¿Centralizar? El control interno - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 12 de Octubre, 2018
¿Centralizar? El control interno | La Crónica de Hoy

¿Centralizar? El control interno

Carlos Matute González

El control interno es un elemento del proceso administrativo en cualquier organización —pública o privada— corresponde a los responsables de la misma y no es una actividad de los auditores, como generalmente se cree, sin fundamento alguno. Las etapas de la administración son: la planeación, la dirección, la ejecución, el control interno y la evaluación. El resultado de esta última, idealmente, se convierte en un insumo de la primera y con un diagnóstico proveniente de la operación es posible llevar a cabo la mejora continua.

El control interno del Poder Ejecutivo es responsabilidad del mismo y lo realiza a través de la Secretaría de la Función Pública (2003-2018), antes Secodam (1994-2003) y Secogef (1983-1994) y con la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción se determinó que el responsable de esta función sería nombrado por el Presidente de la República con la ratificación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 constitucional.

Esta función que incluye la mejora administrativa, el control interno propiamente dicho, la auditoría, la investigación de conductas presuntamente desviadas y, en su caso, la sanción de servidores públicos cuando ­incurran en responsabilidad administrativa no grave, es desempeñada por los órganos internos de control en cada una de las dependencias y entidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, supervisados por la Secretaría de la Función Pública, es decir, se lleva a cabo en forma desconcentrada con reconocimiento de autonomías técnica y de gestión de los contralores.

¿Por qué se conceden las mencionadas autonomías? Primero, el control interno lo implantan y ejecutan las dependencias y entidades y la contraloría (órgano interno de control) sólo es un órgano auxiliar y supervisor para prevenir hechos de corrupción. Hay que identificar riesgos y acciones para evitar que se presenten y esto requiere una presencia permanente de los responsables de dicha función, sin que estén jerarquizados respecto a los mencionados titulares, para que su labor sea efectiva.

Por supuesto que los neófitos confunden la función de control interno con el órgano de control interno. La primera es responsabilidad de las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica, las empresas productivas del Estado y las entidades de la Administración Pública Federal y el segundo una unidad administrativa dentro de la estructura de aquéllas, normadas por la SFP con el propósito de homologar esta función en todo el Ejecutivo Federal.

Segunda razón que justifica la autonomía del contralor es que dentro de un marco de actuación legal y administrativo compartido actúa con independencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad y excelencia sin someterse a ninguna consigna política. En la misma circunstancia se encuentran los titulares de las áreas de mejora, auditoría, investigación y responsabilidades, quienes deben cumplir con su competencia atendiendo al contenido del expediente, la norma y el juicio o prudencia propia de la actividad técnica que desarrollan.

En ese sentido, Octavio Díaz, en El Heraldo (07-10-18), está en lo correcto cuando demuestra la inconveniencia de desaparecer los órganos internos de control. Esta intención no es nueva. En la reforma de la LOAPF de 2012 se pretendieron eliminar y que quedaran como Unidades de Auditoría Preventiva subordinadas a las dependencias y entidades y también se intentó desaparecer la Secretaría de la Función Pública.

Con la reforma a la LOAPF de 2016, vinculada con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en contraste con el deseo inicial en el sexenio de Peña Nieto, se fortaleció la red de órganos de control interno del Ejecutivo a través de la SFP. La mayor fuerza radica en dos circunstancias: su presencia permanente en las dependencias y entidad que permite tomar acciones inmediatas en materia de contratación pública, presupuestación, programas de trabajo, políticas de tecnologías de información y comunicación, ética pública, servicio profesional de carrera y un largo etcétera y en su autonomía para auditar, investigar y, en su caso, fincar responsabilidades.

La red es dirigida por la SFP, que nombra y remueve libremente a los contralores y al nivel inmediato inferior, norma sus actividades y las supervisa. La operación está desconcentrada, pero la toma de decisiones y estrategias de control interno están centralizadas. Esta circunstancia convierte a la SFP en la única dependencia con presencia real en toda la administración pública federal.

La concentración de los contralores en las oficinas de la SFP o su desaparición requiere de una reforma legal –que no es problema si se tiene la mayoría en las Cámaras, pero la pregunta es ¿para qué hacerlo? El intento fallido del 2012 disminuyó la efectividad del control interno. ¿Se quiere otra vez andar por ese camino del fracaso? O ¿se busca mejorar la red de contralores del Ejecutivo Federal para prevenir y combatir con mayor eficacia y eficiencia la corrupción? Diagnóstico preciso antes de actuar, ésa es la vía al éxito.

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