Eslovenia ha aprobado una ley que permite la eutanasia para adultos que padezcan enfermedades incurables acompañadas de un sufrimiento físico o psicológico insoportable, según informó este sábado el diario Delo de Liubliana.
La ley excluye a personas con trastornos mentales, fue respaldada por el Parlamento tras años de debate y un referéndum consultivo.
La normativa fue votada este viernes, con 50 diputados a favor, 34 en contra y tres abstenciones. Su aprobación se produce tras una consulta popular celebrada en 2023, donde el 55 % de los votantes se manifestó a favor de regular legalmente esta práctica.
La ley otorga este derecho a personas adultas con plena lucidez mental, siempre que enfrenten un diagnóstico incurable que les provoque sufrimiento extremo o una condición de salud deteriorada sin posibilidad razonable de mejora.
El suicidio asistido, sin embargo, no será una opción en casos donde el dolor se derive exclusivamente de enfermedades mentales.
El proceso requerirá que el paciente solicite el procedimiento en dos ocasiones ante su médico, quien deberá presentar ambas solicitudes junto con su evaluación médica a una comisión especializada.
Esta comisión designará a un segundo médico independiente y a un psiquiatra, quienes deberán confirmar tanto el estado de salud como la capacidad del solicitante para tomar decisiones informadas.
Además, la ley establece que será el propio paciente quien deba ingerir o aplicarse la sustancia letal de manera voluntaria. El personal médico y farmacéutico involucrado podrá negarse a participar en el procedimiento si así lo desea.
Aunque la ley entrará en vigor dos semanas después de su publicación oficial, no podrá aplicarse de forma práctica hasta pasados seis meses, plazo previsto como período de adaptación.
Esta legislación es el resultado de una larga campaña impulsada por organizaciones que promueven el derecho a una muerte digna, quienes lograron que la propuesta llegara finalmente al Parlamento del país, miembro de la Unión Europea con una población cercana a los dos millones de habitantes.
En contraste, sectores conservadores y la Iglesia Católica han expresado su rechazo, argumentando que la vida debe ser protegida desde el nacimiento hasta la muerte natural. También han señalado la necesidad de fortalecer primero los servicios de cuidados paliativos.
Desde el gobierno, los partidos de izquierda, como los socialdemócratas (SD), defendieron la ley como un acto de compasión que refuerza la libertad individual y la dignidad humana.