“Cuarta Transformación” pega en el bolsillo de investigadores

2019-01-20 21:21:52

En los próximos meses, cuando Gerardo Herrera Corral visite el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), en Ginebra, Suiza, para asistir las investigaciones del grupo de mexicanos que participan en el proyecto de física de partículas más importante del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), tendrá que “pagar” por hacerlo. Al igual que otros de sus colegas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) habrá tenido que pagar su propio seguro de gastos médicos mayores, requisito indispensable para todo científico que participa en este tipo de proyectos internacionales, así como aquellos que realizan estancias posdoctorales o estancias sabáticas.

La pérdida del seguro médico de los científicos del Cinvestav, así como de otras prestaciones e incluso una disminución de su sueldo, forman parte de consecuencias de la nueva Ley de Remuneraciones, en la cual los investigadores nacionales que dependen de una institución gubernamental —como el Cinvestav y el IPN de la SEP, o los Centros Públicos de Investigación de Conacyt— deben estar sujetos a las mismas disposiciones que cualquier otro funcionario público. Tan sólo en el Cinvestav se afectaría a cerca de 600 investigadores sin contar auxiliares académicos y técnicos; en los Centros Conacyt son más de dos mil quinientos investigadores.

Aunque la figura administrativa de los científicos es distinta a los funcionarios de gobierno, directivos o legisladores, se les ha metido en el mismo saco; el problema es que el sueldo neto de los investigadores es, en la mayor parte de los casos, el entramado de una suma de prestaciones y compensaciones que no contempla la nueva ley, por lo que su pago podría ser considerado un delito. Esto ha expuesto un problema de origen que ahora está golpeando el bolsillo de estos académicos.

El desconcierto, incertidumbre y enojo de muchos investigadores crece, principalmente porque no ha habido un acercamiento del nuevo gobierno para esclarecer el panorama, porque muchos ni siquiera han tenido uno con los propios directivos de sus centros —algunos incluso se encuentran acéfalos— y porque mientras se aclara o no la situación, muchos ya llevan un par de quincenas con recortes en su sueldo.

Crónica presenta testimonios de investigadores del Cinvestav y de los Centros Conacyt, algunos de los cuales se están movilizando para crear sindicatos u obtener amparos contra la nueva ley.   

CINVESTAV. El problema de la crisis salarial y pérdida de poder adquisitivo de académicos e investigadores se agudizó en la década de los ochenta, lo que generó una fuga de cerebros, refiere Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, Sede Sur. Para contrarrestarlo se crearon estímulos salariales y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y así hacer el salario académico nuevamente competitivo. “Todas las instituciones tienen sus propios programas de estímulos, aunque perversos, puesto que no son recursos que se agregan a las prestaciones sociales y no se toman en cuenta para la jubilación”. A su vez, es por ello que los investigadores de mayor edad no se jubilan y mantienen un cuello de botella que impide a los jóvenes obtener una plaza en universidades y centros de investigación.

“Los investigadores no queremos hacernos ricos, puesto que nuestro trabajo académico tiene el propósito de impactar a la sociedad. Por otra parte, todos estamos a favor de reducir gastos, mejorar la transparencia y eliminar los privilegios de funcionarios públicos, pero la ley se debió hacer con bisturí y no con machete, en vez de hacer un análisis y diferenciación de casos, fue parejo”, dice la joven investigadora.

“En el Cinvestav tenemos un salario base, definido por la categoría y antigüedad, que en mi caso es alta, de 27 años, el cual no alcanza ni la mitad del salario del Presidente”, señala por su parte Gerardo Herrera, pionero de la participación de México en el proyecto del LHC. “Otro componente de nuestros ingresos es a través de becas, basadas en el desempeño y productividad, al cual ahora se le va a aplicar el ISR (Impuesto Sobre la Renta), lo que significa una reducción del 18 por ciento, lo que también afecta a empleados y personal del Cinvestav. Nadie nos advirtió que esto se iba a aplicar”.

Por otra parte, refiere que para los investigadores el seguro de gastos médicos mayores representa un instrumento de trabajo y no un privilegio, como es el caso para diputados o funcionario. “Nosotros en el CERN trabajamos en un espacio confinado, en un experimento de alto nivel bajo tierra y expuestos a radiación, no se nos puede considerar de la misma forma, ofende la comparación. En Ginebra no hay ISSSTE y nos hemos enfermado allá, por lo que requerimos acudir al médico, entonces el seguro de gastos médicos no es un privilegio”. 

Pero ¿porque se considera a los científicos como funcionarios? “La naturaleza jurídica del Cinvestav es la de un organismo público descentralizado del gobierno federal, entonces equivalemos a cualquier otra institución aunque estemos en otra área, ahí tenemos un problema”, señala José Mustre, director del Cinvestav.

“La solución sería que el decreto que creó al Cinvestav cambiara la figura jurídica por una que no contemple a los académicos como servidores públicos del gobierno federal, sino como profesores de una universidad autónoma, puesto que realizamos las mismas tareas. Debido a que fuimos creados por decreto presidencial, se requeriría que la Presidencia misma generara otro decreto, lo cual no es trivial”. Mustre señala que como institución coordinan algunos esfuerzos para contrarrestar las nuevas disposiciones de la ley, aunque no tienen recursos adicionales para hacer mucho.

Los investigadores del Cinvestav no están sindicalizados, no obstante, distintos grupos han tenido reuniones, algunos han contratado seguros colectivos y otros se han amparado contra la nueva ley. Herrera apunta además que la dirección del centro no ha tenido contacto con los investigadores, quienes no descartan la formación de un sindicato, puesto que “deben organizarse porque esto no ha terminado y vienen medidas que nos afectarán”.

CENTROS CONACYT. El sistema de Centros Públicos de Investigación de Conacyt se conforma por 27 instituciones repartidas a lo largo del país, cada una con distintas vocaciones de investigación y cada una enfrenta ahora afectaciones, algunas comunes y otras particulares debido a la Ley de Remuneraciones.

Los investigadores de los Centros Conacyt tienen sueldos más bajos que los de las universidades, señala Juan Martínez Gómez, del Instituto de Ecología (Inecol) y entre los académicos hay incertidumbre sobre qué ocurrirá con las primas de antigüedad y otras prestaciones. “Veremos cómo se aterriza la nueva ley en los próximos meses”. Apunta que los Centros Conacyt son de los centros de investigación más eficientes del país, son punteros en su productividad, en la generación de artículos científicos así como en la generación de soluciones.

Refiere que antes de emitir la ley, los legisladores debieron consultar a la comunidad científica, puesto que los esquemas entre centros de investigación y universidades son distintos. “Necesitamos mesas de trabajo con los legisladores y la SEP para que nos escuchen, puesto que para modificar un sistema hay que conocerlo y nosotros somos quienes lo conocemos mejor, será además una oportunidad para explicarles cómo hacemos nuestro trabajo”.

En el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) los investigadores obtuvieron un amparo contra la ley para prevenirse, señala el investigador José Luis Hernández. A finales del año pasado, un abogado de Conacyt se reunió con el personal de la institución y les recomendó obtener el amparo, lo cual les permitió obtener íntegros sus pagos y prestaciones hasta ahora. Relata que la visita de dicho abogado tenía otro propósito, sin embargo, se aprovechó para hablar con el personal y prevenirse. “En estos días todo ha estado lleno de confusión y desinformación”.

El escenario es más complejo en otros centros, como en el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), donde a algunos investigadores les redujeron en un 40 por ciento el monto de sus prestaciones, como caja de ahorro y apoyo en la adquisición de materiales. Adicionalmente, perdieron su seguro de gastos médicos mayores.

“Y es que el pago de prestaciones de acuerdo con el reglamento interno de trabajo del CIO no es un documento aprobado por Hacienda”, señala el investigador Luis Armando Díaz. Al parecer las prestaciones que teníamos, a lo largo de 20 años, no estaban regularizadas, pero nunca se nos informó de ello y simplemente dejaron de pagarnos. Entiendo que no es sólo por la nueva ley, sino como consecuencias del mal manejo en administraciones pasadas”.

Por si fuera poco, en el CIO también enfrentan otro problema; se ha mantenido con una dirección interina, después de que en junio del año pasado renunciara su director. Entonces, no hay diálogo con ésta puesto que podría estar de paso, es una incertidumbre más. El investigador señala además que este tipo de afectaciones también han permeado a muchos trabajadores de base. “Estas medidas no fueron analizadas y programadas y merecen una revisión, hacerlo de manera escalonada, ordenada y no a rajatabla”.

CONSECUENCIAS. Para Gerardo Herrera, con los recortes a sus prestaciones y salario, su sueldo es menos competitivo en Europa, por ejemplo, donde es tres veces más alto. “Este tipo de escenario abre la posibilidad de una mayor fuga de cerebros, puesto que para los científicos puede volverse menos atractivo quedarse en el país”.

Alma Maldonado señala que además del caso de los científicos en el CERN, aquellos que realizan sus sabáticos requieren coberturas médicas. “Además, compañeros de las Unidades Saltillo y Mérida nos han dicho que requieren este tipo de servicios porque hay pocos hospitales en sus ciudades. Estas medidas a rajatabla no ayudan a nadie”.

La especialista en educación menciona que hacer ciencia nuca ha sido barato, por lo que los países requieren invertir en la formación de investigadores, en sus condiciones de trabajo, su infraestructura, condiciones y materiales que no son baratos. “Este panorama es un muy mal mensaje para atraer talentos jóvenes a la investigación, de que las condiciones no serán ventajosas como las fueron en otro momento; también es un mal mensaje para aquellos que están haciendo sus posgrados en el extranjero, quienes podrían no regresar”.

Pero el mayor impacto tendría un efecto en el mediano y largo plazo, dice, y la crisis de los ochenta es un antecedente que debe tomarse en cuenta. “Aún cuando se creó el SNI hubo un hueco en una generación de académicos que se fueron del país. Por otra parte, recordemos que este año hubo recortes en el presupuesto de ciencia, lo cual se suma a un panorama nada positivo para los investigadores”.

 
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