Impune, fraude con casas en litigio y aún ocupadas | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Lunes 21 de Agosto, 2017

Impune, fraude con casas en litigio y aún ocupadas

Inversión. Quienes dejan de pagar la hipoteca, pueden ser blanco de una fórmula feroz para revender su casa. Reventas. Un mismo inmueble es ofertado por múltiples despachos; todos piden enganche de 10%

Inmuebles en remate o en proceso de cobro judicial son utilizados por corredores inmobiliarios del país para cometer fraudes, abusos y amenazas.

Los engaños afectan a miles de compradores enganchados por la oferta de casas y departamentos a bajo precio, y al final pierden anticipos de entre el 10 y el 20 por ciento del costo ofertado.

El perjuicio se extiende a familias que, por razones diversas, dejaron de pagar al banco sus créditos hipotecarios y cuyas viviendas son ofrecidas de manera irregular mientras aún las habitan y el juicio se encuentra en marcha… La mayoría se entera de las “gangas” en páginas de internet o avisos de ocasión y durante los litigios son intimidadas y vigiladas por extraños. Incluso la misma propiedad es subastada en varias ocasiones o se ofertan casas que no están bajo ningún litigio, según constató Crónica.

En su voracidad, las agencias inmobiliarias ofrecen una misma propiedad a múltiples interesados, con promesas de entrega menores a un año, plazo pactado en el papel para el pago total del negocio.

Así, incrementan sus ganancias, aunque en realidad sólo prometen bienes inmuebles intangibles, imaginarios.

“Sólo esperamos una orden judicial para desalojar a los deudores”, dicen a los clientes timados, de acuerdo con los testimonios obtenidos por Crónica. Sin investigaciones de por medio ni supervisión, las instituciones bancarias venden los derechos litigiosos al mejor postor: empresas cuyo objetivo es lucrar con la venta de inmuebles devaluados por la pugna judicial.

“Si bien los bancos no son responsables directos de este tipo de fraudes, sí tienen responsabilidad al no llevar un control adecuado sobre las corredurías o entidades a las que se les venden las carteras vencidas de casas y departamentos”, señaló Federico Sobrino, experto en el tema e integrante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“Deberían ser más cuidadosos en las adjudicaciones e investigar a fondo a las empresas a las que entregan los bienes”.

Este diario buscó la postura de la Asociación de Bancos de México (ABM), la cual optó por la indiferencia y el desmarque:

“Sugerimos tocar base con los bancos en particular; como tal, el tema no es gremial, sino un proceso de cada uno de ellos”, fue la respuesta.

Entre vacíos legales y desdén institucional, no parece haber en México alguna autoridad con facultades para regular estas transacciones ni con intensión de vigilar los procesos o ventilar tropelías: ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Procuraduría Federal del Consumidor ni la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En esta dinámica de transas, departamentos con valor de cuatro, cinco o seis millones de pesos son publicitados en la web a la mitad de su costo real. Es el anzuelo…

“El fraude se actualiza cuando estas agencias prometen entregar un inmueble sin liberación judicial en un determinado periodo: ocho, diez, doce meses”, explica el abogado Carlos Hernández,  quien ha encabezado con éxito defensas en este tipo de casos.

“El beneficio indebido es el pago por servicios que solicitan al comprador en un contrato inicial, una especie de enganche. ¿Qué son esos servicios? Gastos legales, ya después dirán que no se pudo y los clientes perderán el anticipo; jamás lo regresarán, puesto que era requisito y nunca lo especifican en la oferta. En el mejor de los casos dirán: éste ya no, pero tengo otro, porque su cartera fraudulenta es extensa y la treta es alargar la espera y sacar más dinero”.

—¿Qué instancia debiera vigilar la actuación de estas inmobiliarias? —se le preguntó.

—Falta regulación en la materia, aunque desde la perspectiva de responsabilidad del Estado, habría que apuntar hacia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que debe supervisar créditos y evitar la violación de los derechos de usuarios. También la Condusef tendría que pesar más en estos asuntos: al menos denunciar, y Profeco no puede lavarse las manos, porque se trata de una compra-venta, hay un proveedor y un consumidor.

—Ante autoridades esquivas, ¿qué posibilidad de defensa  tienen los afectados?

—Sólo denunciar ante el Ministerio Público, porque el modo de operación ya supone un delito.

El Código Penal Federal, en su artículo 386, establece: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

De acuerdo con el monto de lo defraudado, dispone una pena carcelaria de hasta 12 años.

Detrás de las farsas, están las historias…

REDES NEGRAS. Cada lunes, durante más de tres meses, los propietarios de un departamento en la calle de Pestalozzi 943 (Narvarte) han sido acechados por el mismo tipo de mirada hostil. Siempre llega en el mismo auto, y se mantiene atento a cualquier movimiento: espía, acosa…  

“Es una táctica intimidatoria”, coinciden.

Para los padres e hijos menores de edad, han sido tiempos de incertidumbre, de nerviosismo, desde el día en el cual descubrieron su inmueble rematado en diversos sitios web del rubro inmobiliario y hasta en redes sociales.

El crédito hipotecario fue tramitado en Bancomer. Un descuido en las finanzas familiares obligó a la interrupción de mensualidades. El banco demandó y un juez condenó a la familia al pago de la deuda con intereses moratorios.

Durante el procedimiento judicial, Bancomer vendió los derechos litigiosos a la compañía: Pendulum Corporation (se describe como líder en servicios de administración y recuperación de cartera vencida), que a su vez los traspasó a la empresa Controladora de Portafolios Hipotecarios –con oficinas en Santa Fe—.

Un tercer consorcio, Versus Capital, ha ofrecido el departamento en calidad de remate sin un dictamen judicial, pues aún se encuentra en proceso de requerimiento de pago. Son las triangulaciones necesarias para la estafa…

Crónica ha podido documentar que se ha solicitado a diversos compradores un enganche de 470 mil pesos, a quienes se ha prometido  la entrega en un máximo de 10 meses.

Los 470 mil representan casi el 20 por ciento de los 2 millones 857 mil pesos en los cuales se tazó la propiedad en el listado de rebajas, aun cuando su valor en el mercado es casi del doble.  

“¿Cuántos ingenuos habrán pagado ya el anticipo por un mismo departamento que, además, no se puede vender de manera legal?”, pregunta el abogado familiar.

A la par, durante la defensa se ha logrado acreditar que Controladora de Portafolios y Versus Capital pertenecen a los mismos socios.

Mientras su departamento es subastado de manera ficticia e ilícita, la familia ha logrado reunir el monto de la deuda. Pronto la solventará, con lo cual liberará la hipoteca y será legítima dueña. ¿Qué pasará entonces con los compradores que habían desembolsado un enganche y se imaginaban ya en su residencia de ensueño?

¿A quién le toca?

Ante el descubrimiento de un mercado salvaje (venta de viviendas a punto de ser perdidas por falta de pago de la hipoteca),  Crónica pidió una postura a la Asociación de Bancos de México. El organismo indicó que no haría comentarios, ya que “como tal el tema no es gremial, es un proceso de cada uno de los bancos”.

Crónica pidió una entrevista con voceros de Profeco para conocer su postura sobre este tema. El encuentro aún no se ratifica debido a que el organismo indicó que debe analizar primero su esfera de competencia en este asunto inmobiliario.

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