La mona aunque se vista de seda, mona se queda. El no al nuevo aeropuerto. - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 02 de Noviembre, 2018
La mona aunque se vista de seda, mona se queda. El no al nuevo aeropuerto. | La Crónica de Hoy

La mona aunque se vista de seda, mona se queda. El no al nuevo aeropuerto.

Carlos Matute González

La democracia participativa es aquella que se relaciona con el ejercicio del poder social, que incorpora el punto de vista de los ciudadanos después de que se han elegido a las autoridades o representantes y tiene como propósito principal, no único, que las minorías sean escuchadas en los procesos de toma de decisión en los que las mayorías tienen el derecho y la obligación de convencer a la sociedad de que su posición es la correcta.

Desde esa perspectiva, la democracia participativa en nuestro país ha sido incorporada paulatinamente a la Constitución como una forma de incorporar a la planeación las diversas necesidades y visiones de la población en su conjunto fuera del proceso electoral, limitar al gobierno en la ejecución de alguna acción específica o impulsar a las mayorías legislativas a analizar una materia. Las dos primeras tienen como vía la consulta popular y la tercera la iniciativa legislativa ciudadana.

Los supuestos de la consulta popular son:

El artículo 26 constitucional obliga al Poder Ejecutivo a organizar un sistema de planeación democrática para recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad en el plan del desarrollo nacional y para tal efecto se convoca a una consulta popular en los términos de la ley correspondiente, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la fracción VIII del artículo 35 se otorga el derecho a los ciudadanos a votar en consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión a instancia de la minoría parlamentaria (33%) o un grupo de ciudadanos que equivalga al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores y fija reglas cuando se logra obtener el suficiente apoyo de la ciudadanía para que un proyecto de las minorías se imponga a quienes hubieran obtenido la mayoría en la integración de los órganos representativos.

Por su parte, la iniciativa ciudadana consiste en el derecho que tiene un grupo de ciudadanos equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, a presentar proyectos de leyes o decretos para el debate y, en su caso, aprobación al Congreso de la Unión, tal y como ya sucedió en la llamada Ley 3 de 3, que sirvió de base para la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La consulta efectuada del 25 al 28 de octubre pasado es una forma distinta de ejercicio de la democracia participativa más cercana a la plebiscitaria que consiste en procedimientos de movilización política para legitimar decisiones de quien posee la mayoría representativa para imponer su visión a las minorías derrotadas en las urnas. Esa estrategia de las próximas autoridades quedó evidenciada en la reacción de los integrantes del gobierno en transición y sus aliados en el Congreso de la Unión ante el resultado del ejercicio de pedir que el Pueblo se expresará sobre la procedencia o no de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto.

El Presidente Electo tiene el derecho de adoptar su propio estilo de gobernar. Él puede preguntarle a sus asesores qué es lo más conveniente para el país u organizar las consultas que crea adecuadas para apoyar con la voz de la ciudadanía los actos que son de su exclusiva responsabilidad. Sólo son vinculantes si él lo quiere y así lo ha manifestado.

Esto último polariza a la sociedad, pero mantiene movilizados permanentemente a sus grupos de apoyo y prolonga indefinidamente el proceso electoral. Seguramente sus asesores tienen calculado este efecto para promover los cambios que están en su agenda política desde el año 2000. 

Con esa perspectiva, la consulta en sí misma no es inconstitucional. El gobierno puede hacer públicos los procesos de toma de decisión y convocar a quien quiera para que participe en la forma que mejor estime. Sin embargo, eso no lo libera de la responsabilidad que implica el ejercicio del poder. El Pueblo bueno no se equivoca, quien se puede equivocar es el Presidente que fue electo para gobernar y que para reducir el riesgo de error debe escuchar a la ciudadanía y asesorarse de expertos, pero también debe tomar en cuenta los derechos de las minorías. Gobierna para todos y hay estado de derecho. Con consulta  o sin ella, la terminación anticipada de los contratos de obra pública relacionadas con la construcción del NAIM (la llamada cancelación) es un acto de autoridad que debe respetar los derechos adquiridos de los contratistas y eso tiene un costo. Es un acto de gobierno, responsabilidad exclusiva del Presidente y de sus colaboradores que lo emitan, que debe estar fundado y motivado y la expresión ciudadana en la urnas improvisadas es, jurídicamente, insuficiente. Aunque a la mona —la cancelación— la vistan de seda —le den un matiz democrático— mona —acto de autoridad— se queda y, por lo tanto, debe respetar los derechos de todos los involucrados en el proyecto. Todavía hay mucha historia en este estilo de gobierno.

 


Miembro electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.
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