La democracia nació hablando. Se construye en el debate, en el intercambio de ideas, que puede ser intenso. Nos hemos preocupado por establecer un sistema jurídico que le impide al gobierno ejercer la censura, pero ahora, ésta se realiza exitosamente por empresas particulares, que así controlan nuestro diálogo democrático.

Así de sencillo.

Desde hace años se ha operado un cambio en la forma en que nos informamos, si antes se realizaba por medios como la televisión, el radio, las revistas y los periódicos impresos, ahora ha tomado preponderancia el uso del Internet y redes sociales. De hecho, tú me lees desde una pantalla.

En la época en que no existía la comunicación virtual, las formas de control sobre los contenidos eran variadas; desde el hecho de la supervisión sobre la calidad del lenguaje en las transmisiones, la necesidad de renovar la concesión sobre el espectro radioeléctrico, hasta el control del papel del que se le surtía a cada medio.

Si bien nuestras leyes prohibían la censura previa, la realidad era que se encontraron formas sutiles de limitar o controlar las voces que podían escucharse, las opiniones a las que se podía tener acceso.

Uno de las luchas que se dieron en nuestro país fue justamente por desaparecer la censura previa efectiva. Por crear un ambiente de discusión libre en el que cada persona tuviera una oferta amplia de plumas y voces, para escoger aquellas en cuáles confiar y seguir.

Con el surgimiento del Internet, y la explosión de las redes sociales, parecía profundizarse en la comunicación democrática. Cualquier persona con acceso a la red podía subir su blog, abrir una cuenta de redes, e incluso utilizar plataformas para compartir videos expresando su opinión.

Desde luego, este movimiento tenia sus propias limitaciones, por un lado, solo accedían a participar en la discusión quienes tienen acceso a energía eléctrica y cobertura de red; por otro, la variopinta calidad de quienes participamos en las discusiones digitales. No todas las voces son cuerdas, informadas u honestas, y no hay detrás de ellas más prestigio (o su ausencia) que el individual.

Aún con estos defectos, la discusión en redes se ha vuelto tan importante que, en estos días de pandemia y encierro, se han convertido en la auténtica plaza pública y café, no solo para las candidaturas, sino para el intercambio de opiniones.

Sin información, sin opiniones, no hay democracia.

Sin embargo, hemos pasado de ver amenazada la libertad de expresión por el gobierno, a tenerla controlada por algoritmos y empresas privadas.

Y el algoritmo nunca es neutral. Y la empresa siempre busca la ganancia.

Este algoritmo, que usan las empresas dueñas de las redes sociales, determina si un contenido debe ser eliminado de las mismas, o si el video que se ha subido debe ser “desmonetizado”, porque no se ciñe a las expectativas de los anunciantes. Una decisión automática, apelable pero de resolución incierta y a futuro, cuando lo que se presentaba como noticia u opinión oportuna, ya no es relevante.

Se presentan varias razones en defensa de esta situación: por ejemplo, que se trata de condiciones que uno acepta al participar en la red, o que debe evitarse el robo de material ajeno. También, hay quien observa que, al tratase de empresas privadas las dueñas de estos espacios de interacción, no cabe hablar sino de intereses económicos y obrar en consecuencia.

Ahora, algunos sitos o redes cuentan con paneles de personas expertas que resuelven los casos más complicados. Pero reconociendo la capacidad y conocimientos de quienes los integran, la solución es tarde, y a destiempo.

Lector, lectora. Sabes que ya he abordado este tema en ocasiones anteriores, y lo hago porque creo que ahí está la lucha actual contra la censura, en evidenciar la existencia de los algoritmos que, insisto, no son neutrales, y el control por razones financieras del discurso público.

Si creemos en una democracia deliberativa, en la que deben poder escucharse las voces que tienen algo que decir sobre los temas públicos, si asumimos que tanto nosotros como particulares como el gobierno y los partidos, tenemos un interés en conocer lo que se opina desde distintos lados, así como obtener información de diversas fuentes, entonces debe preocuparnos lo que está sucediendo.

Hemos cedido el control del discurso público a oscuras fórmulas matemáticas y criterios económicos.

¿Cómo lograr el equilibrio? ¿cómo conseguir que las voces sean escuchadas y la ciudadanía decida a quién atender? ¿cómo evitar discursos racistas y de odio, pero no limitar las posturas simplemente disidentes? No tengo respuesta para estas preguntas, pero estoy seguro de que pasa por asumir que la libertad de expresión es un bien público que necesitamos para una democracia sana.