La Constitución como proyecto social y los jueces - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Viernes 08 de Febrero, 2019
La Constitución como proyecto social y los jueces | La Crónica de Hoy

La Constitución como proyecto social y los jueces

Carlos Matute González

Diego Valadés, en un estudio sobre el Estado de derecho en el constitucionalismo social (Problemas constitucionales del Estado de derecho. IIJUNAM, 2002), afirmaba que había sectores de la vida económica y social que era imposible someter a la aplicación estricta de la ley, ni al análisis formal de la aplicación del derecho y, por lo tanto, este último debía flexibilizarse tomando en cuenta las circunstancias de desigualdad existentes en la sociedad mexicana.

En este mismo sentido, se puede leer la invitación del Presidente de la Corte, en la conmemoración del centésimo segundo aniversario de la “parchada” Constitución de 1917, a que los jueces se unan al “constitucionalismo social transformador”, en el que los “derechos sociales imponen un deber de resultado” y “el reto de los jueces federales es asumir sin ambages un proyecto de interpretación constitucional transformados, a través del cual se promueva el cambio social... orientado por los principios y valores constitucionales que hoy reivindica la sociedad mexicana”. También, llama la atención, la invitación a dejar atrás la visión anquilosada que entiende a los derechos sociales como meras declaraciones de buenas intenciones y transitar sin demoras hacia un nuevo paradigma en que haya plenitud del programa social de la Constitución.

Es una verdad insoslayable la deuda histórica con los grupos más pobres y marginados de la población que no logró abatir la Tercera Transformación y su Constitución con el modelo del Estado social de bienestar (que en el caso mexicano fue intervencionista por su comportamiento autoritario). En el Estado de estilo cardenista –vigente hasta fines del siglo pasado– la desigualdad no se redujo significativamente y se fomentó un corporativismo que fincó estructuras que todavía no se desmontan y que son el origen de la preservación de trabajadores de primera, segunda y hasta tercera categorías. No incluyo a los desheredados permanentes de la Revolución Mexicana, que todavía persisten en sus demandas.

El Estado promotor de los derechos sociales como bandera, por defectos estructurales no pudo cumplir con sus cometidos. Fracasó en todo el mundo hundido en una gran crisis fiscal, empobrecimiento de la población, procesos inflacionarios devastadores y endeudamiento estratosférico. Eso fue un fenómeno global, cuyo hito histórico principal fue la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética.

Esa forma de entender el gobierno produjo un plegamiento de los Poderes Legislativo y Judicial al Poder Ejecutivo, que era el actor político que determinaba cuándo era oportuno flexibilizar la ley o hacerse de la vista gorda con la violación de los derechos humanos. Cada Estado era plenamente soberano, sin intervención de la comunidad internacional, de elegir la ruta más adecuada para hacer realidad las reivindicaciones de los más necesitados.

Los legisladores se convirtieron en aliados permanentes del gobierno en turno –vulgarmente se les identificó como levanta dedos– y el mayor mérito era su lealtad y disciplina al partido mayoritario y los jueces en instancias de convalidación de las decisiones en favor de la justicia social. La práctica de la Constitución y su garantía consistía en interpretarla de la misma manera que lo hacía el poder en sus afanes de impulsar las demandas de los más necesitados.

La propuesta de flexibilización del Estado de derecho de Valadés es atractiva para el gobierno, ya que le transfiere a éste la decisión del momento, la persona y la circunstancia en que procede la no aplicación de una norma general y abstracta vigente, alegando marginación, atraso económico, tradiciones o cualquier otra razón ajena a la objetividad del derecho o, incluso, al respeto de los derechos humanos.

La idea de que se sustituya a los jueces profesionales y sometidos a los dictados de la ley por un personaje justiciero que, desde su sensibilidad política y social, impulse un proyecto igualador de la sociedad es, en principio, igual de atractiva para la sociedad ansiosa de superar la desigualdad ancestral, pero también inyecta el veneno de la desconfianza y la incertidumbre. ¿Cuándo será conveniente o no otorgar un amparo? ¿Esta decisión judicial estorba al proyecto de construcción de una sociedad más justa? La respuesta siempre es la más sencilla: “esperemos la línea para no equivocarnos”. El juez justiciero pone en riesgo la independencia judicial que ha costado muchísimo trabajo ampliar en los últimos veinticinco años.

La vocación social del juez se cumple cabalmente resolviendo con objetividad e imparcialidad, sin que valores distintos al derecho –que por lo demás son legítimos– influyan en sus sentencias, que deben ser garantes de los derechos humanos. La deuda con la actualización del proyecto social de la Constitución debe saldarse con un buen gobierno, respetuoso de las libertades, que sea capaz de generar incentivos y condiciones para una mejor distribución de la riqueza. La vuelta al pasado autoritario –proyecto social y político entorno al gobierno– es una propuesta que ya demostró su insuficiencia. La búsqueda del nuevo paradigma está en el futuro que pasa por una mayor creatividad, no el repliegue bajo el manto protector de las reivindicaciones mayoritariamente coyunturales de la sociedad mexicana.

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