Vecinos de nueve colonias de la alcaldía Benito Juárez, que recibieron agua contaminada en sus hogares hace un año, exigieron denuncias, enjuiciamientos y renuncia de múltiples funcionarios que, acusan, ocultaron la información de que en el pozo Alfonso XIII se almacenaba líquido con diésel.
Las demandas de los habitantes en contra de la titular de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRPC), Myriam Urzúa, el exjefe de Gobierno, Martí Batres y el extitular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona, surgió luego de que recibieron la noticia de que el contaminante es diésel degradado de más de 30 años de antigüedad.
Cuando inició la problemática, Batres afirmó que tras un estudio elaborado por el extinto Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) se determinó que en el pozo había la presencia de una sustancia perteneciente a la familia de los aceites y lubricantes.
Posteriormente, la alcaldía Benito Juárez realizó otro análisis y detalló que en agua se hallaba algún tipo de diésel, a lo que el Sacmex presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto sabotaje, dado que, acusaron, las empresas que estudiaron el agua no cuentan con experiencia para realizar pruebas de laboratorio y no están certificadas para ello, por lo que los resultados difundidos no son confiables.
A través de su comisión de transparencia, el organismo decidió que se ocultaran los estudios del líquido por un plazo de tres años y con ayuda de la Guardia Nacional, clausuraron el pozo.
Ante el cambio de información y la divulgación del aviso de que los niveles de carbono del agua del pozo eran elevados, los vecinos reclamaron:
“Myriam Urzúa expuso a los vecinos al diésel, fingió que atendía la salud, sabiendo que su actuación era deficiente y omisa en sus responsabilidades. Dijo que era potable, debe renunciar e iniciar un juicio. Urgimos a la Fiscalía iniciar una investigación por su actitud criminal, nos dijo que éramos insignificantes y así nos trató, con desprecio a la vida y a la salud; que renuncie”, dijo Alicia Camps.
“Rafael Carmona debe de ser investigado y enjuiciado por poner en peligro la salud de cientos de miles de personas y no le importó que el diésel sea tóxico y cancerígeno. Los únicos análisis serios que se hicieron arrojaron cloroformo, diclorobenceno y tricloroetileno y con eso nos estuvimos bañando. Fungió que lavar las cisternas con agua y jabón era suficiente”.
En ese entonces, la empresa VASA Instalaciones dio a conocer un estudio en el que aparentemente existían hidrocarburos en el agua que se distribuyó en la alcaldía Benito Juárez, análisis realizado a través de tres muestras de líquido tomadas en distintos puntos de la demarcación.
De acuerdo con el corporativo, se realizó un tratamiento de oxidación férrica más floculación; el estudio se ejecutó con dilución al cinco por ciento de concentración sobre muestras de 100 mililitros de agua contaminada.
Las tres muestras arrojaron contaminantes orgánicos derivados del petróleo en diferentes proporciones, con variación de entre un siete a un 20 por ciento, que en combinación de cloro se pueden generar subproductos cancerígenos. Dicho tratamiento se aplica para tratar aguas residuales con alto contenido de contaminantes orgánicos e inorgánicos.
“Martí Batres, él más que nadie fue el responsable de las decisiones, su actuación irresponsable, fue omiso y criminal; exigimos a la Fiscalía que investiguen su actuación y que enfrente la justicia, a un año ni perdón ni olvido”.
“Queremos saber el programa de remediación que tenían la obligación de implementar, de no existir, las consecuencias legales y penales deben de ser para todos los funcionarios, por arriesgarnos y a nuestras mascotas”.
Además, exigen un estudio de las afectaciones a la zona, flora y fauna, por medio de metodología específica, especialistas, que detallen las consecuencias de los mantos freáticos y acuíferos.
También piden que se les entregue el análisis original donde se detectó el diésel, con información del origen de la contaminación y la participación de dependencias como Pemex, Defensa y Secretaría del Medio Ambiente, en la que se justifique la no declaración de emergencia sanitaria y sustento legal de las decisiones tomadas, luego de que varios vecinos sufrieron afectaciones en la piel por estar en contacto con el agua con combustible.
Para la reparación del daño, solicitan que se realicen análisis con técnicas avanzadas, como UV, IR y espectrometría de masas, respaldados por normas EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos); “no vamos a aceptar que traten de engañarnos de nuevo”.
“Queremos saber qué pozos están conectados entre sí en el Manto freático, dónde tiraron el agua contaminada con diésel y cómo limpiaron, antes de tirarla, esa agua contaminada. ¿A dónde llevaron el líquido que sacan a diario en pipas y cómo lo están tratando”, dijo Cristina Montemayor.
Reclaman que durante cinco años, a partir del inicio de la problemática, debe de ser condonado el pago del agua, a causa de los gastos generados por limpieza y daños a la salud que desembocó su contacto con el líquido.
El pliego petitorio será entregado en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, así como en las del Gobierno federal.
Vecinos ganan amparo al GCDMX
Previo a que difundiera que el contaminante en el agua se trataba de diésel, los vecinos afectados de la alcaldía Benito Juárez fueron beneficiados con un amparo promovido por la justicia federal, que obliga al Gobierno de la Ciudad de México a revelar el informe de los componentes del líquido almacenado en el pozo Alfonso XIII y que recibieron los habitantes de varias colonias.
En el fallo, se establece que las entonces autoridades del Gobierno capitalino, dirigidas por Martí Batres, actuaron de manera irregular.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Lammoglia Abogados, quien es la defensa de los colonos, mencionó que la orden judicial ordena a las autoridades a establecer medidas de saneamiento de la red hidráulica, inspecciones técnicas a la infraestructura y remediación del daño, además de establecer las sanciones correspondientes a los responsables de que se repartiera agua contaminada en las viviendas de la alcaldía.