En un mundo globalizado y cada vez más digitalizado, poco pueden hacer las autoridades nacionales para regular el torrente de información, cierta o falsa, que circula por internet. Sin embargo, Europa ha dado un paso innovador que puede cambiar las reglas del juego sobre el uso de internet, comercio electrónico y servicios digitales en su territorio y en el de muchos de los países que son sus socios.

La última semana se abril el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, integrados por legisladores y jefes de estado de 27 países, alcanzaron un consenso en la redacción de la primera Ley de Servicios Digitales para la Unión Europea, y ahora trabajan para sea ratificada por todos los congresistas nacionales y pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2024.

Esta nueva Ley nace a partir de la idea de que aquello que es ilegal afuera de internet, también se considere ilegal cuando se realiza dentro de la red.

A lo largo de dos años se ha negociado la redacción legal, con mucha presión y cabildeo de las grandes empresas tecnológicas, como Google, Facebook, Twitter, Apple o Amazon, que han llevado a cabo una campaña larga y dura para que la propuesta sea más amable con ellos.

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Al entrar en vigor, la ley castigará el robo o uso abusivo de datos de personas que hacen compras o consumen información en su computadora, tableta o teléfono celular. También se evitará que los publicistas usen, sin consentimiento, información muy personal de las personas que hayan podido manifestar por internet, como su religión, grupo étnico u orientación sexual. De este modo, se limitará la circulación de publicidad teledirigida.

También se combatirán las noticias falsas, robo de identidad y la venta de objetos y sustancias ilegales, así como versiones piratas de películas, música, libros y periódicos.

¿EFECTO HISPANOHABLANTE?

España es el único país hispanohablante que participó en la elaboración del proyecto de Ley, pero a través de ese país se modificará el juego de distribución y venta de contenidos digitales en otros 16 países del mundo donde se habla español.

El acuerdo sobre la nueva Ley establece la obligación que tienen las empresas de buscadores, y redes sociales para moderar sus contenidos y retirar los que se consideren ilegales. La ley prohibirá recopilar datos sobre raza, ideología o creencias religiosas, los anuncios dirigidos a menores o los llamados "patrones oscuros", que son tácticas de diseño de la interfaz dirigidas para engañar al usuario y que acepte que se rastree su información.

También se crea un mecanismo que se puede activar en caso de crisis sanitaria y militar para frenar olas de desinformación que pueda amenazar la salud o la seguridad pública.

En la vida diaria, esta nueva ley implicará, entre otras cosas, que toda la información falsa o contenido ilegal que circula por internet no deberá llegar a usuarios europeos. Así, por ejemplo, las compañías de buscadores o redes sociales deberán eliminar una noticia falsa que se pudiera difundir desde México, Bolivia o Panamá antes de que sea abierta en cualquier país europeo.

Lo mismo ocurrirá con ofertas de productos digitales piratas en español u otros idiomas europeos y productos ilegales como pornografía infantil y otros de esa clase.

El mismo informe del Consejo Europeo sobre los posibles efectos de la adopción de la Ley dice que “la reducción de las ventas en línea de productos falsificados podría conllevar un aumento del consumo de 2 mil 800 millones de euros procedentes de películas, música y juegos, y otros 300 millones de euros de libros digitales.

Además, la nueva Ley podría ordenar muchas compras y ventas entre países europeos y no europeos para incrementar las ventas anuales transfronterizas por internet de entre 1 mil 900 millones de euros y 6 mil 600 millones de euros anuales.

Ese cálculo se hizo tras medir que en el año 2020 un porcentaje alto de individuos compraron o encargaron algún bienes o servicios cultural o de entretenimiento por internet: Música, 7 por ciento; Películas o series en DVD o Blu-ray, 8 por ciento, y Libros, revistas o periódicos, 27 por ciento.

ESPACIO SEGURO EUROPEO

La Ley de Servicios Digitales forma parte esencial de la Agenda Digital de la Unión Europea, que busca crear un espacio digital seguro para los ciudadanos y las empresas. La legislación es muy importante porque se construye al mismo tiempo que el comercio electrónico ha acelerado su crecimiento, posiblemente impulsado por los meses de confinamiento asociados a la pandemia de COVID-19.

El año 2021 se impuso un hito importante pues se estima que el número de usuarios del comercio electrónico superará los 500 millones de personas en todo el mundo y gran parte de ellos están en países europeos.

Según un expediente publicado esta semana por el Consejo Europeo para ayudar a explica la importancia de la Ley de Servicios Digitales que se busca adoptar, en Europa, el 73 por ciento de los habitantes ya ha realizado al menos una compra por internet en su vida. Los cálculos del dinero que se mueve por este espacio electrónico es de 750 mil millones de euros en ventas en línea por año.

Las ventas por internet incluyen artículos de todo tipo; desde alimentos entregados a domicilio hasta casas, terrenos, maquinaria y productos ilegales.

La nación europea donde mayor porcentaje de la población realiza compras en línea son los Países Bajos, con 93 por ciento de sus habitantes que declaran alguna vez haber adquirido bienes o servicios a través de la red; mientras que el que tiene el menor porcentaje de ciudadanos que usan estos servicios es Bulgaria, donde sólo 47 por ciento de los habitantes alguna vez ha comprado productos en línea.

En el caso de España, de acuerdo con cifras del Consejo Europeo, el 70 por ciento de sus 47.3 millones de habitantes realiza compras por internet.

¿QUÉ PASOS FALTAN?

Una vez establecida la posición negociadora del Parlamento Europeo sobre el texto, comenzarán las conversaciones tanto con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los países, como con la Comisión, que es un órgano ejecutivo con una representación más pequeña y rotativa de gobiernos.

Francia, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, quiere cerrar el expediente antes de que finalice su mandato en julio, pero muchos expertos creen que es muy poco probable. Una vez que concluyan las conversaciones y se alcance un acuerdo final entre las instituciones, el texto volverá al Parlamento Europeo.

Allí los eurodiputados deberán votar una versión definitiva, después de lo cual, y si se aprueba, la legislación deberá aplicarse en los Estados miembros antes de convertirse en ley.

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