Lorena debería estar celebrando el día de las madres con sus hijos Fátima y Daniel, no obstante, ha tenido que enfrentarse durante siete años a la más cruel de las violencias e injusticias. El 5 de febrero de 2015, a las 2:40 de la tarde, Fátima de 12 años regresaba de la secundaria en el Municipio de Lerma, cuando tres sujetos, vecinos de Fátima, dispusieron de su vida. La privaron de la libertad, la torturaron, la violaron tumultuariamente y la lapidaron.

Todo ocurrió frente a la casa de Luis Ángel, Misael Atayde y José Juan Hernández; un camino habitual para Fátima y su familia.

Cuando la niña no se presentó a casa, la familia y vecinos comenzaron a buscarla. Los vecinos descubrieron el lugar del crimen y el cuerpo lapidado de la pequeña. Trataron de linchar a los asesinos, pero Lorena y su familia optaron por entregarlos a la fiscalía.

José Juan Hernández, a quien la madre de Fátima califica de autor intelectual, es narcomenudista, su abuelo es un militar retirado y su padre es policía municipal de Naucalpan. Sus tíos y primos son policías judiciales.

Los asesinos fueron llevados al hospital Adolfo López Mateos, en calidad de detenidos, debido a los golpes que recibieron por parte de los vecinos.

Luego vino otra tragedia a partir de las negligencias y omisiones de las autoridades. Dos de los asesinos fueron puestos en libertad. El 8 de junio del 2017, la Jueza de Control Janeth Patiño García, dejó en libertad a José Juan Hernández, quien aseguró que aquel día se había presentado a la escuela Sierra Nevada, donde laboraba. La defensa presentó ocho videos con fecha del día del asesinaron y aseguró que en ellos se veía el acusado, también asistieron trabajadores de la escuela para declarar a favor del acusado.

A la postre su culpabilidad quedaría comprobada, pero el proceso en contra de los asesinos sólo detonó que los acusados y familiares de estos lanzaran. Incluso frente e a jueces, un “Maldita perra, comienza a temblar porque ya firmaste tu sentencia de muerte”.

Cuando Lorena intentó levantar denuncia por las amenazas en la sala de audiencia, le dijeron que las amenazas de muerte no procedían en el Estado de México hasta que le pasara algo.

Daniel, el hijo menor de Lorena Gutiérrez, tenía sólo diez años cuando asesinaron a su hermana; cuando cumplió 12, comenzó a recibir amenazas de muerte. Aparecían camionetas fuera de la escuela con vidrios polarizados que lo seguían hasta su casa. La familia lo retiró de la escuela y entonces se recibieron en el plantel preguntando por el infante.

Cuando dieron parte a las autoridades sobre las amenazas hacia Daniel, la familia fue movida por las autoridades a una casa de seguridad durante tres meses.

Las amenazas continuaron y entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas intervino y decidió mandarlos a Nuevo León como medida de protección. Llegaron a su nuevo hogar el 7 de septiembre de 2017, pero la tragedia aún estaba lejos de terminar.

La familia Gutiérrez estuvo viviendo cinco años en Monterrey y el 20 de noviembre del 2020, Daniel era estudiante de la Prepa 2 de la Universidad de Nuevo León, le gustaba el Futbol Americano y entrenaba en el equipo de la preparatoria. “Media 1.90 y tenía muchos sueños, sentimientos propios, inteligencia, fuerza”…

Pero fue entonces cuando comenzó a tener molestias abdominales y problemas para ser atendido. El traslado para huir de las amenazas implicaba tener un bajo perfil, así que en la familia no tenían credencial del INE actualizada, “y mi esposo no podía sacar licencia… estábamos muy restringidos por mantener el perfil bajo, no teníamos acceso a nada, mucho menos al sistema de salud”, recuerda Lorena.

El 23 de noviembre cuando Lorena llevó a Daniel al Hospital Materno Infantil, se le negó el acceso con el pretexto que atendían hasta los 15 años siete meses y Daniel acababa de cumplir 16.

Entonces se dirigieron al Hospital San Vicente donde les dijeron que el menor estaba pasando por una fuerte crisis de ansiedad, Lorena explicó al personal de salud los síntomas que Daniel sufría desde hace días en el abdomen, “pero si está vomitaba y tiene dolor”. Pero continuaron negándose a atenderlo; lo único que aporto el hospital fue una hoja con dirección del Hospital Universitario de Nuevo León.

“Tampoco atendieron a Daniel allí, no lo revisaron, no lo subieron a una mesa de exploración, no le hicieron ni lo mínimo en urgencias, solamente le hicieron el test de COVID del que salió negativo, pero insistían en que era una fuerte crisis de ansiedad”, asevera Lorena.

Los canalizaron al Hospital Psiquiátrico acompañados por una trabajadora social de la Comisión de Victimas de Nuevo León. Allí ingresaron a Daniel.

“Ni siquiera lo pesaron, ni midieron, solo lo vieron y dijeron que tenía crisis de ansiedad… no sé de quién les dijo eso si nosotros no teníamos historial médico, ni expediente”.

El personal médico del Hospital le suministró un ansiolítico junto con antidepresivos y los mandaron a casa. Cinco minutos después de llegar Daniel se quedó dormido, sedado, incapaz de moverse ni emitir palabra. Comenzó a quejarse y la familia decidió regresar al Hospital Universitario de Nuevo León

“Todavía seguía respirando, pero su cuerpo ya no respondía, se quejaba aun estando dormido”, recuerda Lorena.

Daniel murió en su hogar el 24 de noviembre a las 15:40. Posteriormente, la autopsia arrojo que le explotó el intestino por una fisura en la cavidad abdominal derecha por donde se le estaban fugando líquidos.

“Los forenses nos dijeron que, si hubieran atendido a Daniel, la herida que tenía de un centímetro hubiera podido ser suturada”.

Como ocurrió a su hermana Fátima, Daniel murió injustificadamente, siendo un joven bajo medidas de protección y atención a las víctimas de delitos de alto impacto.

“Mis hijos no deberían de estar muertos, eso es lo que hoy me trajo aquí”, relata sobre su presencia en la movilización del 10 de mayo en la Ciudad de México, “mi hijo era una promesa y no dejaron que mi niño concretara sus sueños, al igual que con Fátima, decidieron por él, decidieron su muerte”.