La 60a. reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Sábado 08 de Diciembre, 2018
La 60a. reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  | La Crónica de Hoy

La 60a. reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Carlos Matute González

En una plática con Ernesto Velasco (canal de YouTube Carlos Matute), un estudioso de las reformas administrativas y la gestión pública en México, surgió el tema de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus modificaciones, a más de 40 años de su promulgación. La conclusión intuitiva fue que desde 1976 no hay una reforma profunda del aparato administrativo del Estado.

El modelo burocrático continental-napoleónico prevalece sin mayores cambios. No hay reconocimiento formal en el derecho administrativo orgánico de la existencia de entidades públicas no pertenecientes al Poder Ejecutivo, la verticalidad impera, la desconcentración es limitada, las relaciones de coordinación entre las dependencias y entidades son rígidas, la regulación de la adscripción y delegación es insuficiente, los efectos de las vinculaciones con los órganos constitucionales autónomos y con las entidades federativas ni siquiera se enuncian, las funciones y tamaño de las dependencias no son proporcionales, entre otras cuestiones.

Los cambios sexenales casi se han reducido a distribuir las facultades de las dependencias o ampliarlas, así como a aumentar, fusionar o desaparecer Secretarías y Departamentos Administrativos e ir “parchando” la estructura con entidades públicas ajenas al modelo centralizador, como los órganos desconcentrados en materia de energía, las comisiones intersecretariales y los gabinetes. Un tema recurrente es la naturaleza de los órganos internos de control que han pasado de depender de los titulares de las dependencias y entidades a estar subordinados a la Secretaría de la Función Pública.

Las delegaciones de las dependencias en las entidades federativas ha sido un tema relevante en la relación entre el Ejecutivo Federal y los locales, ya que su cariz administrativo no las exenta de tener un peso político específico. Sí importa la materia y el recurso a su disposición, razón para que se haya convertido en uno de los puntos controvertidos de la reforma reciente a la LOAPF.

Contrario a lo que afirma el gobernador de Jalisco, las delegaciones son elementos de apoyo al federalismo, en la medida que son el enlace entre el gobierno nacional y los subnacionales, a la vez que son el vehículo para coordinar ­acciones en los más diversos asuntos como salud, educación, seguridad social, trabajo, entre otros.

En ese sentido, el titular de una delegación o de una oficina de representación, debe defender los intereses del gobierno central y, por el otro lado, buscar los equilibrios necesarios para que el gasto federal potencialice al local en beneficio de los ciudadanos de un territorio. La coordinación es compleja y no es conveniente que el gobernador influya en los nombramientos, pero tampoco es conveniente que sea una posición de los partidos políticos del gobierno o de la oposición al mismo. Es deseable que quienes ocupan estos cargos posean un perfil técnico. Salomónicamente, el presidente López Obrador se comprometió que los llamados en la prensa “superdelegados” no intervendrán en asuntos de seguridad pública.

El tema de las delegaciones es una muestra de que es indispensable una revisión integral de la LOAPF, que refleje la complejidad del sector público y la realidad de las relaciones intra e intergubernamentales. En este sentido, la legislación financiera ha avanzado más rápidamente que la orgánica estructural.

El nuevo gobierno, con su fuerza mayoritaria, tiene una gran oportunidad de diseñar normativamente el gobierno de redes en el que el eje rector sea el Poder Ejecutivo, sin que se regrese al protagonismo de la burocracia federal tradicional que es la más reactiva ante los cambios. En la descentralización ordenada y la desconcentración con el grado de autonomía claramente identificados se puede reproducir la creatividad con mayor frecuencia en beneficio de la colectividad. La centralización excesiva, que es conveniente en las cuestiones de manejo de recursos, puede atrofiar los proyectos de las organizaciones que por antonomasia son más cercanas a la gente.

Una revisión a fondo de la LOAPF es inaplazable. Hay tiempo de diseñar la nueva administración pública, más delgada, pero más eficaz, con más facultades, pero sin reprimir la fuerza de la sociedad y sus organizaciones; más controlada en lo financiero, pero más activa en lo operativo; con mayores incentivos para el cumplimiento de sus competencias y menos formalismo creado por la desconfianza.

Lo inmediato es determinar la responsabilidad de las delegaciones, oficinas de representación, unidades de finanzas y administración, revisar el esquema de ratificaciones de los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y Función Pública para hacerlo más funcional y sin riesgos jurídicos y políticos para la operación cotidiana de las organizaciones.

Hay cuestiones añejas que se deben abordar: la existencia formal del gabinete, la relación entre las dependencias y entidades, el alcance de la sectorización, la relación entre la Secretaría de Gobernación (¿jefe de gabinete?), las globalizadoras, las coordinadoras de sector y las demás dependencias. Hay tiempo por delante y mucho trabajo por realizar.


Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.c/cmatutegonzalez
www.carlosmatute.mx

Imprimir

Comentarios