Los gastos en el Banco del Bienestar son brutales en materia de administración y obra pública, un aproximado de 3 mil 250 millones de pesos para operar anualmente en la etapa de consolidación del organismo creado por el presidente López Obrador. Se puede considerar que parte de este dinero no es gasto sino una inversión, en especial la infraestructura física, una red de oficinas que cubrirá prácticamente todo el territorio nacional. No obstante, esto sólo será verdaderamente una inversión si persiste la idea amlista de entrega en mano de apoyos directos como base de la política social. Un cambio en esta premisa dejará cientos de oficinas y minisucursales bancarias en calidad de elefantes blancos y como gasto inútil del erario.

Como puede comprobarse a través del sistema oficial Compranet, en este frenesí constructor, la Secretaría de la Defensa Nacional es nuevamente el contratista y constructor de confianza de la autodenominada 4T. En este momento, la Sedena tiene a su cargo 427 sucursales destinadas a brindar un solo servicio, la entrega de recursos a la población. Para la Defensa Nacional, estas obras le significaran el pago de 948 millones de pesos.

La participación del Ejército es una característica de la actual administración, aunque la creación de redes de oficinas gubernamentales para el contacto directo con la población tiene antecedentes claros, aunque lejanos, en la etapa echeverrista (hace 50 años) y también en el sexenio de Carlos Salinas (hace 33 años).

En el echeverrismo, los megaproyectos se entregaban a contratistas nacionales, en tanto que en el salinismo se estructuró una red de oficinas de desarrollo social en las que se combinaba financiamiento gubernamental y la participación ciudadana en espacie (los beneficiarios aportaban trabajo). En la 4T, el Ejército está a cargo de los contratos y, como fue anunciado en Santa Lucía, estamos en vísperas de que se constituya una empresa formal al interior de la institución armada.

La construcción de oficinas y minisucursales del Bienestar ha comenzado desde el año pasado y aún absorberá recursos adicionales. Algunos contratos sólo cubren la etapa inicial de edificación, a lo que habrá de sumarse acabados y la infraestructura informática necesaria para operar un banco social.

Los 948 millones ya asegurados por el Ejército son más, de hecho, de lo que necesitaba anualmente para operar el Basefi, antecedente directo del Banco del Bienestar. Basefi realizaba contratos por unos 800 millones de pesos anuales, pero es evidente que el nuevo organismo tiene dimensiones descomunales que conducen a gastos de otro orden. Por ejemplo, sólo en rentar estacionamientos, las oficinas centrales del Banco del Bienestar requieren 3 millones de pesos anuales, un millón más que antes del cambio.

Los gastos administrativos en general viven ese engrosamiento: 86.7 millones de pesos en seguridad armada y adaptaciones a sistemas de seguridad, el doble de lo que requería Bansefi; 10 millones en papelería general y especializada (5 veces más que antes), algo similar a lo que pasa con los servicios y de redes informáticas.

En subcontratación de personal, los gastos del Banco del Bienestar rondan los 500 millones al año.

Un rubro en el que se ha presentado una tendencia de adelgazamiento del gasto es en auditorías externas. Con muchos menos recursos financieros en sus manos, Bansefi había destinado 6 millones de pesos en 2018 a contratos con despachos o particulares para verificaciones financieras. Ya como Banco del Bienestar, se redujo un millón de pesos en este tipo de gastos en 2019; en 2020 bajó hasta 2.3 millones de pesos, monto que probablemente será similar al del presente año.

La dotación presupuestal de los programas de apoyo directo es de 300 mil millones de pesos anuales, aunque en muchos casos se trata de recursos que ya entregaban los gobiernos anteriores bajo otros nombres y esquemas. La dotación de apoyos recursos ha significado igualmente un reacomodo presupuestal sin que se hayan aumentado o diversificado los impuestos. El engrosamiento del gasto administrativo y la inversión en una red de oficinitas es uno de los reacomodos presupuestales más significativos en ese presupuesto que no tiene más fuentes de ingresos impositivas.