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Se consolida militarización en la 4T; cada vez más poder fáctico y recursos millonarios

Al concluir el 2022, las Fuerzas Armadas en México habrían manejado más de 215,000 mdp, el segundo presupuesto anual más alto de la administración pública, sólo por debajo de la SEP, según Integralia

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Foto: Adrián Contreras / La Crónica

 Fuerzas Armadas cada vez con más poder y presencia en la vida pública de México 

 Foto Adrián Contreras 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el paraíso para las fuerzas armadas en México, pues en tres años y medio de esta administración las fuerzas castrenses han consolidado como nunca su poder fáctico en la administración pública donde han tomado el control operativo y directivo de más de 20 funciones —incluyendo de áreas estratégicas— ajenas a su naturaleza y ahora también gozan de multimillonarios recursos, muchos de los cuales utilizan con total opacidad.

Tan solo en el último año, recibieron 142 mil mdp. En consecuencia, tanto su poder fáctico en la administración pública como económico han aumentado significativamente al igual que las violaciones a los derechos humanos e incluso la letalidad por parte de la Sedena y la Guardia Nacional de 2019 al 2020.

En su reporte “La militarización en México, hacia una consolidación de una política de Estado”, elaborado por la consultora Integralia, se asegura que al concluir el 2022, las Fuerzas Armadas en México habrían manejado más de 215,000 mdp, el segundo presupuesto anual más alto de la administración pública, sólo por debajo de la Secretaría de Educación (SEP).

Este aumento en el presupuesto destinado a las fuerzas Armadas es superior a lo formalmente establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 si se considera que se le han transferido otras tareas civiles —además de las relacionadas a seguridad pública, algunas de ellas adquiridas durante sexenios anteriores— y se les ha otorgado presupuesto para realizarlas.

El análisis advierte que esta política de militarización que tiene en marcha el presidente López Obrador conlleva al menos 9 grandes riesgos donde destaca que la participación del Ejército como proveedor de servicios básicos aumentará su peso en la toma de decisiones gubernamentales fuera de un contexto bélico.

Alerta que la entrega de recursos y facultades a las Fuerzas Armadas junto con los constantes elogios en el discurso oficial y el arropamiento político incondicional, pueden incentivar a los militares a alejarse de la lealtad institucional a la Constitución y acercarse a la simpatía y el respaldo al proyecto político del gobierno en turno.

Asimismo alerta que la militarización de la vida pública atenta contra la modernización de las instituciones civiles y fortalece la dependencia del Estado sobre las instituciones castrenses para diseñar y ejecutar políticas públicas.

Además establece que la militarización impide la formulación de políticas efectivas para la reducción de la violencia pues las Fuerzas armadas están entrenadas para tareas de seguridad nacional.

Al mismo tiempo hay un debilitamiento del pacto federal pues la superioridad material del Ejército con relación a las policías locales favorece la concentración del poder en detrimento de un federalismo funcional y balanceado donde las policías estatales y municipales son debilitadas o incluso desaparecidas.

“La creación de la Guardia Nacional y los recortes de apoyos locales en materia de seguridad han terminado por desplazar la tarea urgente de profesionalizar y equipar a los cuerpos policiacos civiles estatales y municipales”, advierte

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas gozan de simpatía y confianza entre la población, también es cierto que las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de ellas han aumentado en los últimos dos años de este gobierno.

Además, desde su creación, la GN ha recibido el mayor número de quejas entre las autoridades de seguridad federal. Asimismo, las quejas de elementos del Ejército relacionadas con agresiones sexuales no han dejado de existir sin contar que muy pocos de estos casos se denuncian por temor a represalias.

Las acusaciones o denuncias contra la Guardia Nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos se incrementó un 40% del 2019 año de su creación al 2020.

Durante su primer año, la Guardia Nacional presentó 359 denuncias por violaciones a los derechos humanos, y en el 2020, esta cifra creció a 504.

La Sedena también reporta un crecimiento en esta materia pues en el 2019 registró 350 denuncias contra 436 del 2020.

En tanto que la Secretaria de Marina, registró 147 denuncias en el 2019, y en el 2020 se incrementó a 161 casos.

El reporte advierte que la mayoría de los integrantes de la GN mantienen plaza y sueldo en la Sedena o la Secretaría de Marina (Semar), pero se incorporan “de préstamo” a la GN y únicamente el 29% cuenta con el Certificado Único Policial (CUP).

OPACIDAD

Además, las fuerzas armadas se caracterizan por su opacidad: más allá del número de olicitudes de transparencia que responden de manera negativa por motivos de confidencialidad, no informan sobre asuntos fundamentales para conocer su operación y evaluar su desempeño, tales como sus políticas y programas, su despliegue territorial o los eventos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos.

A pesar de la falta de capacitación, el crecimiento de la GN y la confianza que el gobierno federal le ha otorgado a las FF.AA. han permitido que los elementos castrenses se involucren cada vez más en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En la actualidad, la Guardia Nacional tiene desplegadas casi 150 mil elementos en el territorio nacional para diferentes tareas: para la seguridad pública tiene desplegados 84 mil 481 elementos.

28 mil 813 para labores de Migración, para atención a desastres 16 mil 641, en tanto que para Seguridad a instalaciones estratégicas canalizó 10 mil 249 elementos.