El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un dictamen para reformar el Artículo 209 del Código Penal del Distrito Federal y aumentar el castigo por amenazas de uno a dos años de prisión o 360 días de multa, la pena se elevará al triple en caso de que haya agravantes.
Actualmente se castigan con penas de tres meses a un año de cárcel o de 90 a 360 días de multa, según el artículo 209 del Código Penal para la CDMX.
Esta propuesta fue enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el dictamen señala que, al que por cualquier medio amenace a otro con causarle un mal grave en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de uno a dos años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa.
Van contra quienes instalen bombas
Las penas se agravarán al triple cuando se difunda o compartan imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento u obtenidos mediante engaño; cuando el delito se comenta con arma de fuego o arma punzocortante.
Así como cuando el agresor sea integrante de algún grupo criminal o se cometa en contra de defensores o asesores jurídicos, con el propósito de obstaculizar, influir o afectar, y cuando alguien instale o detone bombas o explosivos, ya sea en instalaciones o vehículos.
El documento aprobado expone que las amenazas constituyen una de las manifestaciones más frecuentes de violencia y un mecanismo de intimidación que coloca a la víctima frente a la posibilidad de sufrir un daño en su persona, bienes o personas con quienes mantiene vínculos afectivos.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Inegi, señalan que se registraron 33.5 millones de delitos en el país en 2024, lo que representa el mismo nivel que en 2017 (33.6 millones), y al analizar el muestreo del delito de manazas, su incidencia delictiva incremento en la Ciudad de México, registrando un aumento de 5 mil 150 a 6 mil 954 eventos en dicho periodo.
“El mensaje es claro, la libertad de expresión jamás puede utilizarse como escudo para la violencia”, señaló el diputado panista Ricardo Rubio, al destacar que la reforma busca proteger la dignidad de las personas frente a nuevas formas de agresión que se propagan mediante fotografías, audios, videos y mensajes capaces de viralizarse en segundos, incrementando de manera exponencial el daño causado a las víctimas.
Durante su posicionamiento, el legislador panista Ricardo Rubio destacó que esta reforma no representa un simple ajuste técnico, sino un esfuerzo decidido del Estado mexicano para reconocer las amenazas como un delito grave; señaló que con ello se busca proteger la dignidad de las personas frente a nuevas formas de agresión.
La legisladora morenista Yuriri Ayala señaló que este dictamen fortalece el marco jurídico en la materia, tema que impacta en la seguridad, tranquilidad y libertad de las personas, ya que se trata de proteger no sólo la integridad física sino también la estabilidad emocional de quienes son víctimas de estas conductas.