La Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de Nayarit anunciaron la recuperación de nueve millones 619 mil 454 metros cuadrados de terreno perteneciente al patrimonio en las costas del estado, que exgobernadores y funcionarios vendieron de manera ilícita a empresarios a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
A través del operativo “Nuevo Nayarit” se han recuperado, en un trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y la FGR, 92 por ciento de la extensión territorial arrebatada a las comunidades, con un costo aproximado de 50 mil millones de pesos.
Para reparar las consecuencias económicas de dicha corrupción inmobiliaria, se creó el Fondo Soberano Nayarit (FOSONN) y el Fondo de Ahorro para el Retiro Digno para los trabajadores del estado, estructura financiera “blindada” a nivel constitucional para que ninguna administración futura pueda hacer mal uso del recurso.
Las administraciones de Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), presuntamente utilizaron el FIBBA — creado para impulsar el desarrollo turístico en el estado — para que a través de contratos de comodato, depósito y compraventa, arrendamiento y múltiples a toa jurídicos simulados, favorecer a particulares y funcionarios y despojar a los habitantes del patrimonio.
Con la implementación de negocios a través del FOSONN, se aporta los activos fijos recuperados en la inmediata implementación de planes de negocios a inversionistas nacionales y extranjeros, para generar desarrollo social sustentable, atractivo, seguro y con justicia distributiva a todos los sectores de la sociedad.
La colaboración de la FGR desembocó en el inicio de carpetas de investigación por delitos federales, como operación con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, violaciones a la Ley de Amparo y contra la administración de justicia. Esos actos de investigación lograron el aseguramiento de fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y terrenos en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela. Además de la aportación de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En consecuencia, se ejecutó la detención y vinculación a proceso del exgobernador Roberto Sandoval, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El descubrimiento del entramado de corrupción inmobiliaria inició en el año 2022, cuando la Fiscalía de Nayarit recibió una denuncia presentada por el Fideicomiso Bahía de Banderas, en contra de exservidores públicos estatales y federales, como los exgobernadores, exsecretarios de estado, delegados federales, así como integrantes del comité técnico del FIBBA. También se acusó a empresas y particulares que se beneficiaron por operaciones ilícitas destinadas a apropiarse de terrenos.
Una vez que intervino la FGR, se desarrollaron las indagatorias que permitieron que un juez aceptara el aseguramiento de 359 cuentas bancarias por un monto de siete mil 213 millones 50 mil 746 pesos, pertenecientes a personas físicas y morales.
De manera simultánea, se ejecutaron cateos en notarías públicas involucradas en las operaciones ilícitas, donde se detectaron aleaciones en libros registrales y documentos oficiales para arrebatarle al estado bienes de gran valor.
Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del Gobierno de Nayarit, detalló que al inicio del operativo “Nuevo Nayarit”, existieron críticas que aseguraban malos resultados, dada la lejanía del tiempo al año 2005, cuando inició la red de corrupción, sumado a que varios delitos aparentemente habían prescrito, sin embargo, aseguró, son delitos continuados que permitió que jueces de control, mercantiles y civiles aceptaran los actos de investigación para recuperar el patrimonio de más de nueve millones de metros cuadrados.
Camarena Morales destacó que este operativo, ideado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, tiene como eje una estructura un engranaje jurídico, estructural a nivel constitucional para que ningún otro Gobierno pueda disponer del patrimonio de los nayaritas. Para eso, las utilidades que produce el FOSONN, el 51 por ciento se destinan al Gobierno del estado, para que se utilice en infraestructura, seguridad pública, escuelas y obras, mientras que el 49 por ciento restante se acumula en el Fondo de Ahorro para el Retiro Digno y fortalecer las cuentas individuales de los que más lo necesitan.
“Es un modelo de economía mixta, Nayarit a nivel nacional e incluso a nivel internacional es uno de los lugares más seguros para invertir, tiene certidumbre jurídica, Gobierno digital, Leyes claras. Hoy los inversionistas están en Nayarit, 10 de las cadenas hoteleras más importantes del mundo tienen inversión en Nayarit”.
“Este modelo mixto permite al Gobierno del estado generar reinversión, instrumentos de capriles suficientes para seguir generando en una dinámica y en un círculo virtuoso, más y mejor bienestar para las familias”, explicó el coordinador.
En la presentación de los resultados, el gobernador Navarro Quintero puntualizó que al inicio de su Gobierno existía una situación de gravedad financiera, con deudas económicas con el SAT, así como con el Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Banca de Desarrollo, además de la nulidad monetaria del Fondo de Pensiones para Trabajadores del Estado.
En solución, se digitalizó la recaudación de los recursos, de 250 millones de pesos percibidos anualmente a tres mil 400 millones de pesos.
“Bajo muchas circunstancias que hemos tenido que superar y que hemos ido por el bien superior acompañados por la Fiscalía General de la República, en los cuales los tiempos eran imprescindibles para evitar que la caducidad jurídica pudiera abordar lo que hay del gran patrimonio de nuestro estado y del país, en una visión de país”.
“Para ello, de diferentes instancias se habían estructurado expedientes mal hechos de manera muy posiblemente premeditada, se había interrumpido la respuesta a procesos llevado a cabo desde diferentes instancias como el Poder Judicial federal, que no se daba cabal respuesta a ellos, tratando de interrumpir el proceso y de agotar los tiempos”, narró el gobernador.
Abundó que para blindar el FOSONN y el Fondo de Ahorro, se crearon cuentas individuales de los trabajadores administrados por una empresa privada. En tanto, el modelo mixto de economía generó la inversión de 24 mil millones de pesos a través de cuatro empresas, monto del que el estado tendrá una ganancia del 18 por ciento que será destinado al Fondo Soberano para potencializar los fondos de ahorro para el retiro y lo restante será gastado en las obras sociales.
“En los cuatro años de Gobierno pasamos de una obra que se había construido con recursos propios en cinco administraciones a 750 obras en cuatro años”, destacó Navarro Quintero.