Presas por abortar - Wendy Garrido Granada | La Crónica de Hoy
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Presas por abortar

Wendy Garrido Granada

México castiga a las mujeres por decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Las obliga a ser madres o presas. El castigo recae sólo sobre las mujeres y niñas más vulnerables y pobres. Las que no pueden pagar por un aborto en alguna clínica privada, porque en su población es ilegal pero no significa que por ello sea un procedimiento que no se realice. Condena a aquellas que no pueden viajar hasta la Ciudad de México, el único oasis donde es legal antes de las 12 semanas.  Estigmatiza a las que son forzadas a hacerlo de forma clandestina e insegura.

Entre 2007 y 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país, según el informe Maternidad o Castigo, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En ese periodo 228 personas fueron sentenciadas. El Estado de México y Veracruz fueron las entidades que más castigaron a las mujeres, con 38 casos cada una. Le siguió Tamaulipas con 19, Sonora con 18 e Hidalgo con 15 casos. 83 personas estuvieron en prisión preventiva y otras 53 en prisión definitiva.

Mientras que de 2016 a 2017 se iniciaron, en promedio 500 investigaciones por el delito de aborto en el país, según el Censo de Impartición de Justicia del Inegi, citado por el periódico El Universal.

Despenalizar el aborto en México es una obligación del próximo gobierno. Afortunadamente parece tener eco en Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, de Loretta Ortiz, coordinadora de las consultas para la paz y del próximo director del IMSS, Germán Martínez.

Y aunque inicialmente se proponía una amnistía para las mujeres encarceladas por abortar, no es viable, según la propia Sánchez Cordero, porque “es un delito del orden común… y la amnistía por parte del Congreso federal invadiría la esfera de competencias de los congresos locales”.

Realmente lo que garantizaría los derechos reproductivos de las mujeres sería la despenalización del aborto a nivel nacional. Imitando un tipo de legislación parecida a la de la Ciudad de México y también revisar los casos de abortos espontáneos que se dan después de las 12 semanas de embarazo y por las cuales muchas mujeres son acusadas de homicidio por grado de parentesco.

No es posible que el país se encuentre rezagado en materia de derechos humanos para las mujeres, cuando otros países han despenalizado el aborto desde el siglo pasado. El aborto es una práctica común que se ha hecho, se hace y se seguirá haciendo sin importar si es legal o no; pero no despenalizarlo significa atentar y castigar a las mujeres que proceden de contextos violentos, marginación social y económica y a las que carecen de acceso a información y métodos anticonceptivos.

Restringir o prohibir el aborto no consigue reducir el número de abortos, sólo obliga a las mujeres a someterse a interrupciones inseguras. Según la Organización Mundial de la Salud existen 22 millones de abortos inseguros, la gran mayoría en países en vías de desarrollo, como México. En el país es la segunda causa de muerte materna.

Continuar con la criminalización del aborto es seguir reproduciendo la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. El aborto debe ser despenalizado en cualquier situación ya sea por decisión propia, por violación, riesgos físicos y psicológicos. La maternidad siempre debe ser elegida y nunca una obligación.

 


@wendygarridog
wengarrido@gmail.com

 

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