OSC validaron 11 mil contratos bajo sospecha, por $3 billones | La Crónica de Hoy
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OSC validaron 11 mil contratos bajo sospecha, por $3 billones

En el sexenio pasado acapararon estos procesos 7 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Mexicana, con el 35 por ciento, según datos de la SFP

OSC validaron 11 mil contratos bajo sospecha, por $3 billones  | La Crónica de Hoy

Primera parte

Un pequeño grupo de organizaciones de la sociedad civil, en su papel de “testigos sociales”, avalaron el sexenio pasado más de 11 mil procesos de contratación, muchos de los cuales han sido ligados a corruptelas, por parte  del actual gobierno.

Los montos relacionados con estos procedimientos sumaron alrededor de 3 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Unidad de Normatividad de Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública. Sobresalió el año 2013, que proliferó en transacciones aeroportuarias y energéticas, con un gasto cercano al billón y medio de pesos.

Entre los contratos palomeados están los de gasoductos paralizados, con daños millonarios a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, un caso ventilado por Crónica en el cual estuvo involucrado Transparencia Mexicana (TM) y por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a estos observadores sociales “figuras decorativas” y “alcahuetes”, beneficiarios de “sobornos”.

También los de otros asuntos como: Nuevo Aeropuerto de Texcoco, compra de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE, servicios de seguridad privada para el gobierno, planta chatarra de fertilizantes en Veracruz y Tren Interurbano México-Toluca, asociados con vicios en adjudicaciones y sobreprecios.

“Los testigos sociales han servido para hacer de la Transparencia un negocio, son una tomadura de pelo y su esquema ha fracasado, aunque panistas y priistas lo han encontrado conveniente para simular la revisión de procedimientos sospechosos”, señala Gabriel Reyes Orona, exprocurador Fiscal de la Federación y estudioso del tema desde 2001, cuando tuvo un primer contacto con Transparencia Mexicana, la cual se ofreció a dar seguimiento a una licitación en la Secretaría de Hacienda a través de la entrega de un cheque sin ofrecer recibo a cambio, con la idea de aparentar un donativo.

“Su intervención es una forma de hacer más opacos los concursos, las opiniones están comprometidas y sujetas a los recursos públicos que se les otorgan, además de que no pueden acreditar experiencia técnica u operativa ni solvencia moral”.

Sólo siete organismos se reparten el pastel, de acuerdo con el padrón de la SFP: además de TM, están la Academia de Ingeniería, Gobernanza-Transparencia y Desarrollo Institucional,  Academia Mexicana de Auditoria al Desempeño, Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas y Academia de Contratación Pública de México… TM acaparó más del 35 por ciento de los 11 mil procesos, y entre los primeros cuatro referidos acumularon más del 80 por ciento.

A la par, están registrados 38 profesionistas, con menor porcentaje de convenios en comparación con las asociaciones civiles.

La lista prácticamente se ha mantenido sin cambios desde 2006, cuando se les invitó de forma personalizada, sin un estudio detallado de sus perfiles ni exámenes de conocimientos en la materia.

OSCURITO. Los testigos sociales son personas morales o físicas, las cuales participan en procesos de contratación de bienes, servicios u obras organizados por el gobierno, cuyo objetivo —en el papel— es el de atestiguar y dar fe de lo ocurrido, así como formular recomendaciones sobre su legalidad, transparencia, defensa del interés nacional e imparcialidad.

Tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) contemplan su participación en licitaciones públicas cuyos montos rebasen —de manera respectiva—  los cinco y 10 millones de Unidades de Medida y Actualización, conocidas como UMAS, cada una de las cuales equivale este año a 84 pesos con 49 centavos, conforme a las disposiciones del INEGI. Aun cuando el valor del contrato es menor, la SFP puede determinar la intervención de un testigo si considera el caso como de gran  impacto “a los programas sustantivos” de la dependencia involucrada.

De acuerdo con el protocolo, la propia dependencia contratante debe solicitar la asignación de un testigo con una anticipación de 20 días hábiles a la fecha programada para la publicación de la convocatoria de licitación.

¿Qué instancia, dentro de la SFP, se encarga de designar a estos observadores? Se trata de un Comité de Testigos Sociales, el cual está integrado por cinco servidores públicos de la Secretaría y por un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.

Pero el Manual de Operación del Comité es secreto, lo mismo sus sesiones, criterios y mecanismos de designación, lo cual ha aumentado la sospecha de acuerdos clandestinos o alta injerencia de las cúpulas empresariales…

El estudio Evolución y Retos de la Figura del Testigo Social, elaborado para la Secretaría de la Función Pública en 2018 y subsidiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reveló la asignación de testigos sociales “con un perfil profesional no alineado a la temática de la contratación, lo que obstruye el desarrollo del procedimiento… ingenieros civiles atestiguando compras de medicamentos o médicos en procedimientos de licitación para la construcción de puentes”.

También ventiló desconocimiento “de lo mínimo indispensable de los procedimientos normativos”, y de “potenciales conflictos de intereses de los testigos sociales con los participantes de las contrataciones, en el ámbito privado del ejercicio de sus actividades profesionales”…

 

Origen

Testigos sociales

En México, esta figura surgió en el año 2000. La SFP la reguló por primera vez en el 2004 en un acuerdo interno, y hasta mayo de 2009, mediante un decreto de reformas a la LAASSP y LOPSRM, y a sus reglamentos, se incluyó en la normatividad. En esas modificaciones se incorporó un ar­tículo transitorio en el cual se marcó un plazo de diez años, es decir 2019, para garantizar el uso de testigos en todas las contrataciones públicas, sin importar sus circunstancias. Sin embargo, AMLO ha adelantado su desuso, por considerarlas inservibles.

 

Contratos señalados

Siete gasoductos, hoy paralizados

Nuevo Aeropuerto de Texcoco

Compra de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE

Servicios de seguridad privada para el gobierno

Planta chatarra de fertilizantes en Veracruz

Tren Interurbano México-Toluca

 

 

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