho a participar con nuestro voto, opiniones y esfuerzo en la labor colectiva”.

Ambos, límite y carga, se vinculan estrechamente con la “no corrupción” y la transparencia. No hay libertades, ni contribución social espontánea en donde un individuo o comunidad desconocen el destino de sus acciones, ni perciben que su colaboración aporte a un bien mayor. No hay inventiva en la distribución inequitativa de los derechos sociales o la asignación clientelar de los recursos públicos. No se puede excluir a priori a nadie de la gestión de lo público en entidades gubernamentales o no gubernamentales por su forma de pensar o de vivir. 

En ese sentido, un buen gobierno, en las condiciones actuales, sólo se presenta si existe una amalgama de autonomías institucionales y procesales que actúan en permanente tensión en beneficio de la persona humana y que crea espacios de convivencia armónica, en la que los individuos “aprovechándose” de la confrontación de poderes estatales, encuentran un ambiente propicio para expresarse con libertad. El ataque o amenazas a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos van en dirección contraria al buen gobierno.

La autonomía es el principio que legitima el comportamiento de cada individuo o comunidad y la base para su existencia es el respeto a los derechos humanos. 

Además, la autonomía comunitaria es un derecho a sí misma y existe sin importar lo que disponga la norma que establece la autoridad política en un territorio. Coartarla, invadirla, desconocerla o no ejercerla plenamente es una de las causas últimas de la violación de derechos humanos y uno de los orígenes de la ­corrupción.

Los defensores de los derechos humanos o los impulsores de la transparencia requieren de un ambiente estable y equilibrado para llevar a cabo su misión. Lo contrario, en el mediano y largo plazos, genera condiciones para el regreso del autoritarismo.

Un buen gobierno sólo es posible cuando la autoridad actúa bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, es decir, en un ambiente de “no corrupción”.

Lo que hemos buscado en los últimos veinte años es que haya una relación de simbiosis entre los órganos autónomos responsables del combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos frente a los poderes ejecutivos, nacional y locales, y sólo el equilibrio genera las condiciones del buen gobierno. No es correcto avanzar en otro sentido. En el fondo, ése es mensaje del movimiento del 68, que mucha gente ha mantenido vivo en nuestra conciencia colectiva “2 de octubre no se olvida”, y consiste en que la libertad, el pluralismo y el respeto al disenso son las vías legítimas en el futuro institucional.  

La corrupción y la falta de transparencia son una violación los derechos humanos, la violación sistemática de derechos humanos es consecuencia de la corrupción y la opacidad es una acompañante de ambas. Estos males sociales no se enfrentan aisladamente, sino que requieren de una respuesta institucional. El mero voluntarismo político es regresión, es la imagen de Díaz Ordaz intolerante ante la protesta estudiantil, que no comprende.

Esto, que es obvio hasta de llegar a ser un perogrullo, lo destaco porque en la rutina las organizaciones convierten a los procesos en fines en sí mismos más que en medios orientados al desarrollo integral de las personas. El logro de una entidad pública tiende a expresarse como un resultado desvinculado del resto o del entorno. 

En ese sentido, el buen gobierno basado en el respeto de las autonomías constitucionales que se han ido obteniendo del Poder Ejecutivo es una condición mínima y necesaria para el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Por conservar este ambiente equilibrado entre las entidades públicas, gubernamentales y no gubernamentales también se marchó el pasado martes 2 de octubre.

 


Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
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