Las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) realizadas por el gobierno federal -la semana pasada- dotan de privilegios “indebidos” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a empresas del sector privado, en el que se les permite importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales, advirtió el sector patronal del país.

Los ajustes implementados por la Secretaría de Hacienda, vía Servicio de Administración Tributaria (SAT) y publicados por el Diario Oficial de la Federación “violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa”, sostuvo José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En ese sentido advirtió que esta reforma limitará el acceso de las empresas privadas del sector a autorizaciones o prórrogas para contar con un Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para la entrada o salida de hidrocarburos.

“La medida otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a otras empresas, pues serán los únicos que podrán importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales”.

Con dichas modificaciones implementadas desde el año pasado, el gobierno federal ha eliminado varias prerrogativas para las empresas exportadoras con certificación "AAA", "AA" y "A", al que pertenecen la industria maquiladora. Incluso dentro de los puntos que causarán mayor impacto, será el que las empresas certificadas no podrán obtener sus devoluciones del IVA en plazos preferenciales de 10, 15 o 20 días después de presentada su solicitud de devolución.

La nueva disposición representa una violación a la jerarquía normativa, puesto que restringe lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Aduanera en la que se establecen los requisitos para para obtener la autorización o prórroga de la LDA, cambia intempestivamente las condiciones bajo las cuales operan distintos permisionarios y vuelve inviables proyectos de la iniciativa privada.

Además, genera desigualdad, atenta contra la libre competencia, afecta la capacidad de las empresas y consumidores de acceder a fuentes de energía suficientes a costos competitivos y volverá inoperantes terminales marítimas de importación privada, al no ser empresas del Estado, no podrán renovar su LDA, lo que viola el derecho de libre empresa y atenta contra la seguridad energética, denunció la Coparmex.

Consideró que con esta acción, la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos y limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento, la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país.

Medina Mora afirmó que esto “representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación”.

Por ello, reiteró la necesidad de contar con reglas claras y equitativas que respeten el marco jurídico, que impulsen el sano desarrollo de la economía y el óptimo funcionamiento del sector energético nacional