Ana Guadalupe Sarabia, vecina afectada por el desarrollo vertical “Casa Tejeda”, construido por la desarrolladora Grupo Aravel y la familia Aragonés, anuncia que viajará a Ciudad de México para solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su objetivo es pedir al ministro presidente Hugo Aguilar que atraiga la revisión del amparo que mantiene suspendida la ejecución de la sentencia civil que la favorece.
De acuerdo con Sarabia, la solicitud busca “garantizar acceso a la justicia, reparación integral y eficacia de las sentencias”, luego de que su caso permaneciera detenido a pesar del fallo de un juzgado civil a su favor.
El caso se remonta a 2018, cuando la construcción del complejo “Casa Tejeda”, colindante con la vivienda de Sarabia Vargas, provocó daños estructurales progresivos en su propiedad. Un año después, Protección Civil y Bomberos recomendó desalojar el inmueble por riesgo, lo que dejó a la familia sin hogar y sin sustento, pues los negocios que operaban en la finca también quedaron destruidos.
En 2022, un peritaje atribuyó los daños directamente a la constructora y posteriormente el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil emitió una sentencia condenatoria en favor de la afectada, reconociendo la responsabilidad del desarrollo inmobiliario.
Aunque Sarabia logró una resolución civil favorable, su ejecución quedó suspendida por un amparo. En conferencia de prensa, explicó que “el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil, a cargo del Juez Marco Antonio Vignola Conde, concedió una suspensión dentro del Juicio de Amparo 1169/2025, lo que obstaculiza el cobro de la sentencia civil mientras se tramita el amparo”.
Según la afectada, la suspensión fue promovida por Mónica Santos Torres, quien “no es parte en el juicio civil de origen”, lo que, señala, podría constituir una estrategia dilatoria en beneficio de la inmobiliaria.
Otro punto cuestionado fue la garantía fijada para otorgar la suspensión: 30 mil pesos, pese a que la sentencia civil reconoce un daño cercano a los 3 millones de pesos. Ese diferencial, sostuvo, “vuelve ilusoria la reparación mientras dure la medida”.
Tras señalar lo que considera irregularidades en el proceso judicial, Ana Guadalupe Sarabia confirmó que pedirá audiencia en la SCJN para exponer su situación y solicitar la atracción del amparo. Argumenta que su caso evidencia un problema mayor: el desplazamiento de familias provocado por desarrollos de vivienda vertical y la necesidad de evitar que medidas cautelares de amparo dejen sin efecto sentencias ya ganadas en tribunales civiles.
Con el viaje a la capital del país, la afectada busca que su expediente sea revisado con perspectiva de reparación integral y que, dijo, “no se convierta en letra muerta una resolución condenatoria ya obtenida”.