En una acción histórica, más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos se unieron para enviar un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las agudas problemáticas sociales y ambientales que aquejan al país, en lugar de concentrarse únicamente en el mundial de fútbol.
A horas de la inauguración de la Copa del Mundo, con una enorme manta de 21 metros de largo desplegada a 60 metros de altura en la Estela de Luz por activistas de Greenpeace México, se denunció que los temas de migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental han sido ignorados y que los intereses comerciales del T-MEC están por encima de la gente.
El mensaje enviado al Gobierno de México respecto de estas problemáticas fue claro: “Esto también está en juego. El mundo está viendo”.
Las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Project Worldcup Spotlight y redes binacionales como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, alzaron la voz para expresar su rechazo a la asignación de recursos millonarios para la celebración de la Copa del Mundo por parte del Gobierno de México y demandaron atención a la grave crisis ambiental y de derechos humanos existente en la región.
“Mientras que el Gobierno de México ha anunciado inversiones por hasta 2 mil millones de pesos para infraestructura en movilidad en las tres ciudades sede y el despliegue de 100,000 agentes de seguridad pública, además de muchas otras inversiones millonarias por parte de los estados para asegurar la infraestructura y el desarrollo de este evento, no existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana”, señala un comunicado conjunto.
Con más de 133,000 personas desaparecidas en México, agrega, es urgente atender las necesidades derivadas de la desaparición forzada, garantizando el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos y la protección integral de las mujeres buscadoras que realizan esta labor frente a riesgos, amenazas y violencias.
Asimismo, parar las redadas inhumanas y criminales del Instituto Nacional de Migración en México y la Agencia de Enforzamiento de Inmigración (ICE) en Estados Unidos y proteger y asegurar la inclusión de las más de 190,000 personas deportadas mexicanas y cerca de 13,000 personas deportadas a México de otras nacionalidades -con estimaciones que van hasta las 20,000 personas- durante 2025 hasta marzo de 2026.
En conferencia conjunta, también se alertó que la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no debería ser para beneficiar a billonarios y corporaciones, sino a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y a los derechos humanos, los cuales deberían prevalecer al centro de la relación comercial entre estos países.
No menos importante es la demanda de atención a las causas de la discriminación, el racismo, la violencia y el desplazamiento forzado de comunidades afro mexicanas e indígenas, incluyendo los más de 2,000 desplazados de Chilapa, Guerrero, en el mes de mayo; así como la criminalización y el asesinato de defensores de derechos humanos, enfatiza el texto.
También es urgente una política de gobierno que priorice el medioambiente y los derechos humanos sobre las inversiones en proyectos extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres. Actualmente nos encontramos experimentando la devastación de la selva maya y los océanos a manos de un modelo de “desarrollo” que prioriza las ganancias de las corporaciones frente a la protección de la vida en todas sus formas.
JUSTICIA AMBIENTAL.
La justicia ambiental es otro pendiente: como muestra están los impactos del cambio climático, cada vez más intensos, que afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables; las comunidades desplazadas climáticas; otros procesos internos de migración forzada por el despojo de tierras y bienes naturales y un contexto nacional adverso y de alto riesgo para activistas ambientales y defensores de la tierra: tan sólo en 2025 perdieron la vida 10 personas haciendo esta labor, mientras que se registraron 314 agresiones específicas (por ejemplo difamación, estigmatización, intimidación y amenazas).
“Cuando hablamos de justicia, no sólo nos referimos a la social o la ambiental. Se trata, ante todo, de un derecho colectivo, porque lo que está en juego es la vida, la integridad y la dignidad de las personas”.
Las organizaciones firmantes hacen un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos.
“Reiteramos que el mundo tiene los ojos puestos en los países sedes del mundial, no sólo por el evento deportivo sino como ojos vigilantes ante la falta de actuación frente a temas cruciales para la sociedad”.