Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), que dirige José Antonio Pérez y Grupo Maypo, que lleva Jack Rodríguez consiguieron el recurso de suspensión al oficio 009/03/2018 que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Carlos Urzúa.Dos jueces de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Migoni y Agustín Tello, otorgaron la suspensión definitiva y provisional, respectivamente, al “veto" que había impuesto López Obrador, “hasta que sepamos si hubo corrupción y tráfico de influencias".

La orden era impedir que esas empresas distribuidoras (incluida Dimesa), pudieran participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas. Sin embargo el mandatario hizo una excepción al “veto” y pidió adquirir los medicamentos retrovirales para el SIDA y el VIH a Grufesa, para atender el desabasto.

En este caso las empresas farmacéuticas internacionales no le venden directo al gobierno porque no tienen calidad en los pagos. Las distribuidoras son un mal necesario; son las únicas que absorben el financiamiento. Grufesa compra y distribuye todo los medicamentos innovadores de patente. 

El impedimento de participar en la próxima licitación para compras consolidadas de medicamentos 2019 carece de justificación legal. La acción se hizo por considerar “inmoral” que Grufesa, Dimesa y Maypo vendieron el 62.4% de los medicamentos durante las compras al sector salud del periodo 2013-2018 a pesar de ser subasta a la inversa y cumplir con la ley.

Un par de semanas antes, durante una reunión con la industria farmacéutica y antes de hacer público el oficio de López Obrador, la oficial mayor de la SHCP, Raquel ­Buenrostro, negó que hubiera impedimento de participación para las empresas distribuidoras.

El presidente López Obrador no tiene la atribución de vetar, impedir o aplicar medidas “preventivas” por la sospecha de irregularidades. No hay sustento en el Artículo 89 de la Constitución donde se establecen las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo. Tampoco hay argumentos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Ley Federal de Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no hablan de atribuciones al mandatario para vetar a empresas en concursos públicos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a las empresas distribuidoras y puede aplicar sanciones prácticas indebidas en los procesos de contratación. La Comisión Federal de Competencia (Cofece), puede prevenir, investigar las prácticas monopólicas y las concentraciones. La presunción de inocencia de Grufesa, Dimesa y Maypo está sobre la mesa.

RECURSOS. Telefónica  alcanzó un acuerdo para vender sus centros de datos a Asterion Industrial Partners. La operación incluye 11 datacenters, entre ellas una ubicada en México. TRABAJO. En el marco de la recién aprobada Ley Federal del Trabajo, el próximo 14 de mayo, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que dirige Ángel Gurría, dará a conocer el estudio Perspectivas de empleo de la OCDE 2019, El Futuro del Trabajo, durante el  Foro sobre el Futuro del Trabajo es Ahora, en el que participarán funcionarios de ese organismo.juliobrito@cronica.com.mx
jbritoa@yahoo.com
Twitter: @abritoj