Organizaciones civiles agrupadas en el Colectivo #LaJusticiaQueQueremos hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver a la brevedad los asuntos relacionados con la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, figura que consideran contraria al marco constitucional e internacional en materia de Derechos Humanos.
En un comunicado, México Evalúa, integrante del colectivo, recordó que esta medida —que impone prisión automática a personas acusadas de ciertos delitos sin evaluar riesgos procesales— fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2023 por atentar contra garantías fundamentales como el derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia y la independencia judicial.
A diferencia de la prisión preventiva justificada, en la que un juez analiza si es necesaria una medida cautelar privativa de la libertad, la oficiosa se impone de forma automática por el solo hecho de que el delito está enlistado en el artículo 19 de la Constitución. Esta práctica, señalaron, vulnera principios básicos del debido proceso y ha sido señalada como una forma de pena anticipada incompatible con un sistema democrático.
La organización también subrayó que en al menos 12 entidades del país —entre ellas Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y Yucatán— se ha dado preferencia al uso de la prisión preventiva justificada, sin que ello haya generado impactos negativos en la seguridad pública o la gobernabilidad. Esta experiencia demuestra, aseguran, que no hay evidencia que justifique mantener la medida automática.
Además, se recordó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha emitido múltiples resoluciones, tanto en casos individuales como tras su visita a México en 2023, en las que solicita al Estado mexicano eliminar esta figura por ser contraria a los compromisos internacionales asumidos en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El colectivo también rechazó los argumentos del Ejecutivo federal, que ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría dejar en libertad a “presuntos criminales”. Consideraron que ese discurso carece de sustento y desconoce el carácter garantista del sistema penal acusatorio.
Finalmente, instaron al máximo tribunal del país a resolver los asuntos pendientes sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, incluyendo las controversias 1/2023 y 3/2023 sobre la recepción de sentencias internacionales, la Acción de Inconstitucionalidad 49/2021 y las Contradicciones de Criterios 135/2023 y 377/2023, en apego a los compromisos del Estado mexicano en materia de justicia y derechos humanos.