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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la resolución tras una investigación interna

Sancionan con 10 años fuera del servicio público a exfuncionaria del ISSSTE por irregularidades millonarias

Fotografía de la entrada principal del edificio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la Ciudad de México. La imagen muestra el letrero oficial con el logotipo del Gobierno de México y el nombre de la institución sobre una estructura de cristal moderna. En el ventanal derecho se aprecia un mural artístico de una mujer sosteniendo la bandera mexicana. La toma incluye elementos urbanos como árboles, una jardinera frontal y la numeración 1735 sobre el acceso. Es una imagen representativa de las instituciones gubernamentales federales y la administración pública en la capital.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Ciudad de México (Tamara Ramírez Villegas)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que una persona servidora pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue inhabilitada por 10 años, luego de ser encontrada responsable de desviar recursos públicos por más de 913 mil pesos.

De acuerdo con la dependencia, el caso fue investigado por el Órgano Interno de Control del ISSSTE, que reunió las pruebas presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como resultado, se determinó la sanción contra Ruth L., quien se desempeñaba como asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato.

Según el comunicado, la exfuncionaria asignó recursos públicos a un tercero ajeno a la institución mediante la emisión de un cheque por 913 mil 952 pesos con 32 centavos, sin contar con fundamento jurídico para realizar la operación.

La Secretaría precisó que la persona sancionada aún tiene derecho a impugnar la resolución. En caso de hacerlo, aseguró que defenderá el proceso “apegado a derecho, respaldado en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de la persona afectada”.

Además, la dependencia invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción o conductas contrarias a los principios de legalidad e integridad a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la confianza en las instituciones públicas y combatir la corrupción, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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