En memoria de Luis González de Alba

Se acerca la fecha aciaga del 2 de octubre y, una vez más, recordaremos con tristeza la matanza de estudiantes perpetrada por las fuerzas armadas mexicanas y por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Desde entonces el país y el mundo han cambiado mucho.

La conmemoración del 2 de octubre en este año se dará, sin embargo, en un contexto político ominoso y sombrío. El presidente, en vez de investigar a los militares por los crímenes que han cometido, amplificó el poder de éstos, forjando con ellos una siniestra alianza que, entre otras cosas, conlleva, tácitamente, eximirlos de toda responsabilidad legal en hechos como los de 1968 y como la masacre de Ayotzinapa.

AMLO admira la cultura castrense de orden, obediencia, disciplina y eficacia y a esa cultura le atribuye una moralidad superior a la moralidad de los civiles.  Su vena autoritaria lo lleva a identificarse con los militares; ellos representan el sector de la población que se reduce a obedecer y acatar órdenes. No le causan problemas. En cambio, la población civil, sobre todo la urbana de clase media, es un universo efervescente, impredecible, que a veces se somete dócilmente y otras veces se subleva contra el gobierno.

La militarización de México corre por varios canales. Analizo uno de ellos. La determinación de otorgar al ejército y a la marina la tarea de la seguridad pública, contradice, rotundamente, lo que ordena la Constitución. “En tiempos de paz, dice el 129 de la Constitución, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”

Pero también implica poner al poder civil bajo el mando del poder militar. La seguridad pública debe ser realizada por organizaciones civiles, como las policías, pretender que los soldados se desempeñen como policías no sólo es un despropósito mayúsculo, es una amenaza grave a nuestra democracia.

El ejército es una corporación creada por el poder civil para defender la integridad del territorio nacional o para e intervenir cuando se produzca una guerra civil. Por lo mismo, la mayoría de los militares tienen una escolaridad mínima y sus habilidades se limitan al uso de las armas de fuego y la obediencia ciega a las órdenes de sus superiores.

Los militares no están capacitados para resolver problemas civiles como la violencia criminal. Su intervención contra el narcotráfico ha sido y sigue siendo un escandaloso descalabro. La violencia criminal y la violencia social no se resuelven, efectivamente, con la sola utilización de la fuerza; se trata de un problema social complejo que exige un abordaje interdisciplinario, la colaboración de expertos de diversas disciplinas y la acción de múltiples instituciones.

Pero, antes que nada, se necesita crear un fuerte cuerpo de policía sobre fundamentos civiles y no militares. La Guardia Nacional es una impostura, es, en realidad, una extensión del ejército, que se rige por la simple cultura de mando-obediencia que rige entre los militares.

El presidente dice que es deseable que se otorgue al ejército la misión de la seguridad pública absorbiendo a la Guardia Nacional. Esto es una solución simplista e improvisada para un problema que exige un esfuerzo extraordinario del Estado y de la sociedad.

Lo que no es admisible es la ambigüedad. El ejército debe ser el ejército. La policía debe ser al policía. No se debe es desnaturalizar la esencia misma de las fuerzas armadas y tratar de convertirlas –como ahora se pretende- en una agencia proveedora de recursos humanos para actividades de orden civil. Esta confusión tendrá, inevitablemente, consecuencias desastrosas.