La noche del lunes 27 de abril, dos transformadores se incendiaron en El Coyol y el suministro eléctrico se cayó simultáneamente en colonias del puerto, Boca del Río y Xalapa.
La Comisión Federal de Electricidad necesitó 28 trabajadores y nueve vehículos para restablecer el servicio. Diez días después, otro apagón dejó sin energía a la zona norte del puerto hasta entrada la mañana del 8 de mayo.
Ese mismo día, la gobernadora Rocío Nahle García reconoció el problema y anunció que negocia con la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, que la planta Tuxpan Fase I, aproximadamente 1,056 megawatts de capacidad y 12 mil 157 millones de pesos de inversión, conforme al acuerdo CA-049/2020 del Consejo de Administración de la CFE, abastezca prioritariamente al Estado.
La planta forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero del año pasado: 740 mil millones de pesos de inversión total, 32 gigawatts adicionales de capacidad y un esquema que reserva 46 por ciento de la generación al sector privado. El 11 de mayo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó tres instrumentos complementarios para acelerar precisamente esa inversión privada.
Lo que se desmonta del otro lado
Mientras la gobernadora suma generación, el ayuntamiento del puerto desmonta eficiencia energética. El 1 de abril, el Cabildo encabezado por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo amenazó con una supuesta requisa administrativa al primer instrumento APP municipal del país: la concesión de alumbrado público otorgada en 2017 a Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V., que sustituyó, a 44 mil 535 luminarias de vapor de sodio por equipos LED fabricados bajo estándares internacionales que actualmente opera y mantiene funcionando.
El contrato está registrado ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, validado por CFE y auditado por PWS, bajo modalidad ESCO, donde el inversionista arriesga su capital y solo cobra si hay ahorro energético verificable.
El municipio pretende justificar su proceder con un argumento de “ahorro” de 16 millones de pesos mensuales. La cifra es engañosa: incluye el pago de energía a CFE, operación, mantenimiento y amortización de la inversión privada que el municipio no realizó.
Antes de la APP no había ningun postor dispuesto a invertir sus propios recursos en levantar la red de alumbrado público del puerto y modernizar la tecnología de las luminarias. De no haberse realizado el proyecto de eficiencia energética, el municipio estaría consumiendo 2.55 Mw/h mensuales que significan cerca de $27 millones de pesos y no los 0.79 Mw/h que se consumen hoy en dia y por los que se pagan $16 millones, es decir se ahorra dinero y se liberó alrededor de un 68% del consumo de energía, un total de 1.76 Mw/h por mes, representando un total de 169 Mw/h liberados del sistema de CFE durante los 8 años que lleva la operación del proyecto.
Fallas extrañas
Después de la presunta requisa, las luminarias empezaron a fallar. José Patricio Franceschi Marín, titular municipal de Alumbrado Público, reconoció el 20 de abril que de las 60 mil luminarias del municipio, 44 mil 500 corresponden a la concesión requisada y “extrañamente han estado registrando fallas” desde el inicio del proceso.
La concesionaria, por su parte, sigue operando las luminarias, atendiendo reportes y corriendo con los gastos operativos; entregó al Cabildo, con copia a SEFIPLAN, ORFIS y SHCP una propuesta que incluye operación y mantenimiento a las 60,000 luminarias -tanto las del ayuntamiento como las operadas por el proyecto-, donaciones complementarias y soporte técnico todo esto sin costo adicional para el municipio. Hasta el cierre de esta nota, sin respuesta formal.
El precedente y la pregunta
La sustitución de alumbrado público por tecnología LED no es ocurrencia local. El Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, ejecutado por la Conuee en convenio con Sener, CFE y Banobras desde 2010, ha brindado asistencia técnica a más de 950 municipios en 29 estados.
Veracruz figura, junto con Jalisco, como participante histórico mayor. Es política federal sostenida durante 15 años y tres administraciones, dentro de la cual la APP del puerto era el primer caso municipal del país con financiamiento privado bajo fideicomiso registrado en Hacienda.
Los apagones que la gobernadora intenta resolver con más generación nacen, según la propia mandataria, del crecimiento de la demanda. Reducir la demanda mediante eficiencia energética es la otra cara del problema, y el alumbrado público es uno de los rubros donde un municipio puede medirla directamente. Si la APP se sostiene, el puerto reduce su carga sobre la red CFE y libera capacidad para otros usuarios, exactamente lo que la planta Tuxpan Fase I busca lograr por el lado de la oferta. Si se desmonta sin un esquema técnico equivalente, el puerto se vuelve más demandante de una red que ya está al límite.
El miércoles pasado, Moody’s degradó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, último escalón antes del grado especulativo. En ese contexto, las decisiones municipales que rompan instrumentos contractuales registrados en Hacienda cobran una dimensión que rebasa el plano local. La conversación, hasta ahora, se ha planteado en términos políticos.
El frente técnico, la métrica del ahorro energético, su efecto sobre la confiabilidad de la red y la señal que envía a la inversión privada que el Plan Energético necesita debe también ser parte relevante de la discusión. Porque proyectos que ahorran energía en las calles y recursos para la ciudadanía representan más energía disponible para los hogares y la industria que genera empleos.
