¿Hacer o no hacer? Ése es el dilema - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 21 de Diciembre, 2018
¿Hacer o no hacer? Ése es el dilema | La Crónica de Hoy

¿Hacer o no hacer? Ése es el dilema

Carlos Matute González

La actividad pública es reglada. El principio básico es que una autoridad sólo puede hacer aquello que le está permitido expresamente y si tiene oportunidad de hacer algo ordenado por la ley y no lo hace puede incurrir en responsabilidad. El equilibrio entre lo obligado, lo debido y lo deseado es muy precario y cuando éste no existe, el riesgo de la inmovilidad es enorme.

Las administraciones públicas Federal y locales enfrentan permanentemente este dilema. Los gobiernos que las dirigen y quienes asumen las responsabilidades son los servidores públicos en concreto, en específico, los directores generales en las dependencias y sus equivalentes en las entidades. Este nivel jerárquico es el que toma las decisiones en la praxis y el que lleva a cabo los programas de gobierno.

La construcción de una refinería, un tren o una presa la ejecutan administrativamente los directores generales, quienes deben convocar a las licitaciones; en su caso, suscribir los contratos y supervisar la ejecución de los trabajos, así como autorizar el pago de las estimaciones correspondientes. Ellos son los que inician, reciben y finiquitan las obras públicas. Ellos son los que determinan las formas, los tiempos y los costos. Ellos son los que miden los riegos de hacer o no hacer y deben tener la capacidad de transmitirle a sus superiores las fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas de un proyecto gubernamental, así como diseñar las estrategias. Son el centro operativo de las administraciones públicas.

En ese sentido, los nuevos gobiernos deben generar la certeza suficiente a los operadores de sus programas gubernamentales para que tengan reglas claras y autorizaciones oportunas, no excesivamente centralizadas, so pena de retrasar la acción de la administración pública. Ésta es la importancia de enfocar los esfuerzos a la mejora administrativa y la prevención de las desviaciones administrativas, más que a la persecución de quien se equivoca.

La función pública es una actividad estatal vinculada con la mejor forma de hacer, no con la idea del castigo. Primero hay que identificar la misión y visión de una organización, después establecer los objetivos generales y específicos y las estrategias correspondientes. Segundo, la identificación de los riesgos con su respectiva calificación para fijar acciones preventivas y, en su caso, correctivas. Todo esto unirlo con un sistema integral de control interno y un programa de auditorías que permita institucionalizar los mecanismos de mejora administrativa.

Las desviaciones no graves o graves deben perseguirse y, en su caso, sancionarse. La investigación de conductas indebidas y la determinación de las responsabilidades de los servidores públicos o particulares que las cometan deben ser efectivas para evitar la impunidad y la ineficiencia administrativa. Esto es la parte represiva. Esta explicación deja claro que la contraloría sólo es un aspecto de la función pública y no necesariamente el más trascendente.

Las personas que se incorporen en un nuevo gobierno al cargo de director general o equivalente y quienes sean conservados en el puesto, deben tener la confianza que la función pública es una aliada de su labor y que no es una autoridad inquisitorial sólo dispuesta a sancionarlos. 

El dilema hacer o no hacer es cotidiano. Todos los administradores públicos lo enfrentan a diario. Si piensan que su discreción para determinar lo correcto de una acción administrativa será sujeta a una revisión rígida por un área central preferirán diferir la decisión y esperar a que opinen las áreas jurídicas o las contralorías. Esto afectaría la oportunidad de la acción administrativa. Los inexpertos en un cargo pronto aprenden esta dinámica y el entusiasmo por hacer disminuye cuando hay incertidumbre y falta de criterios precisos. Los expertos saben que es preferible esperar y cubrirse con todas las autorizaciones y opiniones. Estas actitudes demoran la acción.

La responsable de la función pública es corresponsable de que se logre el equilibrio entre lo obligado, lo debido y lo deseado. Además, debe convertirse en un contrapeso real de las áreas presupuestales y financieras de las administraciones públicas Federal y locales para que el ejercicio del presupuesto sea oportuno y eficiente. Ésta es la clave para que los gobiernos sean exitosos y hagan lo que se propongan. Sólo así los riesgos del dilema cuasi shakespeariano se supera y los responsables de la acción administrativa no se quedarán cavilando de manera permanente: ­­¿hago o no hago?

 

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