Avalan Ley Nahle en Veracruz; oposición acusa que beneficia a la secretaria de Energía
La reforma a la constitución local amplía el reconocimiento de la ciudadanía a personas que nacieron fuera del estado.
Entre lo legal y lo justo
Legisladores y legisladoras de oposición criticaron la propuesta y la llamaron Ley Nahle, pues aseguran que la iniciativa fue diseñada para beneficiar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.
El Congreso de Veracruz avaló reformas al artículo 11 de su Constitución para establecer que “son veracruzanos las y los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal que tengan hijos veracruzanos o una residencia efectiva de cinco años en la entidad”.
La reforma amplía el número de personas que pueden ser considerados ciudadanos veracruzanos, lo que abre la posibilidad de que cualquier persona no nacida en Veracruz pueda acceder a cargos en los tres poderes de gobierno, incluida la gubernatura.
Durante la discusión en sesión virtual, legisladores y legisladoras de oposición criticaron la propuesta y la llamaron Ley Nahle, pues aseguran que la iniciativa fue diseñada para beneficiar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien nació en Zacatecas y ha manifestado su intención por ser candidata al gobierno de Veracruz en 2024.
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Ruth Callejas Roldán, legisladora de Movimiento Ciudadano, señaló que la Ley Nahle “fue impulsada desde palacio de gobierno, el cual usa al Congreso del estado como oficina de trámites sin independencia del Ejecutivo”. Además, reclamó que la reforma es un “capricho” del partido en el poder para imponer a una candidata que no es veracruzana
Miguel Hermida, de Acción Nacional, dijo que la iniciativa es “un claro traje a la medida” para abrirle la puerta a Rocío Nahle para ser candidata a gobernadora, a pesar de haber nacido en Río Grande, Zacatecas”, pues los hijos de la secretaria de Energía son veracruzanos y ella tiene más de cinco años de residencia en Veracruz.
La diputada morenista Magaly Armenta Oliveros, quien presentó la iniciativa dijo que lo que se persigue con esta adecuación constitucional es otorgar a miles de mujeres y hombres el reconocimiento de lo que en la práctica y en el corazón ya son: veracruzanas y veracruzanos.
Con dichas reforma valada por el congreso local de Veracruz, son ya 18 los estados que reconocen derechos ciudadanos a personas que nacieron en otras entidades.
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Otras reformas que beneficiaron a casos particulares
Esta no es la primera ley que es señalada de haberse diseñado para beneficiar a un personaje en particular.
En agosto de 2018, el Congreso de Chiapas modificó la Constitución para facilitar a un gobernador dejar el cargo y permitirle volver. Con la reforma, se facilitó que Manuel Velasco pidiera licencia como gobernador el 28 de agosto de ese año, tomara protesta como senador el 1 de septiembre y el 4 de ese mes pidiera licencia como senador para terminar su periodo en la gubernatura, a la cual le quedaban tres meses.
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En marzo de 2019, se publicó la llamada Ley Taibo, la cual reformó la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, suprimiendo el requisito de ser mexicano de nacimiento para encabezar órganos federales. Con la reforma, Paco Ignacio Taibo II puso asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica.
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En octubre de 2019, en Baja California se avaló la Ley Bonilla, una reforma al artículo Octavo de la Constitución de ese estado, la cual permitía ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Ese periodo fue de sólo dos años como parte de una reforma para homologar los calendarios electorales. Finalmente, la reforma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Bonilla gobernó los dos años para los cuales fue elegido originalmente.
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En Ciudad de México, en octubre de 2019 se avaló la Ley Godoy, una reforma al artículo 44 de la Constitución local, el cual establecía que el cargo de Fiscal General de Justicia en la ciudad no podía ser ocupado por quien haya ejercido una diputación, magistratura, o haya sido juez o integrante del Consejo de la Judicatura en los tres años previos al inicio del proceso de designación.
Esa reforma benefició a Ernestina Godoy, actual fiscal de CDMX, pues fue diputada local de Morena del 17 de septiembre al 21 de noviembre del 2018 y ella era la única persona propuesta para el cargo.
En Tabasco, en agosto de 2021 fueron avaladas reformas a la constitución local para permitir que el gobernador tome licencia por tiempo indefinido y pueda volver sólo notificando al presidente del Congreso. Esa reforma benefició a Adán Augusto López, quien pidió licencia como gobernador para ser nombrado secretario de Gobernación.
Batalla entre lo legal y lo justo
En Crónica, le preguntamos a Roberto Mancilla, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, si estas reformas representan una ampliación de los derechos políticos o si hay un conflicto al permitir a una persona “amarrar” dos cargos públicos.
Para él, todos los casos expuestos tienen dos temas importantes: uno, lo legal contra lo justo, y dos, que se estira la liga sobre los alcances de los derechos políticos para viciar su contenido a través de un mal uso.
“Pienso que no es ético que tengan dos cargos y que se pueda ser candidato, teniendo un cargo público”, acotó Mancilla quien nos explicó que el artículo 128 constitucional habla de la obligación de los servidores públicos de guardar y hacer guardar la Constitución y sus leyes, “pero no habla del deber de estos de servir al público y procurar su bienestar”.
“Podrá parecer una minucia, pero creo que es super importante, porque ahí se establece desde antes de que existiera la reforma de derechos humanos (al artículo primero constitucional), que los servidores públicos estaban obligados con lo legal. Ahora, con la reforma y el nuevo artículo primero, se establece ya una obligación con lo justo, por eso de buscar hacer efectivos y ampliar el alcance de los derechos humanos”.
El experto asegura que en el caso de Nahle y de otros, estos podrían argumentar que están ampliando el derecho político a participar en los asuntos públicos, “que tiene su réplica y mayor alcance en el artículo 23 del Pacto de San José. Ahí siento que es un fraude a la ley, porque buscan pervertir un derecho humano, diciendo que lo amplían”.
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