En Yucatán las “granjas” de cerdos ascienden a más de 500; aumentan los problemas ambientales y sociales
“Se está descubriendo la magnitud de esta problemática”, señala la abogada Lourdes Medina, sobre un reciente diagnóstico de Semarnat · En el SUSMAI, expertas exponen los riesgos de esta industria en la región y denuncian su cercanía a poblados · Autoridades promueven la industria y criminalizan a activistas, señalan
emergencia socioambiental
Granja de la empresa Keken, a ta sólo 1 km del poblado de Sitilpech. A tan sólo 6 km de distancia, la contaminación del aire ya afecta a las personas, advierte Karen Hudlet.
Un cerdo produce cuatro veces más heces que un humano y toneladas de esos desechos se están acumulando en Yucatán, que se ha convertido en uno de los mayores productores de esta carne, que se exporta (50%) a Japón, Corea del Sur, EU, Canadá y Hong Kong.
La expansión de las mal llamadas “granjas” porcícolas –no son granjas, sino sistemas de confinamiento para su engorda o “fábricas de cerdos”– en la Península de Yucatán conlleva a impactos ambientales, como la contaminación de acuíferos –incluidos cenotes–, deforestación y problemas asociados con pérdida de biodiversidad y daños a los ecosistemas, expusieron especialistas en la mesa “Impactos socioambientales de las mega granjas de cerdos en zonas kársticas”, realizada por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.
Lee tambiénMinería en México, un mal para el ambiente, la sociedad y la economía nacional
Un impacto nocivo adicional es la contaminación atmosférica: el olor está desquiciando a los pobladores cercanos: a sólo 6 kilómetros de distancia ya impacta en la salud de la población y existen 190 –de las más de 500, de acuerdo a un reporte preliminar oficial– en este rango, expuso Karen Hudlet, académica de la Universidad Clark, especialista en industrias extractivas y agronegocios. La contaminación del aire genera dolores de cabeza, náuseas, secreción nasal, tos, dificultad para respirar; además, produce tensión, confusión, depresión y fatiga, dijo.
NO SON GRANJAS.
De acuerdo con Rafael Olea, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnicamente de la Universidad, los especialistas y ciudadanía están en espera del diagnóstico que prometió el gobierno estatal y la Semarnat, en junio de 2022, cuando firmaron un acuerdo de ordenamiento territorial, granjas porcícolas y zona federal marino-terrestres. Aunque no es aún oficial, la Semarnat habría identificado 507 proyectos de esta industria en el estado, adelantaron los ponentes. Adicionalmente, sólo 14 de estos cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental, e incluso han sido aprobadas ilegalmente, como en el caso del poblado de Homún.
Hasta en Áreas Naturales Protegidas pululan estas “granjas”, que no son granjas (hay 43 en cuatro de éstas).
Lee también“Si tuviéramos acceso a la justicia, el Tren Maya ya estaría detenido”
“Hay que decirlo como es: no son granjas, sino operaciones concentradas de alimentación animal (CAFO, por sus siglas en inglés), naves de confinamiento animal, que incluso ha desplazado de la porcicultura campesina”, dijo Yameli Aguilar, del Inifap.
Denuncias de maltrato animal sobran. De acuerdo con Hudlet, en estas “fábricas de cerdos” se les confina “para nunca salir” en cantidades de hasta dos mil en espacios de seis metros cuadrados, agregó. “El sistema es el de fábricas de carne, donde se dedican además a la explotación de la vida humana, de trabajadores, así como de animales y naturaleza”.
¿Por qué ha crecido la industria en Yucatán?
Según un informe del 2020 de Greenpeace, se tenían registradas 257 “granjas” porcícolas, de las cuales 47 por ciento se encuentran en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, recordó Marisa Mazari, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y coordinadora del SUSMAI.
Recordó además que la degradación ambiental y el impacto en las comunidades ha generado movilizaciones y rechazo de las comunidades, puesto que el crecimiento de esta industria –un 39% entre 2016 y 2018– ha sido sin consulta previa.
TERRITORIO POROSO.
Pero, ¿por qué tanta mierda es un problema en la región? Con un lenguaje más decoroso, la investigadora Yameli Aguilar Duarte, explicó que el territorio tiene suelos delgados (leptosoles) y de alta porosidad (kársticos), donde el agua subterránea fluye con más facilidad. Es tanta la carga orgánica de las aguas residuales en la región que los suelos no soportan el riego, advierte la también perita ambiental.
“No hay sistema que pueda soportar ese volumen de agua residual y menos en zonas con suelos delgados, extremadamente pedregosos y un subsuelo karsificado, con conductos, oquedades y cenotes, puesto que es imposible que retengan y transformen tantos volúmenes de desechos”, señaló la investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).
Habitantes de Sitilpech (Izamal) se han manifestado continuamente y han sido reprimidos por las autoridades.
Enfatizó que esto genera la contaminación de cuerpos de agua, degradación de suelos por salinización, pérdida de biodiversidad, los malos olores que llegan a la gente que vive cerca, el impacto a la salud pública y el impacto a las actividades económicas como la apicultura, la milpa y el turismo alternativo.
Por si fuera poco, el confinamiento animal como este es un ambiente propicio para la mutación de nuevos virus, como el de la influenza porcina surgido en 2009 AH1N1, recordó. Además, la industria no sólo contamina el agua, la consume de manera importante: para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se necesitan 6 mil litros.
Por otra parte, añadió, la industria dice que cuentan con un sistema de tratamiento de aguas, pero “también sabemos que no funcionan adecuadamente, basta ver imágenes de Google Earth para comprobar cómo han sido desbordadas, más aún cuando hay tormentas y lluvias fuertes”.
Lee tambiénTren Maya afectó reserva de Los Tuxtlas e impactará arrecifes de Q. Roo
CISMA SOCIAL.
El crecimiento de la industria está generando un problema de salud pública que está siendo soslayada por las autoridades. Ante ello, ciudadanos de Yucatán han salido a las calles.
Un caso reciente que se ha hecho público en torno a este problema es el de manifestantes del poblado de Sitilpech (a menos de 1 kilómetro de una fábrica porcícola de la empresa Kekén), quienes fueron desalojados con violencia por la policía e incluso activistas están siendo procesados por el bloqueo de una carretera. En el poblado, dice la científica, “la peste les impide vivir en armonía”.
Lamentable toda información científica recabada para mostrar los impactos en la industria “no han servido por el racismo ambiental, donde los gobiernos municipales y estatales se han enfocado a apoyar esta industria”, expresó Aguilar Duarte.
El problema se recrudece en muchas de estas comunidades indígenas mayas. “Hay una clara violación de los derechos humanos”, señala por su parte Lourdes Medina, abogada y consultora internacional en derechos humanos, así como asesora jurídica de diversos pueblos mayas de Yucatán.
Granja de la empresa Kekén.
Violaciones a su derecho a la libre determinación, a la autonomía del pueblo maya, a una consulta, a un medio ambiente sano, al interés superior de las infancias, al acceso a la justicia, entre otros.
A lo largo de las últimas dos décadas, agregó, se han registrado despojos territoriales para la construcción de estas “granjas”; un caso positivo fue el de la localidad Homún, en 2013, donde se detuvo la puesta en marcha de uno de estos complejos.
Añadió que de las 507 que serían registradas por la Semarnat, sólo 14 tienen Manifestaciones de Impacto Ambiental. Es decir, “son casi 500 granjas en ilegalidad”.
AUTORIDADES “PORCINAS”.
La especialista legal señala que en los últimos años la industria en el estado ha crecido bajo el cobijo de los gobiernos priistas y enfáticamente bajo el del panista Mauricio Vila.
Incluso, el gobierno estatal, agregó, ha realizado eventos públicos para premiar a esta industria, en tanto que ha criminalizado a los manifestantes, como en el caso de Sitilpech, ubicado en el municipio de Izamal.
Pero también es una responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos estatal, que ha sido omisa; de las autoridades federales por emitir permisos, y al Poder Judicial, porque están tomando criterios que restringen los derechos humanos a los pobladores, como en Sitilpech, y les han negado recursos como el amparo en contra de estas industrias.
Lourdes Medina Carrillo finalizó enfatizando que, si bien Greenpeace contabilizó alrededor de 250 granjas en 2020, no significa que se hayan duplicado en tres años, si no que las demandas ciudadanas han orillado a las autoridades a realizar un registro y orden territorial que se desconocía. “Se está descubriendo la magnitud de esta problemática”.