El gobierno mexicano estará á obligado a pagar indemnizaciones de hasta 20 veces sobre la inversión realizada por los empresarios nacionales y extranjeros en los proyectos eléctricos (que actualmente están estimados en 44,000 millones de dólares), en caso de que se apruebe la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México)

La presidenta del Comité de Arbitraje de este organismo internacional, Gabriela Álvarez Ávila, alertó que México multiplicará el riesgo de enfrentar litigios internacionales por reclamos millonarios “nunca antes vistos”, en caso de aprobarse esta contrareforma eléctrica.

“Cambiar las reglas del juego de manera abrupta y destruir ciertos derechos adquiridos por parte de los inversionistas, estos pueden reclamar ante instancias internacionales una compensación… porque aunque no hay un decreto expropiatorio o no se está proponiendo la adopción de un decreto expropiatorio como tal, el efecto de estas medidas es similar a una expropiación y en ese sentido los inversionistas extranjeros pueden plantear en la expropiación y la consiguiente compensación por la expropiación”, aseveró Álvarez.

Luego que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, retara que el estado mexicano no indemnizará a los privados por cancela sus operaciones en los proyectos eléctricos como parte de una modificación constitucional, Álvarez Ávila, le recordó que sí existe una expropiación directa y está contemplada en los tratados internacionales firmados por México, como parte del reclamo del inversionista sobre daños y perjuicios.

Alertó al Congreso mexicano que un procedimiento de arbitraje internacional tiene una duración de 4 años y “lo más seguro es que no le tocará a este gobierno lidiar con laudos internacionales”, pero serán los mexicanos los que cargarán con el costo millonario de los litigios en los años venideros.

La especialista del ICC explicó la ruta legal que tomaría este proceso en caso de que se concretara la aprobación de la contrarreforma de López Obrador donde las empresas cobran lo invertido más cargos de litigios e intereses lo que dispara las indeminizaciones.

“Una empresa puede haber invertido 15 millones de dólares, pero al interponer el reclamo invertido más las utilidades esperadas, el monto puede rondar hasta los 200 millones. Y la decisión de los tribunales podrían venir disminuidas entre 70 y 100 millones de dólares, dependiendo del proyecto energético”, explicó

La presidenta del Comité de Arbitraje del ICC destacó que existen casos de denuncias en el ramo energético, por ejemplo, Rusia enfrenta un arbitraje de 50,000 millones de dólares.

“Los arbitrajes de inversión representan miles de millones de dólares en laudos”, advirtió