Abogado de víctimas de la L12, obliga a sus clientes con cláusula de 4 mdp
Un abogado concentra a las víctimas que no han aceptado la reparación del daño por las afectaciones que sufrieron en la tragedia de la L12; una paradoja se ha generado: esta postura, argumentada como la única que puede lograr justicia y verdad para los afectados, no puede ser abandonada por las víctimas porque si cambian de representante legal tendrían que pagar de 4 millones a su actual abogado
Foto: EFE
Las víctimas del colapso de la L12, directas o familiares, que no han llegado a acuerdo con las autoridades capitalinas para reparación del daño están siendo representadas por un abogado que se blindó con una cláusula de recisión de contrato por 4 millones de pesos.
Una fuente vinculada con el desastre de la L12, reveló y mostró a Crónica la cláusula en la que el abogado, que representa a 14 víctimas, dos fallecidos y 12 lesionados, se vería beneficiado con la entrega de dicha cantidad si es separado del caso por decisión de sus representados.
El abogado es Teófilo Benítez, un jurista que ha aparecido cada vez más en los medios masivos de comunicación a raíz, precisamente, de que no todos los afectados por la caída de la otrora Línea Dorada del Metro, están de acuerdo con los montos de indemnización del G-CDMX e instancias privadas implicadas.
El abogado ha establecido que sus representados requirieron operaciones de cadera, piernas, entre otras, que, bajo su lógica, no están debidamente valuadas en el acuerdo reparatorio.
El abogado anunció que representaría a la familia de Brandon G., fallecido en la tragedia, y días después anuncia que representa a un grupo de ocho víctimas y familiares.
Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, presentó una denuncia penal y civil por los delitos de homicidio doloso y negligencia por la muerte de su hijo de 12 años.
Teófilo Benítez ha comentado que, en los casos en los que falleció un padre o madre, busca “una reparación del daño integral a toda la familia”, pues se dejó en el desamparo a la misma.
Una de las víctimas, Rigoberto N. ha señalado que le han puesto trabas para reconocerle las lesiones de carácter permanente que sufrió, y su defensa pidió la realización de dictámenes para valorar con precisión la reparación de daños.
En todos estos casos, el común denominador es la premura económica de las víctimas representadas por Benítez. En todos los casos, se deduce, la cláusula de separación por 4 millones de pesos hace inviable que puedan cambiar su representación legal.