El legislador Royfid Torres, de por Movimiento Ciudadano, propuso modificaciones a varias legislaciones para que se implemente la operación de la Agencia de Gestión Urbana en la ciudad de México con la finalidad de institucionalizar la coordinación técnica y operativa en la gestión de los servicios urbanos primarios y hacer más eficiente su ejecución,
Las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la Orgánica de Alcaldías, busca reestablecer este organismo como un órgano desconcentrado de la jefatura de Gobierno para atender de manera puntual peticiones ciudadanas.
Entre las que destacan la atención de fugas, bacheo, tandeo por pipas, socavones, banquetas dañadas, luminarias descompuestas, entre otros, que actualmente se demoran en ser atendidas, generando molestias, caos y sensación de abandono.
“La dispersión de responsabilidades post-extinción (de la AGU) generó vacíos operacionales y dificultades de coordinación. La excesiva centralización de facultades en la SOBSE, con una débil coordinación con las alcaldías ha generado un esquema de gobernanza urbana ineficaz; lo que no está claramente asignado, no se hace y lo que se centraliza en exceso, se retrasa”, señaló el legislador.
La propuesta también busca evitar la duplicidad de funciones e integrar un enfoque de Gobierno Abierto en la gestión, lo que implica transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, elementos que la administración actual omite y que son fundamentales para monitorear avances y generar confianza con resultados tangibles.
Royfid señaló que el objetivo es contar con una sola área responsable de organizar, supervisar y dar seguimiento a las tareas clave de mantenimiento urbano y atención de reportes ciudadanos.
“Esto generaría una articulación más eficaz entre el gobierno Central y las alcaldías, resolviendo los problemas urbanos cotidianos de manera más rápida y con mejores resultados”, dijo.
Actualmente, la Ciudad de México presenta un deterioro visible de su infraestructura urbana, lo que obstaculiza la atención oportuna y eficaz a los problemas cotidianos. Esta situación es síntoma de un modelo de gestión que ha perdido capacidad operativa y claridad en la toma de decisiones, generando una crisis urbana.
Tras la extinción de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) en 2018 sus funciones se dispersaron entre la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y las alcaldías, lo que también generó duplicidad de responsabilidades y procedimientos burocráticos que retrasan la respuesta institucional, dejando los rezagos urbanos atrapados entre competencias fragmentadas.
“La idea es construir una ciudad más segura, limpia y funcional, fortaleciendo la eficacia institucional y la confianza pública”, sentenció el coordinador de Movimiento Ciudadano.