Según los indicios, el caso de las tres farmacéuticas vetadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se irá a instancias internacionales. El primero de ellos, es que hasta el momento no se les ha podido demostrar a Grupo Fármacos Especializados de José Antonio Pérez Fayad, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimsa), que dirige Carlos Alvárez y Maypo de la familia Arenas ningún acto de corrupción.Hasta el momento la mayor violación es que generaban monopolio, argumento endeble que cae por su propio peso. Por ejemplo, Farmacos Especializados tiene el 37 por ciento del mercado de distribución, cuando América Móvil, de Carlos Slim tiene más del 67.8 por ciento de mercado, motivo por el cual se le consideró preponderante y se le aplicaron medidas para evitar abusos. Si América Móvil tuviera menos del 50 por ciento del mercado, dejaría de tener una reglamentación especial.

Las otras dos farmacéuticas demuestran que los señalamientos son falsos, porque apenas si tienen cada una el 11 por ciento del mercado.

La intención del gobierno es reforzar las presencia de Birmex, que dirige Carlos Rello, y que tiene inversión privada de del gobierno, en el mercado de medicamentos y distribución. Con el veto a las “tres grandes", casi por default le llegan los contratos a la farmacéutica semiestatal.

Sin embargo, nos comentan que las farmacéuticas sancionadas recurrirán a las instancias necesarias. Las licitaciones en puertas serán internacionales y en ese sentido recaen en las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su cualidad de ser aprobadas por el Senado se convierten en ley obligatoria para el gobierno y es aquí en donde se empezará a escalar la confrontación entre gobierno y farmacéuticas. Seguro irán a un panel de controversias.

SENTENCIA. Rocío Nahle, secretario de Energía se desmarcó de la contratación de Reyna María Basilio Ortiz, quien encabeza la Coordinación de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Pemex y que resultó responsable por sanciones administrativas de las Obras de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que la obligan a cumplir un periodo de inhabilitación de 15 años para desempeñar cargos públicos y al pago de una multa por 478 millones 63 mil 757 pesos, tras su participación en el desfalco de la línea 12 del metro.

Si bien es cierto, que Basilio Ortíz ganó en primera instancia el juicio de Nulidad, resulta que en el juicio de revisión se le confirmó la sentencia de acuerdo al expediente No 65/2018 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien resolvió que la responsabilidad de la servidora pública, es una cuestión que constituye cosa juzgada que no puede desconocerse.

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