Más allá del Nuevo Aeropuerto Internacional de México - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 19 de Octubre, 2018
Más allá del Nuevo Aeropuerto Internacional de México | La Crónica de Hoy

Más allá del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

Carlos Matute González

La opinión pública está volcada sobre la consulta respecto a qué proyecto aeroportuario debe llevarse a cabo o continuarse para superar los problemas de saturación del aeropuerto actual. Las posiciones son claras o confusas o rígidas o flexibles, dependiendo los intereses, pero más allá de esa campaña política prolongada, cuyo fin aparente es mantener la movilización permanente de las huestes afines al nuevo gobierno, está el tema de la contratación pública.

Hagamos un poco de historia. Antes de 1980, la regulación de la contratación pública era escasa y deficiente. La reforma constitucional de 1982 —la llamada renovación moral de la sociedad— impactó el artículo 134 y en ella se determinó como medio idóneo para la contratación: la licitación pública en sobre cerrado cuya apertura se efectuaba en acto público, para garantizar las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y de financiamiento. Luego se promulgarían las leyes de adquisiciones y obras públicas, en 1993 (materias unidas) y 2000 (separadas). Remito al lector al libro que coordiné en 2007, La Obra Pública en el Estado mexicano, publicado por Porrúa.

Desde su origen, contrario a la creencia de muchos políticos y administradores públicos, la normatividad de la contratación pública no es única. En la Federación, existen varios ordenamientos, uno para la Administración Pública Federal y una gran diversidad para los otros poderes, los órganos autónomos constitucionales, las empresas productivas del estado y los entes públicos semigubernamentales, como las universidades autónomas y las asociaciones civiles apoyadas presupuestalmente, entre otros. Hay incluso organismos públicos descentralizados, el Conacyt y los centros de investigación, sujetos a reglas propias. Además, cada entidad federativa tiene su propia normatividad, como se hizo evidente en Tabasco con la noticia de que se ­eliminaba la licitación pública y los medios lo relacionaron con la construcción de la refinería.

También la obra pública tiene muchas formas jurídicas de ejecutarse: por administración —cuando directamente la lleva a cabo la entidad pública, como sucede con el ejército y la marina o las empresas productivas del Estado en algún tipo de obra específico—, por contrato tradicional a un tercero, por el esquema de obra pública asociada a un proyecto de infraestructura (multianual), por concesión o por asociación pública privada, entre otras, como pueden ser los Pidiregas utilizados, primordialmente, en el sector energético.

La contratación de obra pública puede ser por precio unitario, a precio alzado o mixto, es decir, a precio que acepta cambio, a precio no modificable o una combinación de ambos. Además, la selección del contratista puede ser por dos métodos, dependiendo si la voluntad del servidor público es restringida o libre. En el primero están los procedimientos de licitación pública, que es la regla general, e invitación a por lo menos tres personas y en el segundo, el procedimiento de adjudicación directa. La denominación, plazos, requisitos y excepciones varían en razón a la diversidad normativa a la que me he referido.

En ese sentido, es oportuna la declaración del Presidente electo en Villahermosa, que aclaró que la refinería se edificará con base en la legislación federal, que es una especial para Pemex, conforme a la reforma energética y siguiendo la tendencia en la materia iniciada en 2008, que le daba un trato especial por su complejidad a esta entidad pública, a CFE y a las subsidiarias de ambas.

Sin embargo, hay que estar pendientes de las iniciativas de Ley que se presenten en el Congreso de la Unión sobre contratación pública puesto que hay mucho desconocimiento en la materia y el ánimo de transparentar el ejercicio del recurso público —que por lo demás es necesario— puede provocar serias complicaciones técnico-jurídicas que dificulten la realización de obra pública que, en un país con serios rezagos en la infraestructura, sería una cuasi-tragedia.

Es conveniente que alguien explique a los políticos que es muy factible que los contratos a precio unitario sufran modificaciones en costos, porque el mercado de la construcción tiene variaciones y el riesgo de las mismas lo absorbe la entidad pública cuando decide esa forma de contratación. Caso distinto sucede con el precio ­alzado en la que el contratista asume ese riesgo y, por lo tanto, salvo circunstancias especialísimas, el costo y plazo de la obra son fijos, no modificables.

La obra pública, más allá de la consulta sobre el aeropuerto, es compleja y requiere de equilibrios entre las partes, entidad pública y contratista, certeza y garantía de flujo financiero. Exige planeación de años y múltiples condiciones para ser exitosa. Aprobación del ejercicio de recursos en distintos años presupuestales, compromisos de largo plazo y constancia en el seguimiento. El número de contratistas nacionales para las grandes obras es limitado. No es fácil, ni correcto jurídicamente cambiar de contratación a concesión y el costo es elevado. Además, la concesión también se licita y no se puede ofrecer públicamente a un hombre rico, aunque este sea el más rico e interesado. Asesores de los políticos: hay que cuidar las palabras de sus jefes, porque el tema del nuevo aeropuerto acaba, pero las palabras y la necesidad de hacer obra pública quedan. Vale.

 


Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

Imprimir

Comentarios