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Al menos 17 empresas agroindustriales concentran la mayoría de las concesiones de agua subterránea en la región Altos Norte de Jalisco, una situación que podría comprometer el acceso al agua para miles de habitantes y pequeños productores. Así lo advierten especialistas del Centro Universitario del Sur (CUSur) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quienes presentaron la plataforma digital Agua en Los Altos de Jalisco: riesgos de acaparamiento y contaminación en un contexto de cambio climático, reseñada también por la Gaceta de la Universidad de Guadalajara.
La plataforma detalla que el 70% del agua subterránea en la región se destina a fines agroindustriales, en un entorno caracterizado por la sobreexplotación de acuíferos, una creciente contaminación por arsénico y fluoruros, y una alta vulnerabilidad al cambio climático, especialmente en los municipios de Altos Norte, donde el 99.1% del territorio es semiárido y con alto riesgo de sequía.
El estudio también señala la existencia de una estructura desigual en el acceso al agua: grandes corporativos agrícolas han acumulado concesiones equivalentes a millones de metros cúbicos anuales, mientras pequeños productores enfrentan costos elevados, trámites complejos y falta de apoyo técnico para perforar pozos o acceder a derechos de agua.
Un ejemplo es Proteína Animal (PROAN), empresa con sede en San Juan de los Lagos, cuyos propietarios y familiares concentran 75 concesiones en cuatro municipios, que en conjunto suman más de 10 millones de metros cúbicos anuales. Esta empresa es una de las principales productoras de huevo a nivel mundial y forma parte de un modelo de producción intensiva en Los Altos que, en 2023, generó el 48% del huevo nacional, además de contribuir de forma significativa a la producción de leche y carne de cerdo.
El análisis también denuncia la existencia de un mercado informal de concesiones, sostenido por un sistema de intermediarios o “coyotes”, algunos de ellos exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes agilizan trámites a cambio de pagos y favores. Esta red de prácticas, según testimonios, favorece sistemáticamente a las empresas más poderosas y deja fuera a los productores con menos recursos.
Además, el documento destaca la debilidad institucional para regular las extracciones de agua. Muchos pozos no tienen medidores, y existen casos en los que un mismo permiso es usado para operar varios pozos de forma irregular. A ello se suma la incertidumbre que enfrentan los pequeños productores: el costo de perforar un pozo puede superar el millón de pesos, sin garantía de encontrar agua.
En este contexto, el derecho humano al agua se ve obstaculizado por una combinación de factores: mercantilización del recurso, falta de supervisión oficial, presión agroindustrial y cambios climáticos cada vez más extremos.
Por otra parte, el conflicto por la Presa El Zapotillo también es abordado como un ejemplo de las contradicciones en la política hídrica. Aunque el proyecto prometía abastecer a catorce municipios alteños con 1.8 m³/s, los propios directivos municipales afirmaron no haber recibido información oficial clara, y en algunos casos, ni siquiera requerían el agua. La calidad del agua, su potabilización y la infraestructura para su distribución quedaron en la incertidumbre, lo que generó rechazo en localidades como Lagos de Moreno.
En 2021, tras negociaciones con las comunidades afectadas, el gobierno federal canceló el acueducto a León y presentó un plan de reparación integral para Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los pueblos que serían desplazados por la presa.
El caso de Los Altos evidencia una problemática estructural en torno al acceso al agua en México, donde los grandes intereses económicos pueden desplazar a comunidades rurales y limitar el ejercicio del derecho humano al agua. La plataforma Agua en Los Altos ofrece datos, mapas y testimonios que buscan hacer visible esta situación y abrir el debate sobre una gestión más equitativa y sustentable del recurso hídrico.