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Parlamento abierto debe garantizar transparencia y rendición de cuentas: INAI

"No podemos entender el concepto de democracia si no entendemos la participación de la sociedad en los asuntos públicos", dijo la presidenta del Senado, Olga Sánchez

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Parlamento abierto antes de aprobar ley de ciencia

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La Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(INAI) Blanca Lilia Ibarra Cadena, estableció que el parlamento abierto debe garantizar transparencia, rendición de cuentas y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información parlamentaria.

Un parlamento abierto—agregó—también debe reconocer la disposición de los legisladores a escuchar a sus representados, además de establecer una comunicación continua entre las distintas instituciones públicas y privadas para concretar un trabajo conjunto.

Al participar en el 2º Foro en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, organizado por el Senado de la República, Ibarra Cadena insistió en que para cumplir con la labor de parlamento abierto se requiere transparencia y participación ciudadana.

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En su participación, la Presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, destacó que el Caso “Aguas Blancas”, acontecido en nuestro país en el año de 1995, detonó la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia.

“No podemos entender el concepto de democracia si no entendemos la participación de la sociedad en los asuntos públicos; una de las razones más importantes de la ciudadanía en los asuntos públicos es el conocimiento de la información pública gubernamental”, expresó.

En su oportunidad, José Antonio García Morales, de la Open Government Partnership, dejó claro que el parlamento abierto no significa organizar un conversatorio público, publicar datos y documentos cómodos y fáciles en un repositorio en línea, desarrollar plataformas sin información relevante para el control público o anunciar decisiones ya tomadas a puerta cerrada.

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“El parlamento abierto es un deber, es un valor, una práctica a la que no se puede renunciar (…) es una forma de ejercer el poder público que reconoce el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, promueve la colaboración y la participación, y divulga información y datos fundamentales para el control y seguimiento de la actuación y el desempeño de las instituciones”, puntualizó.